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Unos 70 vecinos son realojados en hoteles a causa del incendio de la calle Picayo

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incendio calle Picayo
La alcaldesa de València, María José Catalá, en el lugar del incendio. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

Unas 70 personas han tenido que ser realojadas esta noche en hoteles a causa del incendio declarado en los bajos de un edificio en la calle Picayo de València.

El fuego se ha declarado sobre las 16.00 horas del jueves, según la llamada realizada por un testigo al 112, que ha informado de que se estaba prendiendo fuego una vivienda okupada que había sido desalojada por la mañana. La Policía está investigando las causas del siniestro.

Fuentes municipales han detallado que un total de tres viviendas han sido afectadas por las llamas.

Finalmente, han vuelto a sus viviendas los vecinos del portal 23, mientras que los moradores del número 25 se ha realojado en diferentes hoteles de la ciudad a las personas que lo han necesitado.

En concreto, se han realojado cerca de 70 personas en tres hoteles, han apuntado desde el Ayuntamiento.

Un incendio declarado este miércoles en unos bajos okupados de un edificio situado en la calle Picayo de València ha obligado a desalojar de forma preventiva a todos los vecinos del inmueble. El fuego se ha producido apenas unas horas después de que esos locales fueran desalojados por orden judicial, una circunstancia que ahora forma parte del contexto de la investigación abierta para esclarecer las causas del incendio.

El suceso ha movilizado a un amplio dispositivo de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios municipales. Aunque el incendio ha podido ser controlado sin que se registraran heridos ni intoxicados por humo, numerosos vecinos no podrán regresar por el momento a sus viviendas debido a la gran cantidad de humo acumulado en el edificio.

El fuego se declaró horas después del desahucio de los bajos okupados

La alcaldesa de València, María José Catalá, se desplazó hasta el lugar del incendio durante la tarde para conocer de primera mano la situación y atender a los vecinos afectados.

Según explicó, el incendio se produjo pocas horas después de ejecutarse el desalojo judicial de los bajos okupados, una actuación que, según recordó, llevaba «mucho tiempo judicializada».

Catalá insistió en que existen diversas hipótesis sobre el origen del incendio, aunque será la Policía Nacional la encargada de determinar las causas exactas del fuego una vez finalicen las investigaciones.

«Hay distintas hipótesis sobre cómo se ha originado el incendio, pero corresponde a la Policía Nacional determinar las causas», señaló la alcaldesa.

El humo impide a muchos vecinos regresar a sus viviendas

Aunque la estructura del edificio no presenta inicialmente daños de gravedad, el principal problema es la gran cantidad de humo generada durante el incendio.

Los bajos albergaban abundante material inflamable acumulado, lo que provocó una intensa combustión y una importante propagación del humo por todo el inmueble.

Por este motivo, el Ayuntamiento trabaja con la previsión de que parte de los residentes de los números 23 y 25 de la calle Picayo no puedan dormir esta noche en sus viviendas.

Catalá explicó que incluso cuando las viviendas parecen estar en buen estado, el humo puede permanecer durante horas y resultar perjudicial para la salud.

El Ayuntamiento activa el SAUS para atender a los afectados

Ante esta situación, el Ayuntamiento de València ha activado el Servicio de Atención a Urgencias Sociales y Colaboración en Emergencias (SAUS).

Este dispositivo municipal se ha instalado en unas dependencias cercanas al lugar del incendio para atender a las familias afectadas, recoger sus datos personales, informarles sobre la evolución de la emergencia y ofrecerles los recursos necesarios en caso de que no puedan regresar a sus hogares.

Los técnicos municipales comenzarán a evaluar vivienda por vivienda para determinar cuándo podrán volver los residentes con seguridad.

Bomberos de tres parques trabajan en la extinción

En las labores de extinción han participado efectivos de los parques de bomberos de Campanar, Oeste y Sur, que han trabajado durante horas para controlar completamente el incendio.

Una vez estabilizado el fuego, los bomberos continuaban revisando el interior del edificio y buscando posibles mascotas que hubieran podido quedar atrapadas.

Según explicó la alcaldesa, fueron los propios vecinos quienes alertaron de la posible presencia de animales domésticos en distintas viviendas, por lo que los efectivos centraron parte de sus esfuerzos en localizarlos y rescatarlos.

No hay heridos ni afectados por inhalación de humo

Uno de los aspectos más positivos de la intervención es que no se han registrado personas heridas ni intoxicadas por inhalación de humo.

El rápido despliegue de los servicios de emergencia permitió evacuar el edificio de forma preventiva antes de que la situación pudiera agravarse.

Catalá destacó la rapidez de actuación de los bomberos, que lograron controlar el incendio en poco tiempo y evitar daños mayores.

Recomendación: mantener las ventanas cerradas

Durante toda la intervención, el Ayuntamiento recomendó a los vecinos de la zona evitar permanecer en las inmediaciones del incendio y mantener cerradas las ventanas de los edificios cercanos para impedir la entrada del humo.

La alcaldesa trasladó esta recomendación también a través de sus redes sociales, recordando que el humo generado por este tipo de incendios puede resultar especialmente nocivo.

La Policía Nacional investiga el origen del incendio

Según han informado fuentes policiales, el aviso al servicio de emergencias 112 se produjo alrededor de las 16.00 horas.

Un testigo alertó de que estaba ardiendo una vivienda okupada que había sido desalojada durante la mañana por orden judicial.

A partir de ese momento se activó el operativo de emergencia.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del incendio y determinar si el fuego fue accidental o pudo tener un origen intencionado.

Evaluación de los daños en el edificio

Una vez concluya completamente la extinción y ventilación del inmueble, los técnicos municipales evaluarán el estado de las viviendas y de los elementos comunes del edificio.

Aunque el fuego parece haber quedado localizado en los bajos, será necesario comprobar la afectación provocada por el calor, el humo y los gases generados durante la combustión antes de autorizar el regreso de los residentes.

Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo de atención social para asistir a todas las familias afectadas y coordinar las actuaciones necesarias hasta que puedan volver con seguridad a sus hogares.

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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