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Drogas, juguetes sexuales y una balanza de precisión: lo que halló la Policía en el apartamento del cura de Toledo en Torremolinos

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Carlos Loriente, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, fue detenido en Torremolinos por posesión de ‘cocaína rosa’ (tusi), balanzas para pesar droga y objetos sexuales.

Un escándalo sacude a la Iglesia española tras la detención de Carlos Loriente, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, en un apartamento vacacional de Torremolinos. Durante un registro policial, agentes encontraron más de diez dosis de ‘tusi’, también conocida como cocaína rosa, balanzas de precisión y juguetes sexuales, lo que ha provocado una enorme polémica en redes sociales y en la comunidad eclesiástica.

Una fiesta, un escándalo y una detención por drogas

La intervención policial se produjo de madrugada, tras una llamada de emergencia por el comportamiento agresivo de uno de los acompañantes del sacerdote, quien amenazó con tirarse desde una terraza. Al llegar los agentes, y tras calmar la situación, se procedió a cachear a los presentes. Fue entonces cuando hallaron en poder del sacerdote drogas sintéticas como MDMA y mefedrona, y varias papelinas de tusi, una potente sustancia alucinógena.

El registro del apartamento reveló más sorpresas

Con el consentimiento del detenido, la Policía Nacional registró el apartamento turístico alquilado, descubriendo balanzas digitales de precisión, una bolsita monodosis con restos de droga, evidencias de consumo reciente y una colección de objetos sexuales.

¿Qué es el ‘tusi’ o cocaína rosa?

El tusi, también conocido como cocaína rosa, es una droga de diseño cada vez más presente en entornos de ocio de alto poder adquisitivo. Aunque su nombre sugiere que contiene cocaína, en la mayoría de los casos está compuesta por una mezcla de ketamina, MDMA, cafeína y otros químicos sintéticos. Su precio ronda los 100 euros por gramo, el doble que la cocaína tradicional.

Los efectos incluyen euforia, desinhibición, alucinaciones visuales, insomnio y crisis de ansiedad, y su consumo puede derivar en consecuencias graves como ataques de pánico, convulsiones o problemas cardíacos.


Reacción del Arzobispado de Toledo: «Pedimos perdón al pueblo de Dios»

En un comunicado oficial, el Arzobispado de Toledo ha lamentado «profundamente» los hechos y ha anunciado la suspensión cautelar del sacerdote Carlos Loriente, así como la apertura de una investigación interna.

«Reprobamos cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer este sacerdote. Expresamos nuestra total confianza en la justicia y pedimos perdón al pueblo de Dios», señala el comunicado.

La Diócesis de Málaga también ha aclarado que el detenido «no pertenece a esta diócesis ni ha recibido ningún encargo pastoral en ella».


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Sucesos

17 años y 9 meses de cárcel para el hermano de Antonio Anglés por secuestrar y torturar a un hombre en Valencia

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hermano antonio angles
Un furgón y un coche patrulla de la Guardia Civil. EFE/Manuel Bruque/Archivo

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 17 años y 9 meses de prisión a Mauricio Anglés, hermano de Antonio Anglés, por participar en el secuestro y tortura de un hombre en noviembre de 2021. El condenado, que hace años cambió su identidad, deberá cumplir la pena por los delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia y daños.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia considera acreditada su participación en unos hechos en los que la víctima fue retenida durante varias horas, golpeada y amenazada para exigirle el pago de 200.000 euros.

Junto a Mauricio Anglés han sido condenados otros cinco hombres, con penas similares. El tribunal considera que las pruebas aportadas durante el juicio fueron «plurales, objetivas e idóneas» para desvirtuar la presunción de inocencia.

El secuestro se produjo en Valencia en noviembre de 2021

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2021, después de varios días de seguimientos a la víctima y de preparativos.

Según recoge la sentencia, los condenados se coordinaron con otras personas no identificadas para capturar al hombre y reclamarle una importante cantidad de dinero.

Los implicados prepararon dos furgonetas y esperaron a la víctima en el Camí Canyada de Roquet. Cuando pasó por la zona, bloquearon su vehículo colocando una furgoneta delante y otra detrás.

