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Sucesos

Dos detenidos por estafar a un centenar de personas con terapias falsas para lesiones medulares

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VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas e investiga a una tercera en València a las que acusa de estafar más de un millón de euros a cien personas, cuatro de ellos menores de edad, con falsos tratamientos para curar lesiones medulares, según ha informado la Comandancia de Alicante.

Los detenidos ofrecían un tratamiento dividido en varias fases que comenzaba con el pago de 4.000 euros y seguía con abonos de más de 50.000 euros. Por ello, a los detenidos, un hombre y una mujer de nacionalidad española, se les imputan los supuestos delitos de estafa agravada y contra la salud pública.

Además, en los registros llevados a cabo en València dentro de la operación ‘Summas’ se ha intervenido dispositivos de almacenamiento de datos, así como diversos botes de cristal que albergaban sustancias liquidas que administraban a los pacientes.

La operación se inició a principios del 2017, cuando los agentes tuvieron conocimiento por ciertas informaciones recibidas sobre la existencia de una «supuesta y novedosa» terapia ofertada por un centro médico ubicado en la ciudad de València para la cura de lesiones medulares.

Dicha terapia, compuesta de cuatro fases, comenzaba con el pago de 4.000 euros y seguía con abonos de más de 50.000 euros e iba dirigida a la recuperación funcional de lesionados medulares mediante el supuesto trasplante de ciertas células obtenidas de manera autóloga, es decir, del propio paciente.

Las investigaciones permitieron constatar que los tratamientos que realizaban consistían en masajes terapéuticos y administración de productos homeopáticos, a excepción de varios botes con sustancias liquidas que se están analizando para determinar su composición.

Asimismo, los agentes recabaron informes de los Servicios Sanitarios de la Comunitat Valenciana, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de hospitales de referencia a nivel nacional, y de profesionales de la medicina del ámbito de las lesiones medulares así como asociaciones de lesionados.

Todos ellos coincidían en que las perspectivas de curación que aparentemente se ofertan y difundían los investigados, así como sus publicaciones en medios de comunicación, carecían de evidencias evaluadas y control por las autoridades sanitarias españolas.

CAPTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
La captación de las víctimas se realizaba a través de la página web de la clínica y solo se podía contactar con ellos a través del sistema de mensajería de dicha página.

En todo momento, y a pesar de que en la web se difundía de manera genérica las fases de la supuesta terapia, el «secretismo y falta de claridad» en lo ofertado hicieron sospechar a los investigadores y autoridades sanitarias de la verdadera finalidad de la terapia.

Así, los detenidos influían sobre las víctimas, que eran especialmente vulnerables debido en muchos casos a la situación de irreversibilidad de su lesión, y que por ello estaban dispuestas a realizar importantes desembolsos económicos para el sometimiento a la terapia, con la promesa de una mejora o curación.

Además, chantajeaban a los pacientes con la frase «ahora o nunca» ya que les advertían que si no contrataban sus servicios y dado que ellos eran los únicos que ofertaban ese tratamiento nunca volverían a atenderlos.

Durante el transcurso de la investigación se han aportado varios testimonios de víctimas que coinciden en haberse sentido engañadas por los detenidos.

Los agentes investigan si esta estafa, que se estaba produciendo en la actualidad en la ciudad de València, podrían abarcar un periodo más amplio ya que los responsables durante su estancia en la localidad de Elche estaban ofertando la misma terapia.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia y las diligencias han pasado a disposición del Juzgado n º 2 de Elche (Alicante).

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Sucesos

El asesinato de la valenciana Pilar Garrido en México da un giro nueve años después

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Jorge Fernández, condenado en 2019 a 47 años de prisión por el feminicidio, ha sido absuelto tras detectarse dos irregularidades en la sentencia. La familia de la valenciana denuncia que nadie le comunicó oficialmente su excarcelación.

El caso del asesinato de la valenciana María del Pilar Garrido Santamans, ocurrido en México en julio de 2017, ha dado un giro judicial casi nueve años después. Jorge Fernández, su marido y único condenado por el crimen, ha quedado en libertad después de que la Justicia mexicana revocara la condena de 47 años de prisión que pesaba sobre él y dictara una sentencia absolutoria.

