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Sucesos

Arrestadas diez personas por más de 90 robos en chalés

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Jun. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Guardia Civil han detenido a diez personas por su presunta implicación en más de 90 hechos ilícitos, principalmente robos y hurtos en casas de campo, chalés y viviendas que estuvieran aisladas y desokupadas en diferentes comarcas de la provincia de Valencia, como la del Camp del Turia, Hoya de Buñol-Chiva y Ribera Alta, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La desarticulación se ha llevado a cabo en en denominada operación ‘Itiner’, iniciada el pasado mes de julio de 2017 por la Guardia Civil de Chiva al objeto de poder localizar y detener a los autores de estos hechos delictivos. Una parte de los detenidos supuestamente se dedicaba a okupar viviendas cercanas a los lugares de los robos para depositar lo sustraído y en las que se hacían pasar por vecinos.

Fruto de las investigaciones realizadas, se pudo comprobar que se trataba de una organización criminal «perfectamente estructurada». Una vez identificados y localizados los presuntos autores, los agentes procedieron a la detención de sus diez integrantes.

La fase de explotación de esta operación culminó el pasado 4 de junio con la detención de tres mujeres y siete hombres de edades comprendidas entre los 22 y 67 años, todos ellos de nacionalidad española, presuntamente implicados en distinto grado en robos con fuerza en las cosas, en interior de viviendas, usurpación de inmuebles, apropiación indebida, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita, delito contra la seguridad colectiva por tráfico de drogas y estupefacientes (cannabis y speed) y maltrato animal.

RED «PERFECTAMENTE ORGANIZADA»
Los agentes pudieron constatar que se trataba de una organización criminal «perfectamente organizada» con una distribución de funciones «claramente establecida», que actuaba bajo la dirección del cabecilla de la organización, que daba las órdenes a los demás integrantes de la red para que cometieran los robos en interior de casas de campo, chalés y viviendas y, en ocasiones, participaba junto con ellos.

Los miembros de la organización estaban «altamente especializados» y cada uno tenía un rol definido y previamente acordado dentro de la estructura jerarquizada, dividiéndose cada uno de los participantes en ‘buscadores’, ‘usurpadores’, ‘salteadores’ y ‘vendedores’.

El ‘buscador’ era la persona que se dedicaba en exclusiva a localizar y elegir, preferentemente por toda la provincia de Valencia, domicilios vacíos ubicados en urbanizaciones con una «alta densidad» de población que reunieran las «condiciones adecuadas» para el fin que buscaba la organización.

PERROS DE RAZA PELIGROSA
Los ‘usurpadores’ eran los miembros de la organización que supuestamente okupaban los inmuebles de forma ilícita –principalmente en zonas de Chiva, Turís, Godelleta y Pobla de Vallbona–, se enganchaban ilegalmente a la luz, introducían varios perros de raza peligrosa con funciones de guarda, para dar la apariencia de ser unos «vecinos más» de la urbanización.

Allí residían de forma temporal y alterna en ellos (una media de dos o tres meses), hasta que llamaban la atención de los vecinos y las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona, momento en el que abandonaban la vivienda ocupada.

Previamente, según la Guardia Civil, destrozaban el mobiliario, fracturaban paredes, techos y robaban mesas, sillas o sanitarios. Además extraían el cobre de la instalación del inmueble y se llevaban los perros peligrosos.

Los ‘salteadores’ actuaban conjuntamente con varios miembros de la organización y tras obtener información, realizaban reconocimientos previos en las zonas donde tenían previsto cometer los robos para concretar las casas de campo, chalés y viviendas susceptibles de ser robadas, controlando las rutinas, hábitos y horarios de entrada y salida de los vecinos.

Aprovechaban el momento en que Estos no se encontraban en el interior para asaltar las viviendas y hacerse con objetos de valor. Los presuntos autores de los hechos llevaban a cabo un «alto número de robos» con fuerza en interior de chalés cercanos y adyacentes a la urbanización donde se ubicaban inicialmente.

El modus operandi en la mayoría de los casos consistía en saltar la valla de la casa y buscar una ventana de una cocina o comedor para forzarla y acceder al interior, principalmente por la tarde-noche, tras asegurarse de que los propietarios no se encontraban dentro.

Una vez dentro, sustraían multitud de efectos y los dejaban depositados en la vivienda oKupada ilegalmente por los usurpadores. Los ‘vendedores’, eran los miembros de la organización que daban salida a lo robado en el mercado ilegal «con gran rapidez».

NUEVAS OKUPACIONES
Una vez que los miembros de la organización abandonaban el inmueble que ocupaban ilegalmente, volvían ocupar otra vivienda desocupada en otra urbanización de diferente término municipal, para no levantar sospechas y continuaban con las sustracciones.

Los agentes han recuperado más de 150 efectos procedentes de los robos, como teléfonos móviles, tablets, televisores, ordenadores portátiles, una lavadora, play station, pequeños electrodomésticos, numerosos aparatos tecnológicos de música, audio, estética, aparatos electrónicos de música, varios cascos de moto, dos bicicletas de montaña, joyas y bisutería, sillas de bebés, material de obra, 385 euros en dinero en metálico, un juego de vajillas de 22 platos y una defensa semirrígida.

Además, se han incautado de sustancias estupefacientes –cannabis y speed–, dos básculas de precisión, numerosas herramientas mecánicas y un pasamontañas; un turismo propiedad de uno de los miembros de la organización y seis perros, cinco de ellos de raza potencialmente peligrosa, algunos de los cuales no contaban con las cartillas sanitarias ni se encontraban identificados.

