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La Guardia Civil incauta a lo largo de 2018 más de 1.100 kilos de pescado en mal estado

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ANA CÁNOVAS
MURCIA, 26 Feb.- La Guardia Civil realizó durante el pasado año numerosas inspecciones en establecimientos de venta al público de productos perecederos, en las que se detectaron y denunciaron deficiencias, según datos a los que ha tenido acceso Europa Press.

En términos globales, los agentes decomisaron unos 1.171 kilos de pescado que estaba expuesto a la venta en establecimientos con deficientes condiciones higiénico sanitarias, sin documentación de procedencia o por ser productos pesqueros con tallas no reglamentarias.

Asimismo, entre las deficiencias en las que se encontraban estos productos destaca el hecho de no efectuar las revisiones de las cámaras frigoríficas, no llevar a cabo los controles obligatorios de plagas o carecer de licencia de actividad municipal, entre otras.

Fruto de las distintas inspecciones se inmovilizaron 28 cajas de pescado, que se vendía de forma ilegal en las proximidades de un mercado de abastos de la Región.
Asimismo, se abrió una investigación contra cuatro personas pertenecientes a dos empresas relacionadas con el comercio de atún, por vender unos 150.000 kilos de atún de aleta amarilla para consumo en fresco cuando tendría que haber sido destinado para su elaboración.

Además, en una de estas empresas se localizaron aditivos ilegales para reactivar el color del atún, todo ello dentro del marco de la operación ATHY II.

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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