València, 31 may (EFE).-
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha defendido este lunes que la gestión del agua, «un recurso escaso», debe estar destinada a la agricultura y no a «macro-urbanizaciones y campos de golf» y considera que «las guerras del agua son estériles» y «enfrentan a territorios».
Martínez Dalmau, que presidirá mañana la Comisión Delegada del Consell de Transición Ecológica y Sostenibilidad Ambiental (TESA), se ha pronunciado así sobre la gestión del agua y los trasvases, informa la Generalitat en un comunicado.
«Todos los estudios sobre el cambio climático apuntan que caminamos hacia un escenario en que las situaciones de estrés hídrico serán más frecuentes y, por consiguiente, el problema de la escasez del agua se agudizará con el paso del tiempo«, ha advertido.
Sobre los trasvases ha subrayado que son «necesarios en el corto plazo, pero no podemos seguir perpetuando un modelo insostenible entre dos cuencas deficitarias», y ha considerado que el problema de la gestión del agua «no puede quedar reducido a intereses partidistas».
«Las guerras del agua son estériles, enfrentan territorios y son contrarias al objetivo de mejorar la vida del conjunto de las personas y a los valores de solidaridad, convivencia y justicia social y ecológica», ha señalado.
Respecto al trasvase Tajo-Segura, el conseller ha manifestado que «hace falta una visión de conjunto y de futuro capaz de reconducir polémicas coyunturales, como las surgidas en las últimas semanas, que no benefician a los principales destinatarios de este mecanismo que son los usuarios en general y, muy especialmente, a los agricultores tradicionales, «que han visto como el caudal del río Segura se ha ido contaminando a causa del retorno de sustancias provenientes de los regadíos transformados, macro-urbanizaciones y campos de golf».
Del mismo modo, ha defendido que el agua debe gestionarse desde una perspectiva «social y verde», incrementando la eficacia en su utilización, primando los usos sociales y ambientales sobre los productivos y controlando la demanda.
A su juicio, por ello, «los esfuerzos y el debate deberían estar centrados en modernizar el campo tradicional, en construir nuevas infraestructuras como desaladoras o en incrementar las inspecciones para clausurar cuanto antes posible los pozos ilegales que existen en nuestra tierra».
Por último ha indicado que «la clave es buscar una gestión eficiente desde la perspectiva del bien común, la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, introduciendo los cambios necesarios en nuestro ordenamiento jurídico para que también los ríos sean sujetos de derecho propios, tal como demanda la Organización de las Naciones Unidas o como establece el Acuerdo del Botànic».