Los animales fueron localizados en «pésimas» condiciones higiénico sanitarias en una de las viviendas objeto del registro domiciliario, y fueron trasladados a una protectora de animales.

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Castigos, intimidación y jornadas de seis horas: la Generalitat cierra el polémico centro de menores de Aspe

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La Generalitat Valenciana ha ordenado el cese de la actividad de Huize Soria, un centro situado en el entorno rural de Aspe (Alicante) que durante alrededor de dos décadas ha acogido a menores neerlandeses con problemas de conducta. La decisión se produce después de una investigación sobre los métodos utilizados con los adolescentes y tras constatar que la instalación no disponía de la autorización administrativa necesaria para funcionar como centro de servicios sociales.

El centro se encuentra en el foco de la polémica después de que una investigación de la televisión pública neerlandesa y posteriores informes recogieran denuncias sobre supuestos castigos, restricciones y medidas consideradas coercitivas contra algunos de los menores. Entre las prácticas denunciadas figuran la reducción de comida como castigo, inmovilizaciones físicas y jornadas de actividades de hasta seis horas.

Denuncias de castigos y jornadas de trabajo

Las primeras denuncias conocidas se remontan al menos a 2021, cuando cinco jóvenes acudieron al Defensor del Menor de Ámsterdam para explicar las condiciones que, según sus testimonios, habían vivido durante su estancia en Huize Soria.

Posteriormente se encargó una investigación independiente a petición de organizaciones asistenciales neerlandesas. Sus conclusiones describieron una “cultura represiva” en el centro y cuestionaron algunas de las medidas restrictivas aplicadas a los jóvenes.

Entre las prácticas denunciadas aparecen la reducción de la cantidad de comida, obligar a algunos jóvenes a permanecer sentados sobre un poste y actuaciones físicas para inmovilizarlos. También se han denunciado restricciones para mantener conversaciones privadas con familiares o tutores y el uso intimidatorio de un perro de seguridad.

Los jóvenes también describieron jornadas de hasta seis horas realizando tareas como retirar malas hierbas, cavar zanjas, plantar árboles o cepillar caballos. El centro defendía estas actividades como parte de su programa basado en el trabajo, la disciplina, el contacto con la naturaleza y el cuidado de animales.

La Generalitat detecta que el centro no tenía autorización

La investigación también puso el foco en la situación administrativa de Huize Soria. La Conselleria de Servicios Sociales envió a su servicio de inspección para comprobar qué actividad se desarrollaba en las instalaciones y requirió a los responsables la documentación necesaria para acreditar su funcionamiento.

La Generalitat constató que Huize Soria no constaba como centro autorizado para prestar servicios sociales, según la información publicada sobre la inspección. Ante esta situación, la Administración valenciana ha ordenado el cese de la actividad y contempla las actuaciones administrativas y legales que correspondan si no se cumple la orden.

Un centro con 20 años de actividad en Aspe

Huize Soria llevaba aproximadamente 20 años vinculado a Aspe y por sus instalaciones habrían pasado alrededor de 265 menores neerlandeses.

El proyecto estaba dirigido a adolescentes con problemas de conducta y, en algunos casos, con antecedentes relacionados con adicciones. Las estancias podían prolongarse entre uno y dos años y el programa combinaba disciplina, actividad física, contacto con animales y tareas en el entorno rural.

El centro también había establecido vínculos con colectivos de la localidad. Según la información publicada, la finca había colaborado con asociaciones de personas con diversidad funcional y con alumnos del IES Villa de Aspe, que acudían a las instalaciones para realizar actividades con los menores y los animales.

El Ayuntamiento de Aspe ha señalado que durante las últimas dos décadas no había tenido conocimiento de problemas graves relacionados con el funcionamiento de Huize Soria y que los incidentes que habían trascendido estaban relacionados principalmente con cuestiones disciplinarias o alguna fuga.

Huize Soria rechaza las acusaciones

La dirección de Huize Soria rechaza las acusaciones sobre sus métodos y defiende el trabajo realizado con jóvenes vulnerables.

La entidad sostiene que mantiene una relación abierta con la localidad de Aspe y que sus instalaciones han acogido a vecinos, estudiantes y profesores, además de colaborar con organizaciones locales. También sostiene que las informaciones difundidas no reflejan adecuadamente el trabajo realizado por sus profesionales.

Según la investigación neerlandesa, algunos organismos de protección de menores retiraron a jóvenes del centro después de conocer las denuncias. Aun así, otras organizaciones continuaron realizando derivaciones durante un tiempo.

El caso también afecta a los traslados desde Países Bajos

La polémica no se limita a las condiciones del centro. La investigación neerlandesa también puso el foco en los procedimientos utilizados para trasladar a menores desde Países Bajos a España.

Desde 2022, los traslados transfronterizos de menores dentro de la Unión Europea requieren el consentimiento previo de las autoridades del país de destino en determinados supuestos. Una investigación neerlandesa señaló que algunas organizaciones realizaron derivaciones a Huize Soria sin contar con esa autorización.

La Inspección de Sanidad y Juventud de Países Bajos (IGJ) había recibido información sobre las denuncias, aunque no tiene competencias para inspeccionar directamente centros situados fuera del país. Según la investigación de Nieuwsuur, su último contacto con las autoridades españolas sobre Huize Soria se remontaba a 2016.

La actuación de la Generalitat abre ahora una nueva fase administrativa sobre la situación del centro en Aspe, mientras continúan examinándose las denuncias sobre las condiciones en las que permanecieron algunos de los menores.

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