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MRW y Ramon Soler trasladan sus sedes de Barcelona a València

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(EUROPA PRESS)-La empresa de paquetería MRW Courier Group ha trasladado su sede social de Barcelona a València, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). La compañía anunció su intención de salir de Cataluña el pasado 9 de octubre. También se ha mudado a la ciudad la firma Ramon Soler.

Finalmente, su domicilio social ha cambiado de la avenida de la Gran Via ,163, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al polígono industrial El Oliveral, en el municipio de Ribarroja de Turia (Valencia).

El grupo MRW es una marca de transporte urgente para envíos nacionales e internacionales que tiene más de 1.300 franquicias y 61 plataformas logísticas en España, Andorra, Gibraltar, Portugal y Venezuela (550 oficinas solo en España). Realiza alrededor de 40 millones de envíos anuales y cuenta con un equipo de más de 10.000 personas y una flota de más de 2.300 vehículos y ocho aviones.

También se ha conocido este miércoles la salida de Cataluña de la empresa centenaria Ramon Soler, fabricante de griferías y accesorios de diseño de alta calidad para el baño desde 1890. La marca está presente en los cinco continentes y vende sus productos en más de 60 países.

Industrias Ramon Soler ha cambiado su domicilio social del número 26 del Carrer del Vallespir, en la barcelonesa Sant Joan Despí, al número 30 de la avenida de Aragón, en València.

Desde la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre hasta que finalizó el año 2017, un total de 3.208 empresas trasladó su sede social desde Cataluña a otras regiones españolas, según los datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España.

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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