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Valencia

El ‘basurazo’ en València y l’Horta genera polémica: ciudadanos y ayuntamientos en pie de guerra

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Tasa basura Valencia

La puesta en marcha de la nueva tasa de basuras, conocida popularmente como el «basurazo», ha generado tensiones y protestas en València y en el área metropolitana de l’Horta debido a su impacto en la gestión de residuos y en las economías familiares.

¿Qué es el «basurazo»?

El término «basurazo» se utiliza para referirse a la nueva tasa de residuos que deben aplicar los ayuntamientos en España para cumplir con la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta normativa obliga a los municipios a establecer una tasa específica, no deficitaria, que cubra íntegramente el coste de la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos hasta las plantas de tratamiento.

En València, la tasa empezó a notificarse a partir del 1 de abril de 2026 a más de 440.000 viviendas, comunidades y locales, y su coste será calculado según parámetros como el consumo de agua anual, considerado un indicador indirecto de generación de residuos.

¿Por qué genera conflictos?

1. Carga económica directa a los ciudadanos

Con la entrada en vigor de esta nueva tasa, quien genera residuos debe asumir el coste real del servicio, algo que hasta ahora en muchos casos se financiaba con otros impuestos o por parte de los ayuntamientos.

En València, los recibos que ya se están empezando a emitir se consideran por algunos ciudadanos y partidos como un «impuesto excesivo», ya que se calcula en función de parámetros indirectos como el consumo de agua y no siempre guarda relación con la cantidad real de residuos generados.

2. Diferencias entre municipios

No existe un criterio único para calcular la tasa. Algunos ayuntamientos utilizan el consumo de agua, otros el valor catastral de la vivienda o incluso sistemas mixtos. Esto provoca grandes disparidades en los importes de la tasa entre diferentes ciudades.

3. Tensiones políticas y gestión local

Mientras que el Gobierno central defiende que esta tasa responde a la normativa europea y a la necesidad de asegurar la financiación de los servicios de recogida, algunos consistorios critican que la falta de directrices claras ha forzado una implementación apresurada que recae directamente sobre los ciudadanos.

Impacto en los ciudadanos y la economía doméstica

La tasa de basuras ha sido uno de los factores que ha impulsado el incremento del coste de la gestión de residuos en el Índice de Precios al Consumo (IPC), llegando a registrar subidas por encima de la inflación general en España.

En València, por ejemplo, la tasa es de las más altas del país comparada con otras capitales, algo que ha elevado las quejas de vecinos y asociaciones.

¿Qué sigue ahora con la gestión de residuos?

La gestión integral de residuos urbanos —que incluye recogida, transporte, tratamiento y eliminación— es un servicio esencial para cualquier ciudad y tiene efectos ambientales, sociales y económicos importantes.

La implantación del «basurazo» busca incentivar una gestión más sostenible, aplicar el principio de «quien contamina, paga» y asegurar que los costes no recaen íntegramente en los presupuestos municipales, sino en quienes generan los desechos.

Sin embargo, el debate continúa entre quienes consideran que esta tasa es necesaria para modernizar la gestión de residuos y quienes creen que su implantación actual carece de criterios claros y puede generar desigualdades y cargas excesivas.

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Sucesos

Indemnizan con 225.000 € a la familia de una paciente fallecida tras 36 horas en Urgencias del Hospital General de València

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indemnización hospital general pancreatitis
Hospital General de València en imagen de archivo - GVA - Archivo

La compañía aseguradora de la Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente de 69 años que falleció por una pancreatitis aguda tras permanecer 36 horas en Urgencias sin recibir atención médica continuada.

El acuerdo se ha alcanzado tras la reclamación presentada por la asociación El Defensor del Paciente, cuyos letrados, Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, han logrado que ambas aseguradoras asuman la compensación económica por los daños causados.


36 horas en un box sin seguimiento médico

Según detalla la asociación en un comunicado, la paciente permaneció en un box de Urgencias desde las 00:12 horas del día de su ingreso hasta las 07:32 horas del día siguiente, momento en el que se certificó su fallecimiento.

Durante ese periodo, denuncian que no consta registro de constantes vitales, analíticas ni nuevas exploraciones médicas, más allá de la evaluación inicial realizada a su llegada al hospital.

El acuerdo se ha producido en el marco de un procedimiento administrativo tras interponerse una reclamación patrimonial contra la sanidad pública por presunta negligencia médica.


Ingreso sin cama disponible y falta de atención

Los hechos se remontan al 7 de mayo de 2025, cuando la paciente acudió a Urgencias con síntomas como dolor abdominal, vómitos y sensación de hinchazón.

Tras las primeras pruebas, entre ellas una ecografía abdominal, se detectó litiasis biliar y se diagnosticó una pancreatitis aguda biliar, por lo que se ordenó su ingreso hospitalario.

Sin embargo, ante la falta de camas disponibles, la paciente permaneció en el área de Urgencias a la espera de traslado y tratamiento.

Según la asociación, durante ese tiempo la mujer estuvo “36 horas esperando atención” y finalmente falleció sola en el box sin que ningún profesional sanitario advirtiera la situación a tiempo.


Una patología que requiere vigilancia intensiva

La pancreatitis aguda puede evolucionar de forma leve o grave. En los casos más severos, puede provocar inflamación extensa, necrosis pancreática y fallo multiorgánico, con tasas de mortalidad que superan el 30%.

Por ello, este tipo de pacientes requiere monitorización constante, uso de escalas pronósticas y tratamiento intensivo precoz para evitar complicaciones.

La asociación denuncia que no se aplicaron estos protocolos básicos, lo que, a su juicio, derivó en una muerte evitable.


Denuncian “inacción” y falta de atención mínima

El Defensor del Paciente considera que la fallecida tenía “altas expectativas de curación”, pero que la falta de atención sanitaria le privó de recibir el tratamiento necesario.

“La paciente fue abandonada en un box de Urgencias sin la supervisión mínima exigible”, subraya la entidad, que insiste en que este tipo de situaciones son evitables con un seguimiento básico de los pacientes ingresados.

Asimismo, recalcan que no es aceptable que durante más de un día ningún profesional sanitario se acercara a valorar su estado, lo que consideran una grave negligencia asistencial.

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