València, 10 jun (EFE).- La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha impuesto a dos personas sendas multas de 4.000 euros por exhibir banderas franquistas en la vía pública durante la marcha convocada por España 2000 el pasado 12 de octubre en el barrio valenciano de Benimaclet.
Se trata de las primeras sanciones que se imponen por actos de enaltecimiento del fascismo, tipificados como infracción muy grave en la ley valenciana de Memoria Democrática y con una multa prevista de entre 2.001 y 10.000 euros, y según han señalado a EFE fuentes de la Conselleria son pioneras en España.
El procedimiento sancionador se inició a partir de la denuncia de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià por la exhibición pública de banderas con escudo franquista durante la citada manifestación.
Las resoluciones de sanción declaran a ambas personas autoras de la exhibición de banderas franquistas en la vía pública y «por tanto, de la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas», de conformidad con el artículo 39.1 de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la conveniencia de la Comunitat Valenciana.
Según el citado texto, los denunciados presentaron alegaciones, que fueron desestimadas, en las cuales «no niegan los hechos ni su participación en los mismos, sino que solicitan el archivo del expediente al entender que dichos textos no son constitutivos de la infracción imputada y que no existe dato alguno que acredite su asistencia a la manifestación».
Alegaban que en el reportaje fotográfico aportado «solo aparecen banderas de España con el lema ‘Gobierno dimisión’ y que la bandera con el águila de San Juan no es ni preconstitucional (vigente desde 1977-1981), ni anticonstitucional (ya que el escudo aparece en la CE)».
Las resoluciones detallan que «la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas en la manifestación del barrio de Benimaclet, junto a la exhibición de simbología nazi, la bandera de la falange, los saludos fascistas y las antorchas, convierte dicha manifestación en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista».
«Por tanto -añade-, de quienes ocasionaron un grave quebranto al régimen de libertades y al sistema democrático del Estado español, cuya repetición de futuro debe ser prevenido y evitado por los poderes públicos».
Asegura que «conlleva un perjuicio agravado del orden constitucional y de la convivencia democrática, por cuanto se trata de una conducta que ha tenido lugar al socaire del ejercicio de derechos constitucionales, como son el derecho de libertad de expresión, reunión y manifestación, con evidente extralimitación en su ejercicio al celebrarse la manifestación con una finalidad distinta a la comunicada a la Delegación del Gobierno y en contra de la Constitución y las leyes».
La exhibición comporta además «una inaceptable difusión pública del desprecio y humillación de las víctimas que a causa de la defensa de los valores democráticos fueron objeto de un largo historial de terror, persecución y eliminación por parte de la dictadura franquista, lo cual añade un perjuicio a la dignidad de las víctimas y a la de sus familiares en forma de ofensa pública».
