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PERFIL| La caída de Eduardo Zaplana
Publicado
hace 8 añosen
VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) –
El expresidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002 y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con el gobierno de José María Aznar y el hombre que marcó el despegue de los ‘populares’ en la Comunitat, Eduardo Zaplana, ha vuelto este martes a primera línea mediática, que abandonó en 2008 cuando dejó de ser portavoz del PP en el Congreso, a raíz de su detención por blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en una investigación coordinada por el Juzgado de instrucción número 8 de València y la Fiscalía Anticorrupción.
Se convierte así en el tercer expresidente de la Generalitat con el PP investigado por delitos relacionados con la corrupción tras José Luis Olivas y Francisco Camps. La excepción es el último, el actual senador Alberto Fabra, que si bien ganó las elecciones de 2015 no pudo gobernar por el pacto del Botànic que dio a PSPV y Compromís la Presidencia.
De usar el coche oficial, Zaplana ha pasado a dejar su residencia en el centro de València detenido en un coche conducido por la Guardia Civil, tras cinco horas de registro en su vivienda, investigado por presuntamente aflorar dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana.
El ‘expresident’ comenzó a lanzar su carrera en Benidorm (Alicante) cuya alcaldía alcanzó en 1991 gracias al voto de una edil tránsfuga del PSPV, Maruja Sánchez. De ahí, pasó a la presidencia del PPCV y posteriormente a la de la Generalitat en 1995, tras una elecciones en las que obtuvo mayoría simple pero en las que el denominado ‘Pacto del Pollo’ con Unió Valenciana le llevó a presidir el Consell.
En 2002, Aznar le llamó para ocupar la cartera de ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y aunque en repetidas ocasiones él había expresado que no tenía mejor destino que dirigir la Comunitat, se marchó a ocupar el Ministerio y más tarde la portavocía del PP en el Congreso.
Su trayectoria política le permitía decir, en los actos oficiales por el 9 d’Octubre en la Comunitat Valenciana, en 2012, que no había tenido durante su responsabilidad ningún problema judicial. De hecho, recientemente lamentaba, en un acto público en València, que el PP había «renunciado a tener un relato sobre lo que ha aportado a esta tierra desde el año 95» y añadía: «Sin saber bien de dónde se viene, asumiendo los errores que haya que asumir, resaltando los logros obtenidos, es muy complicado explicar bien dónde quieres ir».
TERRA MÍTICA
Sin embargo, pese a no haber tenido ningún problema judicial, sí se vio salpicado por algún caso. Como el de Terra Mítica, que acabó con dos exdirectivos del parque –entre ellos su excuñado– y 20 empresarios condenados por la trama de facturas falsas, una investigación que arrancó de la mano de Fiscalía ya en 2005.
En este caso, Zaplana se vio relacionado porque exdiputados del PSPV habían asegurado que dos de los empresarios implicados les habían dicho que el exministro era uno los comisionistas del parque temático que él mismo impulsó.
Los exparlamentarios grabaron las conversaciones con los empresarios, contra los que se querelló Zaplana, aunque fueron absueltos al retirar la acusación el afectado, que consideró que con la petición de perdón y una retractación de sus manifestaciones el daño había quedado reparado. Asimismo, los empresarios llegaron a decir que los exdiputados socialistas les habían ofrecido contratos si inculpaban en esta causa al expresidente de la Generalitat.
Durante su etapa al frente de la Generalitat se gestó judicialmente también el caso Ivex, en el que se investiga si hubo falsedad documental y malversación de fondos públicos en la forma en la que entonces el Instituto Valenciano de la Exportación pagó al cantante Julio Iglesias para ser la imagen de la Comunitat Valenciana, un contrato que se remonta a 1997 y por el que el intérprete llegó a proclamar que sería la imagen de Valencia hasta que se muriera.
Iglesias reconoció a un juez dominicano que recibió seis millones de euros por ese contrato, cuatro más de lo que oficialmente se había admitido.
CONVERSACIÓN CON GONZÁLEZ
El pasado mes de diciembre Zaplana tuvo que declarar en calidad de testigo en la Audiencia Nacional por los ‘pinchazos’ de una conversación mantenida con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sobre una grabación con la que se chantajeó presuntamente al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.
En esta conversación, que ambos mantuvieron en el despacho de González antes de ser detenido en el marco de la operación ‘Lezo’, se hacía referencia a una cinta en la que un empresario reconoció supuestamente unos pagos en ‘b’ al PP en 2008. Por estos hechos, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa también conocida como ‘los papeles de Bárcenas’ citó a Zaplana, quien reconoció que se produjo la conversación y que González le habló de la existencia del vídeo pero se desvinculó de la presunta financiación irregular del PP asegurando que él había abandonado la política en el año 2008.
Sin embargo, precisamente sobre la presunta financiación irregular del PP, su sucesor en el cargo y enfrentado políticamente con él desde su sucesión –la guerra abierta entre campsistas y zaplanistas fue dura durante una larga temporada en el PPCV por el relevo en el partido– le acusó de ser la persona que introdujo la trama Gürtel en Valencia en el año 2002.