La Sala Colegiada en Materia Penal de Tamaulipas acordó la absolución el pasado 28 de octubre, después de revisar el caso por orden de un tribunal federal. Fernández permanecía encarcelado en Ciudad Victoria desde hacía años y había sido condenado por el feminicidio de su esposa.

La decisión deja el asesinato de Pilar Garrido sin ningún responsable penalmente condenado. Sin embargo, la absolución no significa que se haya demostrado la inocencia del marido, sino que el tribunal considera que las pruebas presentadas por la Fiscalía no permiten mantener la condena en los términos en que fue dictada.

Dos errores en la sentencia que condenó al marido de Pilar Garrido

El origen de la excarcelación está en el amparo directo 497/2024, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito. Este órgano federal detectó dos irregularidades en la fundamentación de la condena y ordenó a la Sala penal de Tamaulipas volver a examinar las pruebas.

El tribunal federal no declaró inocente a Jorge Fernández ni resolvió que no hubiera cometido el crimen. Su intervención se centró en los defectos procesales de la sentencia y en la forma en que se habían valorado los elementos utilizados para condenarlo.

El primero de los errores estaba relacionado con la carga de la prueba. La sentencia había considerado que el marido no había conseguido demostrar su versión de los hechos, según la cual unos desconocidos habían interceptado el vehículo familiar y secuestrado a Pilar. A partir de esa falta de acreditación se había reforzado la hipótesis de su responsabilidad.

El tribunal federal consideró que ese razonamiento era incorrecto: que la versión del acusado no resulte creíble no demuestra automáticamente que la hipótesis de la Fiscalía sea cierta. La responsabilidad penal debía acreditarla la acusación, sin obligar al procesado a demostrar su inocencia.

La segunda irregularidad afectaba a las primeras declaraciones de Fernández. Cuando denunció la desaparición de su mujer, las autoridades todavía lo trataban como denunciante y supuesto perjudicado por el secuestro. Sin embargo, esas manifestaciones fueron utilizadas posteriormente como indicios en su contra.

El tribunal entendió que no podían incorporarse de esa manera para fundamentar la condena, especialmente después de que el acusado se acogiera a su derecho a no declarar durante el juicio oral.

Tras recibir la orden de revisar el caso, la Sala estatal volvió a valorar las pruebas y dictó la absolución el 28 de octubre. La resolución todavía puede ser recurrida.

La familia de Pilar se entera de la libertad por una llamada

La excarcelación ha provocado una nueva conmoción en el entorno de la valenciana. Según la información publicada por medios mexicanos y españoles, la familia de Pilar no habría recibido una comunicación oficial sobre la salida de prisión de Jorge Fernández.

Fue el propio hombre quien telefoneó a Raquel Garrido, hermana de la víctima y tutora del hijo de ambos, para comunicarle que había recuperado la libertad.

El niño tenía apenas un año cuando desapareció su madre y ahora tiene diez. La familia vuelve a enfrentarse a la incertidumbre sobre un crimen que marcó su vida y que, tras la resolución judicial, se queda sin una condena firme contra el único acusado.

El asesinato de Pilar Garrido en México en 2017

María del Pilar Garrido Santamans tenía 34 años y un hijo pequeño cuando fue asesinada en julio de 2017 en el estado mexicano de Tamaulipas. La valenciana había pasado unos días con su marido y el niño en la zona turística de La Pesca, en el municipio de Soto de la Marina.

Durante el regreso a su domicilio de Ciudad Victoria, Fernández aseguró que un vehículo les cortó el paso y que varios hombres armados se llevaron a su esposa. Según su relato, los asaltantes le obligaron a bajar del coche y secuestraron a Pilar.

La investigación policial descartó posteriormente la versión del secuestro y dirigió las sospechas hacia el marido. La Fiscalía sostuvo que la mujer había sido asesinada y que murió estrangulada.

En 2019, Jorge Fernández fue condenado a 47 años de prisión por el feminicidio. La sentencia se convirtió durante años en la principal respuesta judicial al asesinato de la valenciana.

Ahora, la revisión de las pruebas y los errores detectados en la fundamentación de la condena han cambiado el rumbo del procedimiento. La absolución deja sin efecto la pena de prisión y abre una nueva etapa para la familia de Pilar, que vuelve a reclamar justicia casi nueve años después de su muerte.

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