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El Consell presenta un presupuesto de 28.438 millones de euros

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El Consell presenta un presupuesto de 28.438 millones de euros
El pleno del Gobierno valenciano se reúne en sesión extraordinaria para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2023, el último de esta legislatura, tras el acuerdo logrado el pasado viernes entre el president Ximo Puig (PSPV-PSOE) con los vicepresidentes Aitana Mas (Compromís) y Héctor Illueca (Unides Podem). EFE/Manuel Bruque

València, 31 oct (OFFICIAL PRESS/EFE).- Los presupuestos de la Generalitat para 2023 -los octavos del Consell del Botànic y últimos de esta legislatura- ascienden a 28.438 millones de euros, un 1’7 % por más que los de este ejercicio, en los que el gasto real (las operaciones no financieras) suponen 22.116 millones de euros, un aumento del 6’8 % y 1.400 millones más que este año.

Así lo ha señalado el conseller de Hacienda, Arcadi España, tras el pleno extraordinario del Consell que ha aprobado en el último día de plazo el proyecto de ley de presupuestos, aunque no el de acompañamiento, que no tiene límite temporal y se tramitará el viernes una vez reciba los informes del Consell Jurídic Consultiu y del Comité Económico y Social.

El conseller de Hacienda, Arcadi España, ha explicado en rueda de prensa que estas cuentas buscan luchar contra la inflación y son la respuesta para avanzar en retos como el fomento del empleo, la lucha contra la emergencia climática, el refuerzo de los servicios públicos o el fortalecimiento de las instituciones

La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha asegurado que se trata «del primer presupuesto del tercer Botànic», hecho «a la altura» de las necesidades de las personas y fruto «del diálogo, del trabajo en equipo y del consenso», cuyo eje principal son las políticas de protección y defensa de los servicios públicos que mejoren la vida de la gente.

PARTIDA REIVINDICATIVA DE 1.336 MILLONES

Los presupuestos autonómicos recogen una vez más una partida reivindicativa de 1.336 millones de euros por la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, lo que sumado a los 13.928’36 millones que llegarán por el modelo de financiación elevan a 15.264 millones el total de recursos del Estado, a los que se suman 1.187’88 millones de fondos europeos.

El conseller ha señalado que el Consell hace una gran apuesta por los servicios públicos, de forma que el gasto social supone el 83’13 % del gasto no financiero, 22.040 millones de euros que se destinan a sanidad, educación y servicios sociales, que son 1.560 millones más que este año y una media de 50’2 millones de euros al día.

INVERSIONES: 3.192 MILLONES

La partida de gastos de personal alcanzará en 2023 los 8.23 millones de euros, un 6’78 % más que este año, mientras que la inversión directa e indirecta (operaciones de capital) alcanza los 3.192 millones de euros, con un aumento del 2’5 % y la mayor de toda la serie histórica.

El conseller ha destacado que las Consellerias de impulso a los sectores productivos para reforzar el crecimiento económico y generar empleo (Economía, Política Territorial, Innovación, Hacienda y Agricultura) crecen un 8’5 % en total y alcanzan los 3.859 millones de euros.

La Conselleria con mayor presupuesto es la de Sanidad (8.259 millones, el 29 % del total del total de la Generalitat), seguida de Educación, con 5.520 (el 19’4 %) y la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad, con 2.308 millones, mientras que las que más crecen en porcentaje son Economía (un 22’9 % más) y Política Territorial (17’2 %).

LA DEUDA

El servicio de la deuda alcanza los 6.607’4 millones de euros, que supone el 23’2 % del total del presupuesto y un descenso del 10’8 %, debido a que a pesar de la subida de los intereses (que hace que el capítulo que más aumente sea el 3, gastos financieros, un 28’2 %), se ha reestructurado la deuda con una ampliación del plazo para pagar la cuota.

Así, las operaciones financieras bajan un 12,8 %, debido principalmente a la reducción del capítulo 9 (Pasivos Financieros), por la decisión del Gobierno central de refinanciar la devolución del FLA por parte de las autonomías, que han permitido alargar el plazo de amortización y disminuir la carga financiera.

EL SECTOR PÚBLICO

Las 61 entidades que conforman el sector público de la Generalitat contarán con 3.979 millones de euros, un 7 % más, e incorporan las instituciones feriales, las ITV, los espacios económicos empresariales y se crea el Instituto de la Memoria Democrática.

Las entidades con más presupuesto serán Labora, con 552 millones de euros, y Ferrocarrils de la Generalitat, con 320, mientras que la protección contra las emergencias contará con 183 millones (un 17 % más) y la Agencia Tributaria Valenciana tendrá 55’7 millones (un 2’4 % más).

CUADRO MACROECONÓMICO

El cuadro macroeconómico de este presupuesto prevé que en 2023 el PIB crezca un 2 % en la Comunitat, ya que según ha señalado el conseller a pesar de la complejidad del contexto económico mundial actual la economía valenciana siempre ha sido «muy flexible».