Varias personas con ropa oscura, pasamontañas y guantes bajaron de los vehículos y le apuntaron con armas de fuego para obligarle a salir de su coche.

Uno de los integrantes rompió una de las ventanillas y sacó a la víctima por la fuerza. A continuación, varios de los asaltantes comenzaron a golpearle por todo el cuerpo.

Lo trasladaron a una nave de Catarroja

Los agresores introdujeron al hombre en una de las furgonetas, donde lo esposaron, y se desplazaron hasta Catarroja, a una nave que en la investigación aparece identificada como una «cuadra».

La víctima permaneció durante horas dentro del vehículo, herida y engrilletada. Los condenados le quitaron la ropa y sus pertenencias y comenzaron a exigirle 200.000 euros a cambio de su libertad.

Ante la respuesta de la víctima, que aseguraba no disponer de esa cantidad, los secuestradores fueron reduciendo progresivamente el dinero que reclamaban.

Golpes, amenazas y torturas para exigirle dinero

Durante las horas que permaneció retenido, la víctima fue sometida a una violencia extrema.

Según la sentencia, los agresores le golpearon de forma continuada y utilizaron cadenas para azotarle. También le amenazaron con hacer daño a su mujer y a su hijo, al que sabían que llevaba a un colegio privado.

Los secuestradores llegaron a amenazarle con cortarle un dedo. Con unas tenazas le provocaron un corte en un dedo y otro en una oreja, además de clavarle una navaja en uno de los muslos.

La víctima insistía en que no tenía los 200.000 euros reclamados, aunque explicó que podía entregarles 2.000 euros en efectivo que tenía en su domicilio.

Los agresores continuaron golpeándole y amenazándole hasta provocarle un estado de semiinconsciencia. Según recoge la resolución judicial, fue quemado con brasas y le arrojaron un líquido sobre el cuerpo para comprobar si reaccionaba.

Los secuestradores abandonaron a la víctima en Paiporta

Finalmente, los condenados llegaron a la conclusión de que no conseguirían obtener el dinero que buscaban.

La víctima fue liberada y trasladada en la furgoneta hasta Paiporta, donde fue abandonada alrededor de las 22.00 horas.

Los móviles y las cámaras fueron claves para identificar a los acusados

La Audiencia Provincial de Valencia ha destacado el peso de las pruebas tecnológicas utilizadas durante la investigación.

Entre ellas se encuentran los datos obtenidos de teléfonos móviles, las grabaciones de cámaras de seguridad y los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los investigadores pudieron relacionar los teléfonos atribuidos a los acusados con los movimientos realizados durante los días previos y el día del secuestro.

La sentencia también destaca el histórico de geolocalización de una de las furgonetas utilizadas y las imágenes de diferentes cámaras de seguridad.

La defensa de Mauricio Anglés negó su participación

Durante el juicio, Mauricio Anglés negó los hechos y sostuvo que la tarde del secuestro había estado en una bolera y posteriormente en una discoteca.

El tribunal, sin embargo, considera que el conjunto de las pruebas practicadas permite acreditar la participación de los condenados.

La Audiencia también señala que los acusados mantenían algún tipo de relación entre ellos y con determinados vehículos que fueron utilizados para realizar seguimientos a la víctima.

La sentencia añade que varios de los condenados también tuvieron relación con una cuadra que reunía características compatibles con el lugar utilizado durante el secuestro, tanto por su ubicación como por sus accesos.

17 años y 9 meses de prisión

Mauricio Anglés ha sido condenado finalmente a 17 años y 9 meses de cárcel por los delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia y daños.

El condenado es uno de los hermanos de Antonio Anglés, señalado como uno de los principales sospechosos por el triple crimen de Alcàsser y desaparecido desde 1993.

La condena dictada ahora por la Audiencia Provincial de Valencia corresponde a unos hechos ocurridos casi tres décadas después del caso Alcàsser y está relacionada exclusivamente con el secuestro cometido en noviembre de 2021.

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