El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro, tras la apertura de un expediente sancionador el pasado mes de marzo. La medida se enmarca dentro de las actuaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy para garantizar la protección de los consumidores en el ámbito de la vivienda y el alquiler.

Expediente sancionador a Alquiler Seguro

Según fuentes del Ministerio, el expediente se abrió por presuntas irregularidades en la gestión de contratos de arrendamiento y prácticas comerciales, que podrían haber vulnerado derechos de los inquilinos o propietarios. Tras la investigación, el área de Consumo ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros, que todavía debe resolverse de forma definitiva tras los trámites administrativos pertinentes.

Esta acción se suma a otras inspecciones realizadas por el Ministerio en el sector inmobiliario y de alquiler, con el objetivo de reforzar la transparencia y las garantías legales en la relación entre propietarios, agencias y arrendatarios.

Protección de los consumidores en el sector del alquiler

El Gobierno ha destacado que las políticas impulsadas por Consumo y Agenda 2030 buscan fortalecer los derechos de los usuarios frente a posibles abusos o cláusulas abusivas en los contratos de arrendamiento. En los últimos meses, se han intensificado los controles sobre empresas dedicadas a la intermediación y gestión de viviendas en alquiler.

Con esta propuesta de sanción, el Ministerio pretende enviar un mensaje de advertencia al sector para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y fomentar un mercado del alquiler más justo y equilibrado.

Contexto del mercado del alquiler en España

El mercado de la vivienda en alquiler ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, donde la demanda sigue superando a la oferta. Ante esta situación, el Ejecutivo busca reforzar la supervisión de las empresas que operan en este ámbito y evitar prácticas que puedan perjudicar a los consumidores.

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