MADRID/VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) – El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado la entrada y registro de todas las sedes que las clínicas dentales ‘low cost’ iDental tienen por todo el país, un total de 23 establecimientos –entre ellas las de la Comunitat– en los que ya ha entrado la Policía Nacional en busca de pruebas y para hacer inventario de cara a las posibles indemnizaciones de quienes fueron sus pacientes.

Los registros se realizan en el marco de la operación ‘Apolonia’ y persiguen, además del inventario, recuperar dispositivos informáticos y repositorios de datos que contengan imágenes de pruebas médicas de usuarios para facilitar su devolución a los pacientes, que así podrán continuar con su tratamiento o denunciar, en su caso, según informan a Europa Press fuentes judiciales.

Para los registros, ejecutados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) junto con la Científica, la Policía Nacional ha movilizado en torno a 300 efectivos que han procedido a la entrada en las sedes de iDental en 23 provincias.

En concreto, los registros se están efectuando en Gijón, Salamanca (Santa Marta de Tormes), Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Girona, Castellón, Valencia (capital y Alfafar), Albacete, Alicante, Elche, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz (Puerto de Santa María) y Las Palmas de Gran Canaria, según fuentes policiales.

De la Mata investiga a iDental por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, desde que asumió la instrucción el pasado 26 de julio y procedió al registro de 17 sedes en 8 comunidades autónomas para incautar información societaria e historiales clínicos de pacientes.

MÁS DE 200 PIEZAS DE INVESTIGACIÓN
Se estima que podría haber 400.000 afectados en todo el país, que es la cifra aproximada de pacientes que pasaron por estas clínicas contra las que se han venido presentando ya miles de denuncias, que se acumulan ya en más de 200 piezas de investigación repartidas por todo el territorio nacional, aunque podrían llegar a superar el millar.

De hecho, el juez ha establecido un sistema de coordinación con las comunidades autónomas con afectados, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia a fin de agilizar la recogida de información y facilitar que los pacientes afectados tengan acceso a los historiales médicos que se encontraban tras el primer registro bajo custodia policial o judicial, documentos imprescindibles para presentar denuncia o continuar el tratamiento.

Esta clínica ‘low cost’ se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque ofrecía un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las que percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, según denuncian los afectados, los pacientes «eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos».