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Mueren ahogados 2 hombres que entraron a socorrer a unos bañistas en Guardamar (Alicante)

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Mueren ahogados 2 hombres que entraron a socorrer a unos bañistas en Guardamar (Alicante)

Un hombre de 46 años, polaco, y otro de 52, británico, han fallecido este viernes ahogados en una playa de Guardamar del Segura (Alicante) después de entrar al mar para socorrer a un grupo de bañistas que inicialmente no podía salir del agua por las corrientes.

Fuentes municipales, sanitarias y de la Guardia Civil han informado a EFE de que este suceso ha ocurrido en torno al mediodía en la playa urbana de La Roqueta, a la altura de la urbanización Ben Amor, en un día de mucho oleaje, intensas corrientes y fuerte viento en la zona, aunque no ondea la bandera roja porque el servicio de socorrismo en las playas de Guardamar arranca el 15 de junio.

Aunque las distintas fuentes consultadas por EFE varían en el número de personas y edades que formaban parte del grupo de bañistas que al principio no podía salir del mar, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU) ha señalado que, al parecer, eran dos jóvenes que se veían arrastrados por la corriente.

Un grupo de seis personas se metió en el agua para tratar de rescatarlos y dos de ellos terminaron falleciendo. Además, los profesionales sanitarios han atendido a un varón de 39 años con síntomas de ahogamiento y ha sido trasladado por un SAMU hasta el hospital de Torrevieja.

Del mismo modo, se ha atendido a otras dos personas, una mujer de unos 20 años que presentaba mareo leve y ansiedad, y un varón de 22 también por mareos y por haber tragado agua. Ambos han sido dirigidos por dos unidades del Soporte Vital Básico (SVB) al mismo hospital de Torrevieja.

A la playa para las labores de auxilio y las tareas de recuperación cardiopulmonar (RCP) han acudido efectivos de la policía local, Guardia Civil, bomberos, el referido personal del SAMU y también efectivos fuera de servicio de Cruz Roja, ya que esta institución humanitaria no estaba de servicio porque el socorrismo en las playas de Guardamar comienza el sábado de la próxima semana.

Estas dos muertes se producen 24 horas después de que otro varón, de 68 años, también falleciera en la misma playa de Guardamar a las 12 horas del jueves, según el CICU, que ha añadido que fueron avisados de que ese varón se estaba ahogando y que cuando llegó una ambulancia del SAMU practicó las labores de reanimación durante 30 minutos, sin éxito.

Las playas de Guardamar del Segura son, por abiertas, especialmente peligrosas los días de levante por las corrientes hacia el interior que se forman en varios de sus puntos, lo que en la población se conoce como ‘canales’, que dificultan sobremanera el regreso a la arena.

Estas tres muertes en las últimas 24 horas elevan a ocho el número de fallecidos en la última semana en las playas de la provincia de Alicante, un listado que se inició el pasado domingo con la muerte de un hombre de 48 años, de origen moldavo, en la cala Fustera de Benissa.

En la tarde del lunes, día 3 de junio, otros tres hombres fallecieron ahogados en Elche, Calpe y Orihuela, mientras que un cuarto de 80 años fue reanimado y hospitalizado en la playa de Poniente de Benidorm.

Las tres víctimas mortales de ese día se hallaban en la playa del Arenal-Boll de Calpe, un hombre de 82 años a las 15 horas; en La Marina de Elche, con otro varón de 50 y nacionalidad checa; y el tercero se bañaba en la playa Capitán de Orihuela.

Un día después, el martes 4, perdió la vida una mujer de 72 años en la playa de La Mata de Torrevieja tras ser sacada del agua inconsciente y sin que el personal de una ambulancia del SAMU que le practicó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas consiguiera recuperarla.

 

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Castigos, intimidación y jornadas de seis horas: la Generalitat cierra el polémico centro de menores de Aspe

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La Generalitat Valenciana ha ordenado el cese de la actividad de Huize Soria, un centro situado en el entorno rural de Aspe (Alicante) que durante alrededor de dos décadas ha acogido a menores neerlandeses con problemas de conducta. La decisión se produce después de una investigación sobre los métodos utilizados con los adolescentes y tras constatar que la instalación no disponía de la autorización administrativa necesaria para funcionar como centro de servicios sociales.

El centro se encuentra en el foco de la polémica después de que una investigación de la televisión pública neerlandesa y posteriores informes recogieran denuncias sobre supuestos castigos, restricciones y medidas consideradas coercitivas contra algunos de los menores. Entre las prácticas denunciadas figuran la reducción de comida como castigo, inmovilizaciones físicas y jornadas de actividades de hasta seis horas.

