(EFE).- La Conselleria de Educación asegura que «no hay caso» en la posibilidad planteada hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano de que el decreto de plurilingüismo de 2017 sea inconstitucional, pues su derogación está «en marcha» y en cuanto esta sea efectiva, «automáticamente decae la causa».

El TSJCV ha pedido a la Diputación de Alicante, a la fiscalía y a la Generalitat, entre otras partes, que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto ley 3/2017.

Según la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la norma cuestionada es el decreto ley 3/2017 del Consell, ya que su propio título y exposición de motivos «ponen de relieve que pretende poner en marcha» el sistema de educación plurilingüe previsto por otro decreto, el 9/2017, que está suspendido cautelarmente por el propio TSJ.

Esta misma Sala ya declaró por sentencia el pasado mes de julio la nulidad parcial del decreto 9/2017 por considerar que discrimina a los alumnos que eligen la enseñanza en castellano, tras estimar un recurso del sindicato CSIF.

Ante la medida planteada hoy por el TSJCV, la Conselleria ha asegurado que, como han dicho ya «desde hace semanas», el proceso para derogar el decreto de plurilingüismo de 2017 «está en marcha».

«En breve será efectiva la derogación. Por tanto, con ella, automáticamente decae la causa por la cual la Diputación de Alicante está personada y en consecuencia decae el caso», añaden desde el departamento que dirige Vicent Marzà.

Por tanto, apuntan, «el decreto ley de septiembre no corre riesgo alguno. Conclusión: no hay caso»