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IMPUESTAZO|  Valencia sufrirá una doble subida en la tasa de basura

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Tasa basura Valencia

Los vecinos de Valencia y su área metropolitana se preparan para afrontar una doble subida en la tasa de basura. Por un lado, verán un incremento del 23% en la tasa Tamer, que cubre la recogida y tratamiento de residuos, y por otro, deberán pagar una nueva tasa impuesta por el Gobierno, en cumplimiento de una directiva europea. Esta medida afecta a todo el país, pero los ayuntamientos serán los encargados de su recaudación.

 El aumento de la tasa Tamer: responsabilidad de la EMTRE

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha responsabilizado a la gestión anterior del incremento de la tasa Tamer, que no beneficia al ayuntamiento, sino al EMTRE (Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus). Esta subida, que se aplicará en 2025, está vinculada al consumo de agua de los hogares, lo que genera una correlación entre el número de habitantes, el agua consumida y los residuos generados. Los ciudadanos verán aumentos que oscilan entre los 7 y 53 euros anuales, según su consumo de agua.

El Partido Popular, con mayoría en la asamblea del EMTRE, ha aprobado esta subida, que afectará tanto a hogares como a negocios y comunidades de propietarios. Por ejemplo, en viviendas que consumen menos de 65 metros cúbicos de agua, la tasa pasará de 33 a 40,8 euros anuales, mientras que en grandes residencias con un consumo superior a 260 metros cúbicos, la cifra aumentará de 230 a 283,2 euros, un 23% más.

Críticas de la oposición: PSOE y Compromís se oponen a la subida

La oposición no ha tardado en manifestar su descontento. Elisa Valía, concejala del PSOE, ha tachado esta subida de «sablazo» y su compañero Borja Sanjuán ha criticado duramente a Catalá por incrementar el 23% de la Tamer mientras sube también un 33% el billete de autobús. Según Sanjuán, la alcaldesa lleva a cabo «una estafa fiscal» al aumentar las tasas para la mayoría de los ciudadanos, mientras reduce impuestos a los grandes propietarios.

Por su parte, Sergi Campillo, de Compromís, ha calificado la medida como una muestra de la «política recaudatoria» del PP, señalando la hipocresía de los populares, que en el pasado exigieron la eliminación de la Tamer. Además, critica la falta de previsión de bonificaciones para familias monoparentales, numerosas o en riesgo de exclusión social.

La nueva tasa impuesta por Europa: el «basurazo» de Pedro Sánchez

La segunda subida es una nueva tasa local, impuesta por el Gobierno de España en cumplimiento de una directiva europea, que afecta a todo el país. Esta tasa cubrirá el coste del transporte de los residuos desde los contenedores hasta las plantas de tratamiento, un servicio que hasta ahora asumía el ayuntamiento. Según Carlos Mundina, concejal de Limpieza, este nuevo tributo supondrá entre 40 y 45 millones de euros solo en València. El consistorio está preparando una ordenanza fiscal que incluirá bonificaciones para colectivos vulnerables.

María José Catalá ha criticado duramente esta medida, calificándola como el «basurazo de Pedro Sánchez». Aunque se opone a la tasa, asegura que el ayuntamiento no tiene más remedio que aplicarla debido a la legislación vigente.

Un reto fiscal para los valencianos

Con estas dos subidas, los ciudadanos de València deberán prepararse para un incremento significativo en sus recibos de basura. El reto para la administración local será gestionar este aumento de manera equitativa, mientras que la oposición continuará vigilante para evitar que estas medidas perjudiquen aún más a los sectores más vulnerables.

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Valencia

Una «histórica» manifestación recorre València por la vivienda como «toque de atención» a todos los gobiernos

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Miles de personas recorren las calles del centro bajo la lluvia para exigir alquileres asequibles, mejores sueldos y unos servicios públicos fuertes. Los sindicatos advierten de que las movilizaciones continuarán hasta conseguir cambios

Valencia ha vivido este miércoles una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años por el derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones laborales. Una manifestación que ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad durante la jornada de huelga general del 11 de noviembre y que los sindicatos y organizaciones convocantes han calificado de «histórica».

La marcha ha arrancado a las 18.00 horas y ha avanzado por las calles comerciales del centro, con una importante concentración de manifestantes que ha llegado a desbordar la calle Colón hasta alcanzar la plaza del Ayuntamiento. La lluvia no ha frenado a los asistentes, que han participado protegidos con paraguas y chubasqueros.

