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Zapatero ficha a este abogado para su defensa en el caso Plus Ultra

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El expresidente del Gobierno elige a uno de los procesalistas más prestigiosos de España, vinculado también al caso de los ERE de Andalucía

José Luis Rodríguez Zapatero ha confiado su defensa en el denominado caso Plus Ultra a Víctor Moreno Catena, un reconocido abogado sevillano considerado como uno de los mejores procesalistas de España. La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

La elección de Moreno Catena sitúa de nuevo al prestigioso jurista andaluz en el foco mediático por su amplia trayectoria en causas de gran repercusión nacional, entre ellas el caso de los ERE de Andalucía.

Quién es Víctor Moreno Catena, el abogado elegido por Zapatero

Víctor Moreno Catena nació en Sevilla y se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1975. Cuatro años después obtuvo el doctorado y comenzó una carrera académica y profesional que lo ha convertido en una referencia del Derecho Procesal en España.

Actualmente es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid y anteriormente impartió docencia en las universidades de Sevilla y Santiago de Compostela. Además, ha sido profesor invitado en universidades francesas como Nanterre y Pantheón-Assas.

Moreno Catena también es socio fundador del despacho Moreno Catena & Venturi y presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas. En 2020 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Especialista en delitos económicos y grandes procesos judiciales

El abogado sevillano cuenta con una dilatada experiencia en procedimientos penales complejos, especialmente relacionados con delitos económicos, derecho procesal penal y contencioso-administrativo.

Entre los reconocimientos recibidos destacan la Cruz de Honor y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, una de las máximas distinciones jurídicas en España.

Desde su despacho destacan además su perfil internacional y su dominio de varios idiomas: español, francés, portugués e italiano.

Su papel en el caso de los ERE de Andalucía

Víctor Moreno Catena fue uno de los abogados más conocidos en el juicio de los ERE de Andalucía, donde ejerció la defensa de Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

La exdirigente socialista llegó a permanecer en prisión durante cerca de año y medio hasta que el Tribunal Constitucional estimó parcialmente su recurso.

La participación de Moreno Catena en aquel procedimiento reforzó aún más su reputación como especialista en grandes causas judiciales y recursos ante altas instancias.

Una trayectoria ligada también a la administración pública

Además de su labor académica y como abogado, Moreno Catena ha desempeñado importantes responsabilidades institucionales. Durante seis años fue secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de IberRed, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional.

Su carrera combina experiencia universitaria, gestión institucional y defensa jurídica en algunos de los procesos más relevantes de las últimas décadas en España.

Zapatero y su imputación en el caso Plus Ultra: estos delitos investiga la Audiencia Nacional

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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