EUROPA PRESS
VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) –

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna (Valencia) ha citado a declarar en calidad de querellados al presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, y la directora general de À Punt, Empar Marco, a raíz de la querella presentada por el PP por prevaricación tanto en la adjudicación de un contrato por 1,3 millones a una empresa para la producción de una serie como en contratos menores suscritos con diez personas físicas y de tres directivos sin cumplir los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.

En un auto del pasado 26 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado admite a trámite la querella, interpuesta por el diputado del PP Jorge Bellver, y acuerda la declaración de Soriano y Marco para el 20 de junio a las 10.00 horas.

Además, solicita a la CVMC y a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicación (SAMC) que en 15 días remitan copia íntegra de los expedientes del contrato con la productora de la serie, de los contratos menores suscritos entre 2017 y 2018 con diez personas que posteriormente fueron trabajadores y de los de tres directivos: el de Contenido y Programación; de Explotación e Ingeniería y de la responsable de Informativos.

Asimismo, da traslado de estas actuaciones al ministerio fiscal para que emita un informe en relación a la declaración de esta causa como compleja. La resolución no era firme y contra ella cabía la presentación de recurso.

En la querella, el diputado ‘popular’ alegaba que la CVMC, representada por Soriano, adjudicó un contrato por 1,3 millones de euros a Mediterráneo Media Entertainment para producir ‘La Tramuntana’, una serie de 13 capítulos, procedimiento que no fue público, ni abierto a la concurrencia competitiva ni del que hubo publicidad.

SIN SOLVENCIA TÉCNICA NI ECONÓMICA
Al mismo tiempo, argumentaba que para la firma del contrato no se tuvo en cuenta la solvencia técnica ni económica de la adjudicataria, que en 2017 presentaba una cifra de negocio de 4.500 euros y a la que la CVMC pagó, a los pocos día de suscribirlo, 409.502 euros «sin que conste la recepción de ningún trabajo o prestación del servicio».

Por ello, el parlamentario calificaba de «arbitraria» esa adjudicación, y hecha «de forma ilícita» y «temeraria» al tratarse de «dinero público». En esta línea, apuntaba que el Síndic de Comptes también denunció ese pago anticipado en su Informe de Fiscalización.

En segundo lugar, denunciaba contratos menores a diez personas –por importe de 5.995 euros– para la realización de «informes» o «estudios» adjudicados «a dedo» a quienes luego se tenía intención de contratar, sin respetar los principios de «igualdad, mérito o capacidad», y que fueron contratos que después guardaron estrecha relación con la labor que desarrollaron como empleados. Entre ellos, figuran los de productoras, subdirectora de programación e informativos, periodista, jefe de redacción o director de contenidos e ingeniería.

Para el diputado, se trata de contratos que evidencian la «arbitrariedad» y la «irregularidad» de la contratación. En el mismo caso se encontraría la «contratación arbitraria» de personal directivo y sin el procedimiento legalmente previsto, es de decir «a dedo».