El alto comisionado del Gobierno para la Recuperación tras las DANA, José María Ángel, ha rechazado rotundamente las acusaciones sobre supuestas irregularidades en su acceso a la administración pública, afirmando que «no ha existido ninguna falsificación ni incumplimiento de requisitos» desde su ingreso en 1983. Además, critica la actuación de la Agencia Valenciana Antifraude y advierte de posibles acciones legales para defender su honor.
José María Ángel responde a las acusaciones de falsificación de título académico
Tras la publicación de una información en el diario El Mundo, según la cual la Agencia Antifraude sostiene que José María Ángel falsificó un título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía para acceder a la función pública, el comisionado ha emitido un comunicado desmintiendo esta versión.
“Siempre he cumplido con todos los requisitos exigidos en las distintas convocatorias”, ha asegurado Ángel, quien además ha aportado documentación oficial como la instancia de participación en el proceso selectivo de 1983, las bases de las convocatorias y las actas de toma de posesión.
Acceso a la función pública: cronología y requisitos
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1981: José María Ángel accede a la Diputación de Valencia como auxiliar administrativo mediante contrato laboral.
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1983: Supera un proceso selectivo para el puesto de Auxiliar Técnico de Archivos y Biblioteca. El requisito formativo era el título de Bachillerato o equivalente.
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1986: Promociona a la plaza de Ayudante Técnico de Archivos y Bibliotecas (Grupo A2), cumpliendo con los requisitos internos del cuerpo, presentando una memoria y superando un examen escrito.
“El documento que presenté como título académico fue el de Bachiller Superior, expedido por la Universidad de Valencia en 1981. Además, adjunté títulos de cinco cursos complementarios y experiencia profesional”, ha explicado.
Críticas a la Agencia Valenciana Antifraude
José María Ángel ha cuestionado duramente la actuación de la Agencia Antifraude, indicando que se ha enterado de la existencia del expediente a través de la prensa:
“No se me ha notificado formalmente ni se me ha ofrecido un trámite de audiencia, vulnerando mi derecho de defensa y el principio de contradicción. Esto atenta directamente contra mi honorabilidad”.
El alto cargo señala que la investigación obedece a una motivación política, asegurando que se está utilizando a la institución “para dañar la reputación de personas con décadas de servicio público”.
Posibles acciones legales para defender su honor
El comisionado ha afirmado que está valorando «acciones administrativas y legales» para que “la verdad se abra camino” y defender su imagen tras “más de 40 años de carrera pública”.
“Condeno la utilización partidista de organismos como la Agencia Antifraude”, concluye Ángel.
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