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Valencia

Los bingos, casinos y locales de azar de la Comunitat vuelven a abrir tras el recurso judicial

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València, 15 abr (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha suspendido cautelarmente el cierre de bingos, casinos y otros establecimientos dedicados al juego y actividades recreativas de azar ordenado por la Generalitat en abril como medida preventiva contra la COVID-19.

Los magistrados no aprecian que la reapertura de estos locales, con las condiciones y restricciones a la actividad que ya fijó la propia Administración autonómica el 5 de diciembre del pasado año, “vaya a producir perturbación grave de los intereses generales”, dada la situación epidemiológica actual, con un nivel de alerta 1 o de riesgo bajo.

El Tribunal, sin entrar en el fondo del asunto, ha estimado así las medidas cautelares solicitadas por una asociación de empresarios del sector contra la resolución de la Conselleria de Sanidad del pasado 9 de abril sobre medidas sanitarias contra la pandemia.

La Sala no encuentra en esa resolución administrativa “justificación ni motivación suficiente para mantener la medida de cierre” en la situación actual, “sin perjuicio de posibles situaciones futuras distintas que determinen que la Administración adopte las medidas precautorias que considere adecuadas”.

Los magistrados recuerdan que el mantenimiento del cierre difiere del tratamiento fijado para este tipo de establecimientos por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que contempla el posible cierre y la suspensión de actividad del sector de forma temporal solo en el nivel de alerta 3.

El auto, que puede ser recurrido, mantiene de esta manera las medidas relativas a actividades recreativas de azar que establecía la resolución de Sanidad de 5 de diciembre de 2020, con la apertura de hasta un 30 % del aforo interior de los establecimientos, entre otras limitaciones.

Tras conocer este fallo, el Consejo Empresarial del Juego, CeJuego, la principal patronal del juego privado en España, ha celebrado la decisión judicial y asegura que «confirma las reiteradas peticiones que ha realizado el sector a la Generalitat Valenciana solicitando la reapertura de sus negocios, que permanecían cerrados desde mediados del mes de enero, aun cuando la Comunidad se encuentra en el nivel de alerta 1 (el más bajo)».

CeJuego estima que la decisión de prolongar el cierre ha causado unas pérdidas cercanas a los 129 millones de euros, además de hacer peligrar el futuro de los 7.000 puestos de trabajo directos, que ascenderían a 30.000 indirectos, de 779 empresas.

Por su parte, la patronal de ocio, turismo y actividades recreativas Fotur ha aplaudido también el auto del TSJCV pero ha lamentado «profundamente» que no se atiendan las peticiones que realiza el sector, «además de la falta de diálogo e interlocución a la hora de tomar medidas, la mesa de la desescalada es solo una mera apariencia. Y, todavía se lamenta más, que se tenga que acudir a la vía jurisdiccional».

Por ello se insta, «de nuevo, a la Conselleria de Sanidad a convocar con carácter de urgencia la mesa de la desescalada para que se tomen medidas análogas para el resto de actividades que representamos, como son pub, salas de baile, discotecas, dj’s, artistas, espectáculos al aire libre, festivales…», señala Fotur.

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Valencia

Detenidos Alfonso Grau y Rafa Rubio, subdelegado del Gobierno en Valencia, por cobro de comisiones

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València, 13 may (EFE).- El subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el ex número dos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, Alfonso Grau, han sido detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la operación Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones a contratistas en el Ayuntamiento de València, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

El exdiputado provincial del PSPV-PSOE y exasesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de València Rafael Rubio, en una imagen de archivo. EFE/Manuel Bruque

Además de Rafael Rubio, que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de València entre 1996 y 2011, han sido detenidos la hija de Grau y se prevén, al menos, otras 15 detenciones en el marco de una operación que se espera «larga y complicada», han indicado las mismas fuentes.

En estos momentos se están produciendo varios registros en los domicilios de los detenidos, y se prevén otros a lo largo de la jornada, han añadido.

La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, y tiene su origen en el conocido como caso Azud, que investiga una supuesta trama de cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento de València durante la etapa de gobierno de Rita Barberá.

En esta causa el principal investigado es el cuñado de la exalcaldesa de València, José María Corbín, quien ya fue detenido en abril de 2019 y a quien la UCO atribuye un papel de mediador y comisionista, si bien también figuran como investigados la mujer de este y hermana de la exalcaldesa, Asunción Barberá, y sus tres hijas.

La causa, que está declarada secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se seguía inicialmente contra otros diez investigados -esta cifra podría duplicarse tras la operación de este jueves-, entre ellos empresarios de la construcción ya procesados y condenados en otros asuntos de corrupción.

Entre las últimas actuaciones como abogado de Corbín está la defensa de la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de València Mari Carmen García-Fuster, procesada en el marco de la investigación del caso Imelsa por blanqueo de capitales y delito electoral.

Esta misma causa judicial, Imelsa, aunque en otra pieza diferente, afecta Rafael Rubio, que también fue portavoz socialista en la Diputación de Valencia entre 2007 y 2011.

Rubio, que ya sido destituido esta misma mañana como subdelegado del Gobierno en Valencia, consta como procesado en este asunto por su supuesta participación en la contratación irregular de personal (conocidos como trabajadores ‘zombies’), si bien ha recurrido recientemente dicho procesamiento a través de su abogado, Virgilio Latorre.

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