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Así era la mujer fallecida en el jacuzzi de Cullera: una familia conocida de Irlanda y una vida lejos de su país

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Así era la mujer fallecida en el jacuzzi de Cullera: su familia y su vida

La mujer de 45 años pertenecía a una conocida familia de Monaghan y llevaba alrededor de una década viviendo en Inglaterra junto a su marido y sus dos hijos

La mujer de 45 años fallecida junto a su marido, de 50, en el jacuzzi de una exclusiva villa de Cullera pertenecía a una familia conocida y con una importante posición económica en Irlanda, según han confirmado varios medios del país.

La investigación sobre la muerte del matrimonio continúa abierta, mientras los familiares de la pareja ya se encuentran en Cullera para hacerse cargo de sus dos hijos, de 14 y 16 años, ambos con necesidades especiales.

Por el momento, las autoridades no han hecho públicos los nombres de las víctimas, por lo que algunos de los detalles sobre su procedencia y trayectoria personal han trascendido a través de medios irlandeses.

Una familia conocida en el condado de Monaghan

La mujer fallecida era originaria de Irlanda y pertenecía a una familia muy conocida del condado de Monaghan, según las informaciones publicadas en medios irlandeses.

Se trataba de una familia con una importante posición económica y muy vinculada a la vida de la zona.

Su marido, en cambio, procedía de Australasia, región que engloba Australia, Melanesia y Nueva Zelanda.

Aunque ambos eran conocidos en sus respectivos entornos, llevaban aproximadamente diez años viviendo fuera de Irlanda. La pareja se trasladó a Inglaterra por motivos laborales y allí había establecido su residencia junto a sus dos hijos.

Sus vacaciones en España terminaron de forma trágica en una exclusiva villa de la urbanización Cap Blanc de Cullera, donde la familia había alquilado el inmueble para pasar el verano.

Una familia de vacaciones en Cullera

El matrimonio se encontraba de vacaciones con sus dos hijos en la Villa Luna, situada en la zona de Colina del Sol, en Cap Blanc.

El pasado martes, los menores encontraron a sus padres muertos en el jacuzzi de la vivienda y dieron la voz de alarma.

La escena provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia y de la Guardia Civil, que desde entonces trata de determinar exactamente qué ocurrió durante los últimos minutos de vida del matrimonio.

Los dos menores quedaron profundamente afectados tras descubrir los cuerpos y tuvieron que recibir atención psicológica.

Los familiares ya están con los menores

Los familiares de la pareja viajaron durante la madrugada del miércoles hasta Alicante para hacerse cargo de los dos adolescentes.

Llegaron alrededor de las 3:00 horas al aeropuerto de El Altet y posteriormente se trasladaron hasta Cullera.

Los menores fueron atendidos por una trabajadora social y una psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cullera. También intervinieron dos psicólogas del Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española.

Ahora, la familia prepara el regreso de los dos hermanos a su país de residencia, aunque deberán permanecer en España mientras avanza la investigación y se completan las diligencias necesarias.

La investigación descarta por ahora un crimen

Las primeras circunstancias del hallazgo hicieron pensar inicialmente en la posibilidad de una muerte violenta, especialmente por las lesiones que presentaba uno de los cuerpos.

Sin embargo, la investigación del Grupo de Homicidios y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha ido descartando esta hipótesis.

Los agentes no encontraron indicios de que la vivienda hubiera sido asaltada ni señales de que los accesos a la villa hubieran sido forzados.

Además, las cámaras de seguridad del recinto no registraron la presencia de personas sospechosas durante el intervalo de tiempo en el que se produjeron los hechos.

Por el momento, todo apunta cada vez más hacia un accidente, aunque los investigadores mantienen abiertas todas las diligencias hasta conocer los resultados definitivos.

¿Qué pudo ocurrir en el jacuzzi?

Una de las principales hipótesis que estudia la Guardia Civil apunta a un posible accidente en el jacuzzi.

Los investigadores contemplan la posibilidad de que la mujer sufriera un resbalón cuando intentaba salir del agua y se golpeara de manera fatal.

Su marido podría haber intentado auxiliarla y haber sufrido posteriormente un accidente similar.

Esta hipótesis explicaría algunas de las lesiones encontradas y la presencia de restos de sangre en la zona. No obstante, será el resultado de las autopsias y de los análisis forenses el que permita determinar qué ocurrió realmente.

El estado del agua del jacuzzi, otra de las claves

Los investigadores también están analizando el funcionamiento del jacuzzi.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda observaron que el agua estaba turbia y desprendía un fuerte olor, circunstancias que han abierto otra línea de investigación.

La Guardia Civil quiere determinar si el sistema funcionaba correctamente o si pudo producirse algún problema, obstrucción o alteración en el agua.

Los análisis serán determinantes para comprobar si pudo existir algún tipo de contaminación o incidencia relacionada con el funcionamiento del jacuzzi que contribuyera al fallecimiento del matrimonio.

Una tragedia que deja dos menores huérfanos

Mientras la investigación trata de esclarecer las causas de la muerte, el aspecto más dramático del caso es la situación de los dos hijos del matrimonio.

Los adolescentes, de 14 y 16 años, descubrieron a sus padres fallecidos durante sus vacaciones en Cullera y han recibido asistencia psicológica tras el impacto de la tragedia.

Sus familiares ya se han desplazado hasta España para acompañarlos y hacerse cargo de ellos.

La investigación continúa ahora pendiente de los resultados de las autopsias, los análisis del agua y las distintas pruebas recogidas en la vivienda.

Por ahora, la hipótesis que cobra mayor fuerza es la de un accidente, aunque la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas hasta que los informes forenses permitan reconstruir con precisión cómo murieron los dos miembros del matrimonio.

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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