Los últimos presupuestos de la legislatura incluyen partidas como 228 millones de euros para la renta valenciana de inclusión, 462 millones para la atención a la dependencia, 52 millones para construir residencias o 40 millones para mejorar las condiciones laborales del personal de servicios sociales.

Además, se han consignado 71 millones de euros para la radiotelevisión autonómica, 82 millones para el bono infantil de 0 a 3 años, 301 millones para el Plan Edificant de construcciones educativas o 413’3 millones para mejorar las infraestructuras sanitarias.

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Valencia

Las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito ampliarán su registro a nuevos delitos

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Las 37 Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delito (OAVD) de la Comunitat Valenciana incluirán en su registro nuevos delitos para garantizar la asistencia a todas las víctimas, según ha asegurado la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez.

Esta medida permitirá «poner de verdad en el centro del sistema a la víctima de cualquier delito, sea hombre, mujer, joven o mayor», ha subrayado Núñez.

Así, se ampliará la atención a delitos como amenazas y acoso en el ámbito laboral, delitos informáticos como la ciberestafa o el ciberacoso, delitos contra discapacitados o por motivos religiosos, delitos de trata y explotación sexual, acoso y ciberacoso escolar, delitos contra la integridad física, delitos contra el patrimonio o la ocupación ilegal de viviendas.

Según Núñez, se incluyen delitos que hasta ahora no se estaban registrando, «porque nuestra prioridad es garantizar la asistencia y protección a todas y cada una de las víctimas”, informa la Generalitat en un comunicado.

La consellera ha visitado la Oficina de Atención a las Víctimas de Delito en Llíria, “para visibilizar y dar a conocer que la Generalitat pone a disposición de todos los ciudadanos una red de oficinas en el caso de que sean víctimas por cualquier tipo de delito».

«No sólo asistencia letrada, sino también psicológica y social. Consideramos importante colocar a la víctima de la violencia en el centro del sistema, aplicar el Estatuto de la Víctima, sea quien sea la víctima: mujer, hombre, joven o mayor”.

Ha recordado que en las últimas semanas han ocurrido en ese partido judicial dos delitos «absolutamente execrables», como el del hombre que presuntamente cometió agresiones sexuales en personas de su entorno familiar durante décadas o del presunto intento de secuestro por parte de un inmigrante ilegal que tenía una orden de expulsión que no había sido ejecutada.

Preguntada por cuándo se pondrá en marcha el registro de los diferentes delitos, ha señalado: «Estamos trabajando en él, uno de los temas que se ha visto es cómo empezar a tomar los datos a través de un programa informático para poder determinar el número de delitos que tienen más incidencias en determinadas comarcas y mancomunidades y poder desarrollar los diferentes protocolos para actuar de manera directa en la protección total y absoluta de la victima y de sus familias en muchos casos».

En el caso de las oficinas de denuncia, de las que en la actualidad hay una en cada provincia, «se trabaja para que esas denuncias no solo tengan que ponerlas mujeres víctimas de su pareja o expareja, hombres, sino que también se pueda estirar incluso a las menores de edad que, en muchos casos, están siendo victimas de delitos como una agresión sexual».

«Consideramos que la víctima es víctima, con independencia de quien sea su agresor y del delito que se cometa sobre él», ha dicho Núñez, quien ha recordado que cuando llegaron al Consell las tres oficinas de denuncias estaban «perfectamente dotadas» y las 37 OAVD estaban «infradotadas» y «queremos que estén en igualdad de condiciones».

Reunión con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La titular de Justicia e Interior también se ha reunido con representantes de la Guardia Civil para intensificar la colaboración porque, ha dicho, para “proteger a todas las víctimas necesitamos coordinarnos con la Guardia Civil y con la Policía Nacional».

«Por eso, les hemos solicitado que nos remitan todos los casos de delitos en los distintos partidos judiciales, para poder ayudar a todas las víctimas, y no sólo los casos de violencia sobre la mujer, como se venía haciendo hasta ahora”, ha destacado Núñez.

La Conselleria, ha dicho, está impulsando nuevos protocolos de actuación y realizando mejoras en las aplicaciones para adaptar algunos delitos a las nuevas tipificaciones del Código Penal, añadir otros delitos nuevos o que en los últimos tiempos están cobrando mayor relevancia, y para poder ofrecer datos de la evolución de la atención desde la Red de OAVD.

Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito

La Generalitat cuenta con 37 Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito que tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.

Estas oficinas atienden temas como el acoso escolar, el acoso laboral, la violencia de hijos a padres o la violencia sobre la mujer y son un servicio público y gratuito al que pueden acceder los ciudadanos bien por iniciativa propia, o a través de terceros como Fiscalía, otros órganos judiciales, la Policía o la Guardia Civil.

Los servicios que ofrecen incluyen la preparación, asistencia y acompañamiento a juicio; una primera atención psicosocial; información y orientación sobre los recursos que la comunidad pone a su disposición, y la posible derivación a otros espacios especializados cuando proceda.

También realizan la coordinación con otras instituciones; el seguimiento e información de la situación procesal de la víctima; y la intervención –psicológica, social o de crisis– con afectados por delitos violentos.

 

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