València, 24 oct (EFE).- La reforma fiscal valenciana que se aplicará este año supondrá un ahorro a la ciudadanía de 180 millones, a la que en 2023 se sumarán tres medidas que permitirán recaudar 25 millones más en el impuesto de Patrimonio, 15 más en el de Transmisiones y 10,5 millones por una subida del IRPF a las rentas más elevadas.
El pleno del Consell ha aprobado este lunes en sesión extraordinaria el decreto ley con la reforma fiscal valenciana que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tras el pacto alcanzado en el Botànic, de la que el conseller de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que supone hacer «política social» usando mecanismos fiscales.
La reforma fiscal valenciana, mediante la modificación de la ley que regula el tramo autonómico del IRPF, busca una mayor progresividad para mitigar el efecto de la inflación en la ciudadanía y se enmarca en un acuerdo más amplio que se materializará en la ley de presupuestos de 2023, según ha explicado la vicepresidenta, Aitana Mas.
El decreto ley sobre el tramo autonómico del IRPF, que tendrá efectos en la próxima declaración de la renta, incluye tres medidas: incrementa al 10 % los mínimos exentos de tributación personal y familiar; aumenta un 10 % la cuantía de todas las deducciones y los límites de renta para acceder a ellas; y establece una nueva tarifa del IRPF para centrar el ahorro en las rentas inferiores a 30.000 euros.
Gracias a este reforma, 2’3 millones de valencianos, el 97’4 % de los contribuyentes, verán reducida su factura fiscal, sobre todos quienes tienen unas rentas por debajo de los 30.000 euros, mientras que tendrá un efecto nulo en las rentas por encima de los 60.000 euros, ha señalado España.
De esta forma, se reducen los mínimos exentos de tributación hasta el máximo que permite la normativa (el 10 %), que permitirá que 962.000 valencianos paguen cuota cero en la declaración de la renta, y se aumentan deducciones como la de nacimiento o adopción de hijos de 270 a 300 euros, o las de energías renovables hasta 8.800 euros.
Los límites de renta para acceder a esas deducciones se aumentan un 17’3 % (el crecimiento de lo precios desde 2015): el límite individual pasa de 25.000 a 30.000 euros, y en la declaración conjunta de 40.000 a 47.000 euros.
Además, se crean dos nuevas deducciones autonómicas: una por el incremento de los intereses que se pagan en las hipotecas, de hasta 100 euros, y otra del mismo importe para mujeres de 40 a 45 años que acudan a tratamientos de fertilidad no cubiertos por la sanidad pública.
La tercera pata de esta reforma es una nueva escala de tributación del IRPF que modifica los tramos y los tipos impositivos: reduce el tipo inferior del 10% al 9%, mantiene el tipo más elevado en el 29,5 % actual e introduce un tramo impositivo adicional para aumentar la progresividad, con lo que habrá 11 en total.
El ahorro que supondrá para la ciudadanía la reforma fiscal en 2022 será de 149 millones, cifra a la que se sumarán los ajustes necesarios para ampliar las deducciones existentes e incluir nuevas deducciones, hasta un máximo de 180 millones.
El conseller ha precisado sobre la merma que supondrá esta reforma fiscal en los ingresos de la Generalitat que hay que ver «la cesta en conjunto» de los ingresos, pues por ejemplo se recaudan 4.400 millones al año en el tramo autonómico del IRPF y 2.200 en tributos propios y gestionados.
LA REFORMA FISCAL PARA 2023
La segunda parte del acuerdo fiscal del Botànic, que se reflejará en la ley de presupuestos de 2023 y por tanto en la declaración de la renta de 2024, contempla mantener los mínimos y deducciones y crear una nueva tarifa del IRPF para que los tramos más altos aporten más.
Además, se aumentará un 0’25 % el impuesto de patrimonio a las rentas de más de 1’3 millones, para recaudar 25 millones más, lo que afectaría a 10.783 valencianos; y se subirá un punto, al 11 %, la compra de viviendas (impuesto de transmisiones) cuando superen el millón de euros, con lo que recaudarán 15 millones.
Preguntado sobre si se ha comunicado al Gobierno central esta reforma fiscal, el conseller ha señalado que tiene una relación fluida con la ministra de Hacienda, con la que hay un «diálogo permanente», pero ha defendido que el Consell ejerce sus competencias autonómicas y no tiene que «pedir permiso».
