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Valencia

Denuncia a una prostituta por mal servicio y acaba multado por «putero» en Albal

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Denuncia a una prostituta por mal servicio y acaba multado por "putero" en Albal

València, 21 feb (OFFICIAL PRESS-EFE).- Un hombre ha sido multado con 800 euros por la Policía Local de Albal tras acudir a denunciar que la mujer no había completado sus servicios, en lo que supone el primer expediente sancionador por consumo de servicios sexuales en la vía pública.

Cuando el hombre acudió a la Policía a realizar su queja, los agentes le informaron de que el municipio dispone de una ordenanza municipal que multa a los puteros con hasta 800 euros, según informan fuentes municipales en un comunicado donde califican al multado como «putero».

Albal ha sido pionera, a nivel nacional, en la lucha contra la prostitución y la trata de personas. El asesinato de la joven Florina, desaparecida en el municipio el pasado año, provocó una reacción contundente de la localidad a la que se sumaron en cadena los ayuntamientos afectados por este problema situados a lo largo de la autovía V-31.

El movimiento ha contado con el apoyo de la Mancomunitat de l’Horta Sud y de la Generalitat Valenciana para tratar de frenar el consumo de este tipo de servicios sexuales.

Florina no era la primera víctima, ya que en 2004 otra joven apareció muerta con un disparo en el pecho, justo en el mismo lugar donde se vio a Florina con vida por última vez.

En aquella primera ocasión el consistorio cubrió los gastos de su sepultura y sus restos descansan en el cementerio municipal.

A raíz de todo esto, el consistorio dio un paso más con la modificación de la ordenanza municipal de convivencia y buen gobierno incrementando las multas a los «puteros» e incluyendo a los proxenetas.

Así, aumentó de 750 a 800 euros las sanciones máximas, consideró a las prostitutas víctimas de explotación y prohibió la publicidad que fomente la prostitución y la explotación sexual con multas de 350 euros, como puede ser la colocación en los parachoques o ventanillas de los vehículos de tarjetas de prostíbulos.

Para el alcalde de Albal, Ramón Marí, los asesinatos de Ivana y Florina han supuesto «una amenaza a la democracia» y por este motivo «tratamos de contribuir, desde Albal, en la erradicación de la prostitución y la trata de personas, contando con la sensibilización de otras administraciones».

Albal también aprobó la adhesión a la red de municipios contra la trata de mujeres y niñas y elevó la invitación tanto a la Mancomunitat de l’Horta Sud como al Consell para, conjuntamente, visibilizar la lucha contra los proxenetas, perseguirlos y «acabar con los puteros».

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha apoyado a Albal en esta «cruzada» contra la prostitución y, a la vez que apremiaba a sus 20 municipios a sumarse a la red de municipios libres de trata y prostitución, también propuso impulsar campañas de concienciación y una mayor coordinación de las policías locales para aumentar el control sobre los proxenetas.

En esta línea, hace unos meses 27 agentes de las policías locales de los municipios de la comarca participaron en una formación sobre prostitución y explotación sexual en la Comunitat Valenciana organizada por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe). EFE

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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El jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a su llegada a los juzgados de Catarroja - JORGE GIL/EUROPA PRESS

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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