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Begoña Gómez se autoincrimina por error: admite ante el juez que la directora de Moncloa trabajaba para ella

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Begoña Gómez
Sánchez ocultó que Begoña Gómez estaba imputada-CAPTURA DE PANTALLA

La defensa de Begoña Gómez entrega correos que implican a Cristina Álvarez como su asistente personal

Los correos de Cristina Álvarez destapan su rol en gestiones privadas

La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha presentado al juez Juan Carlos Peinado correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, actuaba como asistente personal de Gómez en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este hecho refuerza las acusaciones de uso indebido de un cargo público para actividades privadas.

Delitos imputados a Begoña Gómez

Begoña Gómez enfrenta acusaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estos últimos delitos están relacionados con el registro a su nombre de la marca TSC Transformación Social Competitiva, que ofrecía una plataforma idéntica a una desarrollada para la Complutense. La plataforma de la UCM fue financiada con recursos públicos y empresas privadas, lo que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades.


Cristina Álvarez como pieza clave en las gestiones de Begoña Gómez

Las tareas asignadas a Cristina Álvarez

Entre los correos presentados como prueba, se incluye uno enviado por la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM en mayo de 2023 a Gómez y Álvarez, adjuntando los pliegos técnicos para la contratación de un servicio vinculado a la plataforma.

Los documentos confirman que Álvarez gestionaba aspectos operativos relacionados con la cátedra de Gómez, como la incorporación de empresas al convenio y la organización de eventos. Incluso, utilizaba su correo privado para comunicarse con empresas como Reale Seguros, pidiéndoles continuar como patrocinadores de la cátedra.


Relación entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez

Vínculo profesional desde los años 90

Gómez y Álvarez mantienen una relación profesional que se remonta a los años 90, cuando ambas trabajaron en la consultora de marketing Inmark. Gómez ocupaba un cargo estratégico en España y Portugal, mientras que Álvarez era gerente. En 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia, Álvarez fue incorporada a Moncloa. En los correos, Gómez se refiere a ella como “mi compañera”.


Estrategia de la defensa: Testigos clave para el caso

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha solicitado al juez la declaración de cuatro altos cargos de la Complutense para reforzar su versión, incluyendo a:

  • María José Sánchez Rosales y Carmen Mitxelena Camiruaga (Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM).
  • María Elvira Gutiérrez-Vierna (interventora de la universidad).
  • Zulma Escalante (codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG).

Además, pide que se cite a María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI).


¿Qué implicaciones tiene este caso?

El caso plantea preguntas sobre el posible uso indebido de recursos públicos y la ética en la gestión gubernamental. Las pruebas presentadas no solo complican la defensa de Gómez, sino que también ponen el foco en el rol de altos funcionarios de Moncloa en actividades privadas.

Se espera que el juez Peinado tome decisiones clave en las próximas semanas, mientras la controversia política y mediática sigue creciendo.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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