«El presidente del partido Eduardo Zaplana me dijo que esta persona (Álvaro Pérez) era la que se iba a encargar de los actos. Era el año 2002″, afirmó Camps como testigo en el juicio de la Gürtel, algo que el exministro no tardó en contestar, horas después con un comunicado: «De ser cierto lo afirmado por el sr. Camps, sería lo único en lo que habría seguido mis directrices», afirmaba Zaplana, en alusión a sus desencuentros.
Las de González no son las únicas conversaciones en las que salió a relucir el nombre de Zaplana. Anteriormente lo hizo en unas anuladas al concejal del PP de Valencia en 1990 Salvador Palop, en el caso Naseiro, pero que fueron anuladas por el Supremo.
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La familia de Edwin Arrieta rompe su silencio tras la sentencia de Daniel Sancho
Publicado
hace 22 horasen
25 septiembre, 2026
Los familiares del cirujano colombiano reciben con respeto la confirmación de la cadena perpetua y lanzan un mensaje directo al condenado
La familia de Edwin Arrieta ha reaccionado a la decisión de la Justicia tailandesa de mantener la cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano en agosto de 2023. Los allegados de Arrieta han difundido un comunicado en el que aseguran que reciben «con respeto» la resolución y reclaman al condenado que reconozca los hechos y asuma sus responsabilidades.
El Tribunal Provincial de Samui ha desestimado los recursos presentados contra la sentencia de primera instancia y ha confirmado la condena a cadena perpetua impuesta a Sancho. La resolución fue elaborada por el Tribunal de Apelaciones de Phuket y comunicada este viernes en una sesión a puerta cerrada.
La familia Arrieta: «Supone el reconocimiento de la gravedad de los hechos»
En su comunicado, los familiares de Edwin Arrieta señalan que la confirmación de la condena supone el reconocimiento de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad penal establecida en la sentencia de primera instancia.
La familia recuerda que la resolución mantiene la cadena perpetua dictada en agosto de 2024 y rechaza el recurso presentado por la defensa de Daniel Sancho, que solicitaba una repetición del juicio y la incorporación de nuevos testigos.
Los allegados del cirujano colombiano aseguran que ahora analizarán «jurídicamente en profundidad» la resolución, especialmente sus efectos y las cuestiones que todavía permanecen pendientes dentro del procedimiento.
«Nadie busca venganza»
El comunicado de la familia Arrieta también incluye un mensaje especialmente dirigido a Daniel Sancho.
«Nadie busca venganza y nada puede devolver a Edwin a su familia ni reparar el sufrimiento causado», señalan los familiares, antes de plantear una petición al condenado.
«¿No es ya momento de reconocer los hechos, pedir un perdón sincero, asumir plenamente las responsabilidades y dejar descansar a Edwin?», concluyen.
La familia considera que, más allá de la decisión judicial, ninguna condena puede devolver a Edwin Arrieta a sus seres queridos ni reparar el dolor provocado por su muerte.
La defensa de Daniel Sancho había pedido repetir el juicio
La defensa de Daniel Sancho había recurrido la sentencia de primera instancia y solicitaba que se repitiera el juicio o se celebrara una nueva vista con nuevos testigos.
Los abogados del español sostenían que la muerte de Arrieta se produjo durante una pelea y cuestionaban la calificación de asesinato premeditado establecida por el tribunal tailandés.
La Justicia de Tailandia ha rechazado ahora esos argumentos y mantiene la condena a cadena perpetua.
La petición de pena de muerte de la familia Arrieta sigue pendiente
La resolución conocida este viernes no cierra todas las cuestiones planteadas por las partes.
La acusación particular, en representación de la familia de Edwin Arrieta, también presentó un recurso para solicitar que se elevara la pena a pena de muerte y que aumentara la indemnización fijada en la sentencia de primera instancia.
Ese recurso todavía no ha sido resuelto, según la información publicada este viernes por medios como EFE y EL PAÍS.
Por tanto, la decisión conocida este viernes mantiene la cadena perpetua para Daniel Sancho, pero quedan cuestiones pendientes dentro del procedimiento judicial tailandés.
Más de tres años después de la muerte de Edwin Arrieta
Edwin Arrieta murió el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Phangan. Daniel Sancho fue condenado en agosto de 2024 por el asesinato premeditado, además de otros delitos relacionados con la ocultación y el descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima.
Ahora, más de tres años después de los hechos, la Justicia tailandesa ha confirmado en esta primera revisión la condena a cadena perpetua.
El procedimiento todavía puede tener recorrido judicial. Tanto la defensa como la acusación disponen de vías adicionales de recurso antes de que la sentencia pueda considerarse definitivamente firme.
Para la familia Arrieta, el nuevo pronunciamiento judicial supone un paso más en un proceso que, según trasladan en su comunicado, no busca venganza sino el reconocimiento de la responsabilidad por la muerte de Edwin.
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