Denuncias de castigos y jornadas de trabajo

Las primeras denuncias conocidas se remontan al menos a 2021, cuando cinco jóvenes acudieron al Defensor del Menor de Ámsterdam para explicar las condiciones que, según sus testimonios, habían vivido durante su estancia en Huize Soria.

Posteriormente se encargó una investigación independiente a petición de organizaciones asistenciales neerlandesas. Sus conclusiones describieron una “cultura represiva” en el centro y cuestionaron algunas de las medidas restrictivas aplicadas a los jóvenes.

Entre las prácticas denunciadas aparecen la reducción de la cantidad de comida, obligar a algunos jóvenes a permanecer sentados sobre un poste y actuaciones físicas para inmovilizarlos. También se han denunciado restricciones para mantener conversaciones privadas con familiares o tutores y el uso intimidatorio de un perro de seguridad.

Los jóvenes también describieron jornadas de hasta seis horas realizando tareas como retirar malas hierbas, cavar zanjas, plantar árboles o cepillar caballos. El centro defendía estas actividades como parte de su programa basado en el trabajo, la disciplina, el contacto con la naturaleza y el cuidado de animales.

La Generalitat detecta que el centro no tenía autorización

La investigación también puso el foco en la situación administrativa de Huize Soria. La Conselleria de Servicios Sociales envió a su servicio de inspección para comprobar qué actividad se desarrollaba en las instalaciones y requirió a los responsables la documentación necesaria para acreditar su funcionamiento.

La Generalitat constató que Huize Soria no constaba como centro autorizado para prestar servicios sociales, según la información publicada sobre la inspección. Ante esta situación, la Administración valenciana ha ordenado el cese de la actividad y contempla las actuaciones administrativas y legales que correspondan si no se cumple la orden.

Un centro con 20 años de actividad en Aspe

Huize Soria llevaba aproximadamente 20 años vinculado a Aspe y por sus instalaciones habrían pasado alrededor de 265 menores neerlandeses.

El proyecto estaba dirigido a adolescentes con problemas de conducta y, en algunos casos, con antecedentes relacionados con adicciones. Las estancias podían prolongarse entre uno y dos años y el programa combinaba disciplina, actividad física, contacto con animales y tareas en el entorno rural.

El centro también había establecido vínculos con colectivos de la localidad. Según la información publicada, la finca había colaborado con asociaciones de personas con diversidad funcional y con alumnos del IES Villa de Aspe, que acudían a las instalaciones para realizar actividades con los menores y los animales.

El Ayuntamiento de Aspe ha señalado que durante las últimas dos décadas no había tenido conocimiento de problemas graves relacionados con el funcionamiento de Huize Soria y que los incidentes que habían trascendido estaban relacionados principalmente con cuestiones disciplinarias o alguna fuga.

Huize Soria rechaza las acusaciones

La dirección de Huize Soria rechaza las acusaciones sobre sus métodos y defiende el trabajo realizado con jóvenes vulnerables.

La entidad sostiene que mantiene una relación abierta con la localidad de Aspe y que sus instalaciones han acogido a vecinos, estudiantes y profesores, además de colaborar con organizaciones locales. También sostiene que las informaciones difundidas no reflejan adecuadamente el trabajo realizado por sus profesionales.

Según la investigación neerlandesa, algunos organismos de protección de menores retiraron a jóvenes del centro después de conocer las denuncias. Aun así, otras organizaciones continuaron realizando derivaciones durante un tiempo.

El caso también afecta a los traslados desde Países Bajos

La polémica no se limita a las condiciones del centro. La investigación neerlandesa también puso el foco en los procedimientos utilizados para trasladar a menores desde Países Bajos a España.

Desde 2022, los traslados transfronterizos de menores dentro de la Unión Europea requieren el consentimiento previo de las autoridades del país de destino en determinados supuestos. Una investigación neerlandesa señaló que algunas organizaciones realizaron derivaciones a Huize Soria sin contar con esa autorización.

La Inspección de Sanidad y Juventud de Países Bajos (IGJ) había recibido información sobre las denuncias, aunque no tiene competencias para inspeccionar directamente centros situados fuera del país. Según la investigación de Nieuwsuur, su último contacto con las autoridades españolas sobre Huize Soria se remontaba a 2016.

La actuación de la Generalitat abre ahora una nueva fase administrativa sobre la situación del centro en Aspe, mientras continúan examinándose las denuncias sobre las condiciones en las que permanecieron algunos de los menores.

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