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Escándalo en España: seis padres detenidos por abandonar a sus hijos cerca de comisarías para que el Estado los mantuviera

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La Policía Nacional ha arrestado a seis personas en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa por presuntamente dejar a sus hijos adolescentes en España tras entrar con visados de turista y regresar después a sus países de origen.

Una investigación de la Policía Nacional ha destapado un presunto fraude al sistema de protección de menores en España. Seis progenitores han sido detenidos por, supuestamente, abandonar a sus hijos de entre 16 y 17 años cerca de comisarías y cuarteles de la Guardia Civil para que fueran considerados menores extranjeros no acompañados y quedaran bajo la tutela de las instituciones públicas.

Los arrestos se han producido en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa (Cádiz). Los detenidos, dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años, están acusados de presuntos delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Según la investigación, los familiares entraban en España con visados de turista, en ocasiones acompañados de sus hijos y en otras junto al resto de la familia. Después de pasar unos días en el país, los adolescentes acudían a dependencias policiales para manifestar que se encontraban en situación de desamparo, mientras sus progenitores regresaban a sus lugares de origen.

Dejaban a sus hijos cerca de comisarías para que fueran tutelados

La investigación comenzó a principios de año, cuando agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, en colaboración con la unidad de Alicante, detectaron un patrón similar en varios casos.

Los jóvenes, procedentes de países del Magreb y con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años, se presentaban en comisarías de la Policía Nacional o puestos de la Guardia Civil asegurando que estaban desamparados y necesitaban protección.

La Policía sostiene que sus familiares habrían utilizado de forma fraudulenta los recursos destinados a los menores extranjeros no acompañados (MENA), con el objetivo de que las administraciones españolas asumieran su tutela, manutención, educación y desarrollo personal con cargo a fondos públicos.

Los investigadores comprobaron que los adolescentes habían entrado en España por distintos aeropuertos, entre ellos Madrid-Barajas, Valencia-Manises, Málaga, Murcia y Barcelona-El Prat.

Unas 20 órdenes de búsqueda para localizar a los progenitores

La investigación ha permitido identificar alrededor de una veintena de casos en los que se habrían producido abandonos de menores siguiendo este mismo procedimiento. En estos asuntos se han dictado órdenes de búsqueda y detención dirigidas a los países de procedencia de los progenitores.

Sin embargo, los agentes han conseguido detener a seis de ellos antes de que abandonaran España.

La Policía también constató que, según sus investigaciones, los menores procedían de familias con recursos económicos suficientes para obtener visados turísticos, que exigen acreditar medios para permanecer en el país durante la estancia prevista.

Además, en la mayoría de los casos los adolescentes contaban con familiares adultos de segundo o tercer grado que residían legalmente en España, por lo que disponían de una posible red de apoyo en territorio nacional.

Seis detenidos en Valencia, Málaga, Melilla y Tarifa

La operación se ha saldado con seis arrestos: dos mujeres y cuatro hombres de entre 39 y 56 años.

Tres de las detenciones se han practicado en Málaga, Melilla y el puesto fronterizo de Tarifa, mientras que las otras tres han tenido lugar en Valencia.

Todos los arrestados han sido puestos a disposición judicial. La investigación continúa en relación con los demás casos detectados y las órdenes de búsqueda dictadas para localizar a los progenitores que habrían regresado a sus países de origen.

La Policía considera que el objetivo de este presunto procedimiento era conseguir que los adolescentes accedieran al sistema público de protección como menores no acompañados, pese a que sus familiares habrían organizado previamente su entrada en España.

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La ministra Tolón cobra por alquilar una vivienda VPO que solo puede usarse como residencia habitual

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Milagros Tolón niega irregularidades en el alquiler de su vivienda protegida en Toledo

La ministra de Educación asegura que pidió autorización a la Junta de Castilla-La Mancha y que cuenta con un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble, que adquirió en 1998.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha negado haber cometido irregularidades al alquilar una vivienda de protección oficial (VPO) de su propiedad en Toledo. La también exalcaldesa de la ciudad ha defendido que ha actuado siempre conforme a la normativa de Castilla-La Mancha y con total transparencia.

La polémica surge a raíz de una información publicada por Artículo14, que señala que Tolón estaría alquilando una vivienda protegida que, según las condiciones de este tipo de inmuebles, estaría destinada a servir como residencia de su propietaria.

Ante las preguntas de los periodistas, la ministra ha asegurado que compró la vivienda en 1998 y que se trata del único inmueble que posee. «Yo tengo una vivienda de hace 30 años, que efectivamente es mía desde el año 98», ha explicado, rechazando que exista intención de especular con el alquiler.

Tolón asegura que pidió autorización a la Junta

Uno de los principales argumentos de la ministra para defender la legalidad del arrendamiento es que, según ha explicado, solicitó autorización a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, administración competente en materia de vivienda.

«Yo pedí en ese caso autorización en su momento», ha afirmado al ser preguntada por este asunto. Tolón no ha detallado si recibió una resolución administrativa favorable, aunque ha insistido en que el alquiler cumple las condiciones exigidas por la normativa.

Además, ha asegurado que dispone de un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble una vez transcurridos 14 años desde su adquisición.

«Totalmente, cumple todos los requisitos», ha respondido al ser preguntada por el cumplimiento de las exigencias legales.

La ministra defiende que declaró la vivienda y los ingresos

Tolón también ha rechazado que haya ocultado información sobre la propiedad o los ingresos derivados del alquiler. Según ha explicado, tanto la vivienda como las cantidades percibidas aparecen reflejadas en sus declaraciones oficiales.

«Siempre he actuado con transparencia, siempre he actuado en mi declaración de bienes desde hace muchos años», ha señalado. La ministra ha insistido en que el inmueble es su única vivienda y que su situación patrimonial puede comprobarse en la documentación presentada.

La exalcaldesa de Toledo ha reiterado que nunca ha existido una operación especulativa y que ha cumplido con las obligaciones que le corresponden como propietaria de una vivienda protegida.

La polémica sobre el alquiler de una VPO

El caso ha abierto el debate sobre las condiciones que regulan el alquiler de las viviendas de protección oficial y las autorizaciones necesarias para destinarlas a ese uso.

La cuestión central es determinar si el arrendamiento del inmueble de Tolón se ajusta a las condiciones bajo las que fue adquirido y a la normativa autonómica aplicable. La ministra sostiene que cuenta con respaldo jurídico y que solicitó permiso a la administración regional.

Por el momento, Tolón mantiene su defensa de la legalidad de la operación y niega cualquier irregularidad en el alquiler de la vivienda protegida que compró hace casi tres décadas.

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