La protesta ha servido como un mensaje directo a todas las administraciones, tanto actuales como futuras, para reclamar soluciones ante el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral y el deterioro de los servicios públicos.

La cabecera de la manifestación ha estado encabezada por una pancarta con el lema ‘Habitatge. Salaris. Serveis Públics. Pensions. 11N Vaga General’. A lo largo del recorrido se han escuchado consignas como «Violencia es no llegar a fin de mes», «Queremos vivir, no sobrevivir» y «Els carrers seran sempre nostres».

También han llamado la atención los mensajes de las pancartas, con reivindicaciones como ‘La vivienda tiene que ser un derecho real, no un sueño’ y ‘Se busca artículo 47 en la Constitución’. Algunos participantes han llevado llaves de cartón y otros objetos simbólicos para denunciar las dificultades de acceso a una vivienda.

Los sindicatos advierten de que no será la última movilización

La secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, se ha mostrado satisfecha con el seguimiento de la jornada de huelga y ha destacado la participación registrada tanto durante los piquetes informativos como en la manifestación de la tarde.

«No va a ser la última, evidentemente. Hasta que no se solucionen los problemas de la clase trabajadora», ha advertido.

García Alcolea ha insistido en que las principales reivindicaciones pasan por conseguir salarios dignos, garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio y defender los servicios y las pensiones públicas.

También ha criticado la postura de la patronal por negarse a cerrar acuerdos colectivos mientras las empresas generan importantes beneficios económicos. A su juicio, la riqueza debe repartirse entre quienes contribuyen a producirla.

Por su parte, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha calificado las dificultades para acceder a una vivienda como un «problema nuclear». También ha alertado de que los salarios actuales no permiten llegar a final de mes y de que se está consolidando la figura del trabajador pobre.

Calero ha reclamado a las administraciones y a los partidos políticos propuestas «serias» y «realistas» para facilitar el acceso a una vivienda digna, además de acuerdos laborales que permitan mejorar los sueldos.

Un toque de atención a todos los gobiernos

La movilización ha reunido a representantes de CCOO, UGT, Intersindical, CGT, CNT y COS, además de colectivos y plataformas vinculados a la defensa del derecho a la vivienda, como la PAH, el Sindicat de Llogateres, el Sindicat de l’Habitatge y Entrebarris.

Beatriu Cardona, de Intersindical, ha definido la jornada como histórica y ha asegurado que los movimientos ciudadanos no permitirán que se pierdan derechos conquistados.

«No consentiremos que ningún derecho que hemos conseguido se nos sea robado», ha señalado, antes de comprometerse a continuar las movilizaciones hasta conseguir salarios y pensiones dignas y unos servicios públicos fuertes.

Desde CGT, Juan Ramón Ferrandis ha considerado que la jornada supone un «punto de inflexión» y un toque de atención tanto para el Gobierno actual como para los que puedan llegar en el futuro.

La representante de CNT, Mar Bueno, ha destacado la colaboración entre los sindicatos laborales y los movimientos por la vivienda como una fórmula para hacer frente a lo que considera una situación de injusticia social.

Los movimientos por la vivienda reclaman bajar los alquileres

Las plataformas por el derecho a la vivienda también han tenido un papel protagonista en la manifestación.

Andrea Leixos, portavoz del Sindicat de Llogateres de Valencia, ha defendido que la movilización ha conseguido paralizar distintos ámbitos de la actividad económica y ha reclamado medidas para frenar la subida de los alquileres y los desahucios.

Desde la PAH, José Luis González ha definido la protesta como un «acto rabioso de protesta» contra una situación que, según ha denunciado, está condicionando la vida de miles de personas.

Por su parte, Pablo Fuster, de Entrebarris, ha insistido en que la convocatoria no responde a intereses partidistas, sino a un proceso de reivindicación social que pretende que la vivienda deje de ser un negocio.

La jornada de movilizaciones del 11N también ha tenido reflejo en Alicante y Castellón de la Plana, donde se han celebrado manifestaciones con reivindicaciones similares.

Los convocantes han dejado claro que la protesta de este miércoles no supone un punto final. Su intención es mantener la presión sobre las administraciones hasta conseguir avances en vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos.

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