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Sucesos

Condenan a Almudena Ramón a 3,5 años de prisión por estafar a lesionados medulares

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VALÈNCIA, 27 Ene. 2026 – La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Almudena Ramón, investigadora científica, y a su pareja a tres años y medio de prisión por un delito continuado de estafa agravada, tras aprovecharse de personas con lesiones medulares a quienes ofrecían una supuesta terapia médica experimental.

Según la sentencia, los condenados promocionaron una “Terapia Regenerativa Medular” desde un centro privado, ofreciendo diagnósticos y tratamientos que carecían de validación científica y autorización sanitaria.

Terapia fraudulenta y engaño a pacientes

La investigación judicial confirmó que la terapia, presentada como innovadora y con supuesta eficacia para personas con lesiones de médula espinal, no tenía respaldo clínico ni ensayos que demostraran su efectividad. Los pacientes pagaban por tratamientos que nunca se completaron, mientras que los acusados mantenían la apariencia de profesionalidad científica.

La sentencia subraya que los acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad de personas gravemente afectadas, haciendo creer que podían mejorar o curar su condición mediante un tratamiento inexistente.

Multas e indemnizaciones

Además de la pena de prisión, la sentencia obliga a Ramón y a su pareja a pagar una multa económica y a indemnizar a varios pacientes, con cantidades que oscilan entre 400 y 9.000 euros, por los daños causados durante la estafa.

Repercusión del caso

Este fallo judicial se produce tras años de denuncias sobre prácticas médicas no reguladas en clínicas privadas de la Comunitat Valenciana. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de controles éticos y sanitarios estrictos para tratamientos médicos experimentales, especialmente cuando se dirigen a pacientes con graves secuelas físicas.

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Sucesos

Mueren 12 de los 110 perros rescatados en una parcela de Buñol en condiciones extremas de maltrato

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Doce de los 110 perros que fueron localizados hacinados y encadenados en una parcela de Buñol (Valencia) han fallecido debido a las graves secuelas de las condiciones en las que se encontraban. Los animales fueron intervenidos por la Guardia Civil tras una inspección que destapó un presunto caso de maltrato animal, con falta de agua y comida y unas instalaciones en condiciones higiénico-sanitarias deplorables.

La actuación comenzó después de que la Policía Local de Buñol alertara a la Guardia Civil de la presencia de numerosos perros en muy mal estado en una parcela del término municipal.

El pasado 26 de octubre, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) inspeccionaron el recinto y encontraron un total de 110 animales con un deficiente estado de salud. Los perros estaban hacinados, sin acceso a agua ni alimentos y rodeados de restos orgánicos y suciedad.

Perros encadenados en cobertizos y encerrados en pequeñas jaulas

La parcela estaba dividida en dos zonas. En la primera, situada en el exterior, se encontraba aproximadamente la mitad de los perros, atados en pequeños cobertizos de construcción muy precaria.

El resto de los animales estaba en el interior de una construcción rústica cerrada de unos 85 metros cuadrados. Algunos permanecían sujetos con cadenas cortas y otros estaban encerrados en jaulas de dimensiones reducidas.

Las condiciones de ambas zonas limitaban considerablemente la movilidad de los animales e impedían que pudieran descansar adecuadamente.

Ante la gravedad de la situación, los agentes intervinieron a los 110 perros y los trasladaron a una protectora para que recibieran atención veterinaria y los cuidados necesarios.

Sin embargo, 12 de ellos no consiguieron superar las secuelas derivadas de las condiciones en las que habían permanecido.

Detenido un hombre de 50 años por maltrato animal

Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 50 años y nacionalidad española, al que se atribuye un delito de maltrato animal.

Durante la intervención, los agentes también localizaron en la nave una escopeta del calibre 12 que no contaba con las medidas de seguridad reglamentarias.

La operación contó con la colaboración de la Policía Local de Buñol, cuyos efectivos participaron en las labores de contención, sujeción y estabilización de los perros para facilitar su traslado a la protectora.

Por su parte, el Ayuntamiento de Buñol asumió los gastos generados por los animales intervenidos.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Patrulla del Seprona de Utiel. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena, plaza número 1.

 

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