La Agencia Tributaria ha iniciado un procedimiento de inspección fiscal de carácter general sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, varios miembros de su entorno familiar y distintas sociedades relacionadas con ellos. La actuación coincide con la investigación penal que desarrolla la Audiencia Nacional en el denominado caso Plus Ultra, por lo que Hacienda ha solicitado al juez instructor que valore la posibilidad de suspender temporalmente las actuaciones administrativas para evitar interferencias entre ambos procedimientos.

La inspección afecta a Zapatero, su familia y varias empresas

Según la documentación remitida por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional, las comprobaciones fiscales abarcan los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2025, incluyendo todos aquellos periodos que todavía no han prescrito.

Además de José Luis Rodríguez Zapatero, las inspecciones alcanzan a su esposa, Sonsoles Espinosa; a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa; a la sociedad familiar Whathefav; al empresario Julio Martínez Martínez y a diversas empresas vinculadas a su entorno económico.

Las actuaciones revisan diferentes obligaciones tributarias, entre ellas:

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
• Impuesto sobre Sociedades.
• Impuesto sobre el Patrimonio.
• Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Hacienda pide coordinar la inspección con la investigación judicial

La Agencia Tributaria ha comunicado al magistrado de la Audiencia Nacional que la investigación administrativa podría coincidir con los hechos que ya se están analizando en la vía penal.

Por ese motivo, solicita al juez que estudie si resulta conveniente paralizar temporalmente las inspecciones mientras avanza la causa judicial, evitando así que ambas investigaciones lleguen a conclusiones distintas sobre unos mismos hechos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 todavía no ha adoptado una decisión al respecto y, por el momento, ha remitido la documentación al Ministerio Fiscal para que emita el correspondiente informe.

¿Qué significa la «prejudicialidad penal»?

La Agencia Tributaria fundamenta su petición en el principio de prejudicialidad penal, un mecanismo jurídico que permite suspender un procedimiento administrativo cuando los hechos investigados dependen del resultado de una causa penal.

Según Hacienda, la investigación judicial dispone de herramientas de investigación mucho más amplias que la vía administrativa, como registros, incautación de documentación y dispositivos electrónicos, informes policiales o declaraciones de investigados y testigos.

Por ello, considera que la investigación penal podría determinar con mayor precisión aspectos clave como el origen de determinados ingresos, la existencia de posibles pagos irregulares o la autenticidad de la documentación analizada.

Inspecciones iniciadas durante el mes de junio

Las actuaciones inspectoras comenzaron durante el pasado mes de junio.

En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa, la inspección se inició el día 15, mientras que las correspondientes a sus hijas comenzaron una semana después. Posteriormente también se incorporó la sociedad Whathefav.

En el caso del expresidente, la revisión fiscal comprende distintos ejercicios del IRPF, el IVA, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Empresas bajo revisión

Además de la familia del expresidente, la Agencia Tributaria analiza la situación fiscal de varias sociedades vinculadas a la investigación.

Entre ellas figuran Análisis Relevante, Agropecuaria Lucena, ASP Rentas, Zenitram Partners, Zenzap, Afitta, Idella Consulenza Strategica, Mérida Capital, Rentalia 2002, Voli Analítica, NEZ y Pickashop, entre otras.

Estas actuaciones son desarrolladas, en parte, por la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana debido a la residencia de uno de los investigados.

Hacienda advierte del riesgo de duplicidades

La Agencia Tributaria considera que mantener abiertas de forma simultánea la investigación penal y la inspección administrativa podría generar duplicidades e incluso conclusiones contradictorias.

Asimismo, señala que parte de la documentación relevante podría encontrarse ya incorporada al procedimiento judicial, lo que dificultaría completar correctamente las comprobaciones tributarias si estas continuaran sin esperar al avance de la causa penal.

Qué ocurrirá si el juez no paraliza las inspecciones

En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, Hacienda aclara que, si finalmente el juez no acuerda la suspensión solicitada, las actuaciones administrativas seguirán su curso.

En ese escenario, la Agencia Tributaria continuará con la tramitación de las inspecciones y podrá dictar, en su caso, liquidaciones tributarias provisionales y las sanciones que correspondan conforme a la normativa fiscal.

La investigación del caso Plus Ultra continúa

La causa penal abierta en la Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental relacionados con el denominado caso Plus Ultra.

Dentro de estas diligencias se analiza la actividad de diversas sociedades que, según la investigación, podrían haber intervenido en determinadas operaciones económicas.

Por su parte, la defensa del expresidente sostiene que todos los ingresos percibidos responden a actividades profesionales reales relacionadas con labores de asesoramiento, elaboración de informes, conferencias y trabajos de carácter internacional.

Será la evolución de la investigación judicial la que determine si las inspecciones fiscales continúan de forma paralela o quedan suspendidas hasta que avance el procedimiento penal.