Nueva York (EFE).- La tecnológica estadounidense Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, prevé despedir a unos 11.000 trabajadores, el 13 por ciento de su plantilla, según un comunicado publicado este martes en su web y que suscribe el propio Mark Zuckerberg.
Estos despidos, según el máximo responsable de Meta, pretenden lograr una empresa más ágil y eficiente y responden a los cambios ocurridos en el entorno económico y empresarial.
Los afectados recibirán un correo electrónico para informarles de su situación.
Zuckerberg asegura en su comunicado que esta decisión supone una de las más «difíciles» en la historia de la compañía y asegura que asume la responsabilidad: «sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados».
Meta despedirá a 11.000 trabajadores
La pandemia de la covid-19, señala el consejero delegado de la compañía, provocó un importante aumento del comercio electrónico y «un crecimiento descomunal de los ingresos», que posteriormente no se han mantenido.
«Mucha gente predijo que esto sería una aceleración permanente que continuaría incluso después de que terminara la pandemia. Yo también lo hice, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desafortunadamente, esto no salió como esperaba», añade.
Ahora, la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de anunciantes han provocado, según Zuckerberg, «que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello».
El máximo responsable de Meta reconoce que la compañía tiene que centrarse en un menor número de sectores, reducir costes y priorizar algunas unidades como la orientada al de motor de Inteligencia Artificial.
Los despidos, según asegura hoy el diario económico The Wall Street Journal, son las primeras reducciones amplias de personal que se producen en los dieciocho años de historia de la empresa y coinciden con los llevados a cabo por otras compañías tecnológicas, como Twitter.
El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por una amplia mayoría el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del derecho al voto de los españoles nacionalizados mediante la conocida como ley de nietos que no acrediten ser descendientes de exiliados.
El Pleno ha decidido no admitir a trámite el recurso de amparo, al considerar que la cuestión todavía puede resolverse en el Tribunal Supremo, donde el procedimiento continúa abierto. La decisión mantiene, por el momento, la suspensión del voto para los afectados que residen en el extranjero.
¿Por qué el Constitucional rechaza el recurso?
El Defensor del Pueblo había solicitado que se anularan de forma urgente las resoluciones del Tribunal Supremo y que se permitiera votar en las próximas elecciones generales a los ciudadanos afectados.
Ángel Gabilondo argumentó que la suspensión podía vulnerar derechos fundamentales, entre ellos la igualdad, la participación en los asuntos públicos y la tutela judicial efectiva. También advirtió de que los plazos electorales hacían urgente una respuesta para evitar que los ciudadanos afectados se quedaran sin poder ejercer su derecho al sufragio.
Sin embargo, el Constitucional considera que el recurso es prematuro porque el procedimiento sigue abierto en el Supremo. Los afectados todavía pueden personarse en esa causa y presentar alegaciones para solicitar que se revise la medida cautelar.
¿A quién afecta la suspensión del voto de la ley de nietos?
La medida afecta a ciudadanos españoles residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos, y cuyo acceso a la nacionalidad se habría apoyado en una instrucción administrativa que presumía la condición de exiliados de determinados emigrantes.
El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el ejercicio del voto de este grupo al considerar que debía garantizarse la legalidad del censo electoral. La controversia gira en torno a la acreditación de los requisitos exigidos para acogerse a la normativa.
La decisión del Constitucional no resuelve definitivamente el fondo del conflicto. El Tribunal Supremo deberá continuar con el procedimiento y podrá revisar la medida cautelar después de estudiar las alegaciones de los afectados.
Las elecciones generales del 29 de noviembre
La resolución llega a poco más de un mes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. El Defensor del Pueblo había alertado de que la proximidad de la cita electoral podía dificultar que los ciudadanos afectados recuperasen a tiempo su derecho al voto.
Por ahora, el rechazo del recurso deja vigente la suspensión cautelar para los españoles residentes en el extranjero incluidos en la medida. La situación definitiva dependerá de los próximos pasos judiciales y de la resolución que adopte el Tribunal Supremo.
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