VALENCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) – El fiscal de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de València contra el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, por negar a la oposición el expediente de la encuesta sobre las Fallas ha solicitado el archivo de las actuaciones contra el primer edil, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

Esta petición del fiscal llega después de la declaración en calidad de investigado –por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos– del alcalde de València, que defendió el pasado el pasado 25 de junio que la denuncia que presentó un asesor del PP —que se encuentra investigado por el presunto ‘pitufeo’ en el caso Taula, según recordó– tenía la «clara voluntad política» de «intentar demostrar ante la sociedad algo imposible, que todos somos iguales».

Ribó sostuvo ese día que «en el máximo de los casos» lo que se investiga en esta causa es «algo del mundo administrativo» porque la negativa inicial a facilitar la documentación que solicitaba el grupo ‘popular’ fue «una cuestión basada jurídicamente en un informe del secretario del Ayuntamiento. Por ello, aseveró que «en ningún momento» se ha planteado dimitir.

Además, destacó que los actuales secretarios del consistorio, quienes son «los responsables de dar validez jurídica a las decisiones del alcalde y los concejales» son «los mismos que estaban cuando gobernaba el PP». «¿Se puede haber equivocado el secretario? Yo creo que no, sinceramente», razonó.

También señaló que se retrasó dar la información solicitada por el grupo ‘popular’ porque «el reglamento prevé que en algunos casos se puede retrasar cuando por ejemplo no está acabado un expediente» y explicó que en este caso se hizo así «para facilitar la defensa ante una denuncia de Protección de Datos». «Es algo previsto por el reglamento del pleno y perfectamente avalado por el informe del secretario», argumentó.

VERSIÓN DEL PP
Este juzgado abrió diligencias y citó al primer edil a declarar tras una denuncia del asesor del PP Luis Salom por negar a la oposición la información que le solicitaba, en concreto, por no facilitarle el expediente de la encuesta sobre las Fallas. Se personaron como acusaciones tanto el asesor municipal, como los concejales del PP en el Ayuntamiento de València y del partido a nivel autonómico.

El mismo día de la comparecencia de Ribó en los juzgados, el abogado del PPCV, Jorge Carbó, explicó ante los medios que pedirían nuevas diligencias y que prestase declaración tanto el secretario del consistorio como el concejal delegado porque «el alcalde dice que no tiene ninguna información». El juez rechazó la declaración del edil Pere Fuset, pero sí citó al secretario del Ayuntamiento, que corroboró la versión de Ribó.

El letrado criticó en ese momento que «no hay ninguna justificación para que se retrase el acceso a un expediente electrónico», del que «solo hay que facilitar las claves de acceso».

Esta causa está abierta por supuestos delitos de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos (artículo 542 del Código Penal) y prevaricación administrativa (artículo 404). La investigación arrancó con la denuncia interpuesta por un asesor del grupo ‘popular’ en el consistorio contra el alcalde por negarle el expediente administrativo relativo a la encuesta sobre la percepción social del colectivo fallero realizada en 2017.