València, 15 abr (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha suspendido cautelarmente el cierre de bingos, casinos y otros establecimientos dedicados al juego y actividades recreativas de azar ordenado por la Generalitat en abril como medida preventiva contra la COVID-19.
Los magistrados no aprecian que la reapertura de estos locales, con las condiciones y restricciones a la actividad que ya fijó la propia Administración autonómica el 5 de diciembre del pasado año, “vaya a producir perturbación grave de los intereses generales”, dada la situación epidemiológica actual, con un nivel de alerta 1 o de riesgo bajo.
El Tribunal, sin entrar en el fondo del asunto, ha estimado así las medidas cautelares solicitadas por una asociación de empresarios del sector contra la resolución de la Conselleria de Sanidad del pasado 9 de abril sobre medidas sanitarias contra la pandemia.
La Sala no encuentra en esa resolución administrativa “justificación ni motivación suficiente para mantener la medida de cierre” en la situación actual, “sin perjuicio de posibles situaciones futuras distintas que determinen que la Administración adopte las medidas precautorias que considere adecuadas”.
Los magistrados recuerdan que el mantenimiento del cierre difiere del tratamiento fijado para este tipo de establecimientos por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que contempla el posible cierre y la suspensión de actividad del sector de forma temporal solo en el nivel de alerta 3.
El auto, que puede ser recurrido, mantiene de esta manera las medidas relativas a actividades recreativas de azar que establecía la resolución de Sanidad de 5 de diciembre de 2020, con la apertura de hasta un 30 % del aforo interior de los establecimientos, entre otras limitaciones.
Tras conocer este fallo, el Consejo Empresarial del Juego, CeJuego, la principal patronal del juego privado en España, ha celebrado la decisión judicial y asegura que «confirma las reiteradas peticiones que ha realizado el sector a la Generalitat Valenciana solicitando la reapertura de sus negocios, que permanecían cerrados desde mediados del mes de enero, aun cuando la Comunidad se encuentra en el nivel de alerta 1 (el más bajo)».
CeJuego estima que la decisión de prolongar el cierre ha causado unas pérdidas cercanas a los 129 millones de euros, además de hacer peligrar el futuro de los 7.000 puestos de trabajo directos, que ascenderían a 30.000 indirectos, de 779 empresas.
Por su parte, la patronal de ocio, turismo y actividades recreativas Fotur ha aplaudido también el auto del TSJCV pero ha lamentado «profundamente» que no se atiendan las peticiones que realiza el sector, «además de la falta de diálogo e interlocución a la hora de tomar medidas, la mesa de la desescalada es solo una mera apariencia. Y, todavía se lamenta más, que se tenga que acudir a la vía jurisdiccional».
Por ello se insta, «de nuevo, a la Conselleria de Sanidad a convocar con carácter de urgencia la mesa de la desescalada para que se tomen medidas análogas para el resto de actividades que representamos, como son pub, salas de baile, discotecas, dj’s, artistas, espectáculos al aire libre, festivales…», señala Fotur.
