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Crimen machista de l’Alfàs del Pi: prisión sin fianza para el supuesto asesino a cuchilladas de Rocío

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Crimen machista Alfàs del Pi
El presunto autor del asesinato machista de su pareja, una mujer de 44 años, en un domicilio de l'Alfàs del Pi (Alicante) sale de los juzgados de Callosa del Segura para ser trasladado a los juzgados de Benidorm para prestar declaración. EFE/Morell

Algeciras (Cádiz), 9 feb (OFFICIAL PRESS- EFE).- El titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Benidorm ha decretado esta tarde el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del supuesto asesino a cuchilladas de su pareja sentimental, Rocío, en l’Alfàs del Pi (Alicante).

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el detenido, de 52 años, ha quedado investigado en una causa abierta por un delito de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación.

Además, el arrestado también está investigado por supuestos malos tratos a la fallecida cometidos con anterioridad al crimen machista, en el marco de otro procedimiento que fue incoado por el mismo órgano judicial el pasado lunes a raíz de un atestado de la Guardia Civil.

Crimen machista de l’Alfàs del Pi

Rocío, de 44 años y madre de dos niños, falleció por más de una decena de puñaladas en la madrugada del domingo al lunes en el domicilio donde convivía con el supuesto asesino, en la calle Figuera de l’Alfàs del Pi. La mayor parte de las incisiones las presentó en el cuello y tórax y dañaron venas y arterias, y la autopsia también desveló que había sufrido numerosas contusiones y que se había intentado defender.

La víspera del crimen, Rocío acudió al acudió al cuartel de la Guardia Civil de Altea acompañada de vecinos y la policía local de l’Alfàs del Pi para presentar una denuncia por dos agresiones machistas por parte del detenido pero, tras abrir la diligencia de denuncia y firmarla, luego rechazó expresamente que declinaba seguir con el proceso y renunció a una orden de protección.

Tras el crimen, el ahora enviado a prisión huyó y en la medianoche del martes al miércoles fue capturado en un prostíbulo de Cox, a unos 100 kilómetros al sur de l’Alfàs. Este hombre contaba con antecedentes por maltrato con respecto a una pareja anterior, de la que estaba separado y con la que tiene dos hijos.

La víctima sobre su asesino: era «buena persona»

Rocío, la mujer de 44 años asesinada a puñaladas el pasado domingo en l’Alfàs del Pi (Alicante) supuestamente por su pareja sentimental, trataba de convencer a su familia de que el hombre, a pesar de las agresiones que le inflingía, era «buena persona» y la quería.

«Teníamos constancia de que la agredía, pero ella estaba empecinada en que era buena persona, que no era malo. Tuvo una agresión el día 24 de diciembre y ella se empecinó en que era buena persona, que parecía que no era tan malo, que la quería y que la estaba ayudando mucho», ha relatado este jueves Cristóbal Iglesias, policía local jubilado de Algeciras y primo de la víctima.

Cristóbal Iglesias ha sido una de las personas de Algeciras, de donde era natural la víctima, que se han congregado hoy en la ciudad gaditana para expresar su repulsa por el asesinato machista de Rocío, por el que permanece detenida su pareja, un hombre de 52 años.

El crimen de Rocío ocurrió en la madrugada del domingo al lunes, pero se conoció este martes cuando la Guardia Civil acudió al domicilio en el que convivía la pareja, en el casco urbano de l’Alfàs, y halló el cadáver con numerosas puñaladas.

Su pareja fue detenida poco después en el interior de una de las habitaciones de un prostíbulo a unos cien kilómetros de l’Alfàs.

Su primo ha recordado hoy que el sábado, la mujer había sufrido una agresión de su pareja en plena calle. Varios vecinos que lo vieron y, con la policía local de l’Alfàs, la acompañaron al cuartel del instituto armado de Altea, donde relató que había sufrido maltrato aunque, en el último momento, rechazó una orden de protección y expresó su deseo de desistir del procedimiento.

Sufrió agresiones de su pareja con anterioridad

El domingo, la Guardia Civil mantuvo una comunicación telefónica con ella para seguir su situación.

Según su primo, Rocío O.L. ya sufrió agresiones de su pareja con anterioridad y, pese a ello, justificaba a su agresor y creía que no era mala persona y la quería.

Varios familiares de la víctima, que trabajaba en una tienda, se han desplazado hasta Alicante, donde están realizando los trámites para trasladar el cuerpo a Algeciras para su entierro en los próximos días.

El crimen ha consternado a Algeciras, de donde era natural la víctima, que tenía dos hijos que viven con su progenitor.

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Algeciras, Paula Conesa, confesaba a los medios tras la concentración su sentimiento «de impotencia».

Ha lamentado que haya mujeres, como la víctima, que estén «en un círculo vicioso en el que se es incapaz de dar ese paso (separarse de una pareja que la agrede)» y que las administraciones no tengan «la fuerza» de hacerlas sentir seguras para denunciar la violencia machista.

«Vemos que todo es un fracaso. Igual las políticas de igualdad se tienen que plantear un cambio, porque el retroceso en esta lacra no tiene nombre, no tiene precedente», ha comentado.

-Vista general de la concentración silenciosa de cinco minutos ante la puerta del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi (Alicante) en señal de repulsa por el asesinato de la mujer de 44 años en un domicilio de esta población a manos presuntamente de su pareja. EFE/Morell

 

 

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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