Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional pone fin a una organización criminal que explotaba a mujeres sudamericanas en un piso de citas en la Comunidad Valenciana

Gandia (Valencia), 6 de agosto de 2025 – Una red criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha sido desmantelada en Gandia, tras una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. El grupo, con ramificaciones internacionales, se dedicaba a captar y explotar sexualmente a mujeres, en su mayoría de origen colombiano y venezolano, tanto en sus países de origen como dentro del territorio español.

Captación de mujeres en situación de vulnerabilidad

La investigación se inició en 2024, tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido víctima de una red de trata en un piso de citas en Gandia. Según fuentes oficiales, la organización criminal captaba mujeres vulnerables en Sudamérica, especialmente en Colombia y Venezuela, a quienes prometían una vida mejor en Europa.

Muchas de las víctimas carecían de recursos económicos y opciones laborales reales, lo que las hacía especialmente susceptibles a falsas promesas de empleo bien remunerado en España.

Llegada a España y condiciones de explotación

Una vez que las mujeres aceptaban la oferta, la organización financiaba el viaje, incluyendo billetes de avión, hoteles, seguros de viaje y gastos para el cruce de fronteras. Antes de llegar a España, las víctimas eran instruidas para fingir ser turistas y evitar levantar sospechas en los controles fronterizos.

Al llegar a Gandia, las víctimas eran recibidas por el líder de la organización o sus colaboradores, y trasladadas directamente al piso de prostitución, donde eran obligadas a ejercer la prostitución desde el primer día.

Trabajaban 24 horas al día, los siete días de la semana, sin derecho a descanso ni a rechazar clientes o prácticas sexuales. Además, se les obligaba a consumir drogas como cocaína y tusi para satisfacer a los clientes y prolongar los servicios sexuales.

Control absoluto y explotación extrema

Las mujeres eran fotografiadas en ropa interior y sus imágenes eran utilizadas para promocionar sus servicios en páginas de contenido sexual. Si un cliente solicitaba un servicio fuera del piso, un miembro de la red las escoltaba y controlaba todo el proceso, asegurando que el dinero y la víctima estuvieran siempre bajo vigilancia.

El piso funcionaba como un entorno cerrado, en el que las víctimas no tenían libertad de movimiento ni control sobre los beneficios generados, de los cuales recibían un porcentaje ínfimo.

Organización jerárquica y blanqueo de capitales

La red criminal estaba altamente estructurada, con varios niveles operativos. Un primer grupo se encargaba de la captación de mujeres, otro de los traslados y logística, y un tercer nivel suministraba drogas a los clientes del prostíbulo.

El líder de la organización, de nacionalidad colombiana, ejercía un férreo control sobre todas las actividades. Se ha podido acreditar que también realizaban actividades de blanqueo de capitales a través de criptomonedas, talleres mecánicos ficticios y transferencias internacionales hacia países como Bulgaria, donde adquirían bienes inmuebles.

Siete detenidos y 38 víctimas identificadas

Durante el operativo, se practicaron siete registros: cuatro en viviendas particulares, uno en el piso de citas y dos en talleres mecánicos. Como resultado, se detuvo a siete personas, seis hombres de nacionalidades búlgara y rumana, y una mujer colombiana de 20 años. Tienen entre 35 y 54 años.

A los detenidos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En los registros, se incautaron:

• 15.870 euros en efectivo

• 14 teléfonos móviles

• 11 vehículos

• Sustancias estupefacientes (32 gramos de cocaína y 15 dosis de tusi)

• 250 pastillas de sildenafil (viagra)

• Relojes, libretas, cámaras y documentación incriminatoria

Hasta el momento, se han identificado 38 posibles víctimas, de las cuales seis ya han prestado declaración como testigos protegidos. Las diligencias han sido trasladadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gandia.

Un paso firme contra la explotación sexual

La desarticulación de esta red supone un golpe contundente contra las mafias de trata de personas en la Comunidad Valenciana, una región que sigue siendo objetivo de estas organizaciones por su ubicación estratégica.

La operación demuestra la importancia de la colaboración entre cuerpos policiales y la sensibilidad necesaria para atender denuncias de mujeres en situación de explotación. Las autoridades han recordado que la trata de personas es un delito grave que vulnera derechos humanos fundamentales y han animado a más víctimas a denunciar.

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