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La Federación vecinal denuncia exceso de terrazas en zonas de ocio de València y en El Palmar

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La Federación de Vecinos  de València ha denunciado este jueves las diferentes quejas que han llegado por parte de algunas asociaciones ubicadas en zonas turísticas y de ocio con respecto a las terrazas de los establecimientos de hostelería.

Si bien es cierto que esta entidad reconoce el esfuerzo y responsabilidad de la gran parte de los empresarios, esto tampoco implica que se dejen de denunciar comportamientos abusivos que pueden poner en riesgo la salud y el esfuerzo realizado hasta ahora por la mayoría de los valencianos y valencianos.

Al respecto, la presidenta de la Federación, María José Broseta, ha asegurado que desde asociaciones de vecinos como Amics del Carmen, Russafa-Gran Via, Ciutat Jardí (plaza del Cedro), Benimaclet o El Palmar han alertado de un exceso de mesas y sillas, por encima del 50% permitido.

Al respecto, Broseta ha aclarado que el acuerdo al que se llegó con el Ayuntamiento y los hosteleros implicaba la posibilidad de ampliar la superficie destinada a terraza, con la opción de bajarlas a la calzada, con el objetivo de hacer posible que se respetaran las distancias de seguridad de ese 50% de terraza: “en ningún caso, al menos esta Federación así lo entendió, el aumento de superficie estaba destinado a que pudieran poner más mesas y sillas del 50% de su permiso habitual, como así está sucediendo en muchos puntos de la ciudad”, ha comentado.

Ante esta situación, Broseta ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al civismo, ya no solo de los propios hosteleros, sino también de los clientes para que se respeten de forma estricta todas las medidas de seguridad, y ha solicitado un mayor control al respecto por parte de la Policía Local: “la Policía debe intensificar la vigilancia y sancionar a los locales que incumplen y desacreditan a la mayoría que sí se esfuerza por atender todas las condiciones”.

“Somos conscientes de que los hosteleros, como tantos otros sectores, lo están pasando muy mal y somos los primeros en querer ayudarles, pero todo tiene que ir dentro de un orden y sobre todo cumpliendo las normas de seguridad sanitarias”, ha comentado Broseta.

Recuerda, finalmente, que esta excepcionalidad ha de estar condicionada a la protección de la salud y el respeto al descanso y hace un llamamiento a la responsabilidad de la población.

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Escándalo en España: seis padres detenidos por abandonar a sus hijos cerca de comisarías para que el Estado los mantuviera

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La Policía Nacional ha arrestado a seis personas en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa por presuntamente dejar a sus hijos adolescentes en España tras entrar con visados de turista y regresar después a sus países de origen.

Una investigación de la Policía Nacional ha destapado un presunto fraude al sistema de protección de menores en España. Seis progenitores han sido detenidos por, supuestamente, abandonar a sus hijos de entre 16 y 17 años cerca de comisarías y cuarteles de la Guardia Civil para que fueran considerados menores extranjeros no acompañados y quedaran bajo la tutela de las instituciones públicas.

Los arrestos se han producido en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa (Cádiz). Los detenidos, dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años, están acusados de presuntos delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según la investigación, los familiares entraban en España con visados de turista, en ocasiones acompañados de sus hijos y en otras junto al resto de la familia. Después de pasar unos días en el país, los adolescentes acudían a dependencias policiales para manifestar que se encontraban en situación de desamparo, mientras sus progenitores regresaban a sus lugares de origen.

Dejaban a sus hijos cerca de comisarías para que fueran tutelados

La investigación comenzó a principios de año, cuando agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, en colaboración con la unidad de Alicante, detectaron un patrón similar en varios casos.

Los jóvenes, procedentes de países del Magreb y con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años, se presentaban en comisarías de la Policía Nacional o puestos de la Guardia Civil asegurando que estaban desamparados y necesitaban protección.

La Policía sostiene que sus familiares habrían utilizado de forma fraudulenta los recursos destinados a los menores extranjeros no acompañados (MENA), con el objetivo de que las administraciones españolas asumieran su tutela, manutención, educación y desarrollo personal con cargo a fondos públicos.

Los investigadores comprobaron que los adolescentes habían entrado en España por distintos aeropuertos, entre ellos Madrid-Barajas, Valencia-Manises, Málaga, Murcia y Barcelona-El Prat.

Unas 20 órdenes de búsqueda para localizar a los progenitores

La investigación ha permitido identificar alrededor de una veintena de casos en los que se habrían producido abandonos de menores siguiendo este mismo procedimiento. En estos asuntos se han dictado órdenes de búsqueda y detención dirigidas a los países de procedencia de los progenitores.

Sin embargo, los agentes han conseguido detener a seis de ellos antes de que abandonaran España.

La Policía también constató que, según sus investigaciones, los menores procedían de familias con recursos económicos suficientes para obtener visados turísticos, que exigen acreditar medios para permanecer en el país durante la estancia prevista.

Además, en la mayoría de los casos los adolescentes contaban con familiares adultos de segundo o tercer grado que residían legalmente en España, por lo que disponían de una posible red de apoyo en territorio nacional.

Seis detenidos en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa

La operación se ha saldado con seis arrestos: dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años.

Tres de las detenciones se han practicado en Málaga, Melilla y el puesto fronterizo de Tarifa, mientras que las otras tres han tenido lugar en Valencia.

Todos los arrestados han sido puestos a disposición judicial. La investigación continúa en relación con los demás casos detectados y las órdenes de búsqueda dictadas para localizar a los progenitores que habrían regresado a sus países de origen.

La Policía considera que el objetivo de este presunto procedimiento era conseguir que los adolescentes accedieran al sistema público de protección como menores no acompañados, pese a que sus familiares habrían organizado previamente su entrada en España.

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