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El gobierno de Diputación acuerda un «cierre ordenado» de Divalterra y respaldará a Gaspar como nuevo presidente
Publicado
hace 8 añosen
VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) –
El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia, presidido en funciones por Maria Josep Amigó (Compromís) tras la dimisión del socialista Jorge Rodríguez, investigado en la operación Alquería, ha acordado llevar a cabo un «cierre ordenado» de la empresa pública Divalterra. Asimismo, ha manifestado su decisión de respaldar al candidato socialista y diputado provincial de Hacienda, Toni Gaspar, como nuevo presidente de la institución provincial.
Estas medidas se han planteado este lunes en la reunión mantenida por el equipo de gobierno que conforman PSPV, Compromís, EUPV y València en Comú con el fin de abordar cuestiones tras la renuncia de Rodríguez como presidente tras su detención y puesta en libertad con cargos en la operación Alquería, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo en Divalterra.
Así lo ha indicado tras el encuentro Maria Josep Amigó, que ha destacado que el «cierre ordenado» de esta empresa pública, para el que no ha concretado fecha, se abordará «con todas las garantías jurídicas que hagan falta y los informes necesarios».
La presidenta en funciones ha comentado que la idea es ir vaciando de competencias Divalterra en favor de la corporación provincial o de otras administraciones como la Generalitat. Amigó ha comentado que el equipo de gobierno de la Diputación de Valencia tenía «desde hace tiempo» marcada «la hoja de ruta» para «ir vaciando de competencias» esta empresa pública. «Esto ya estaba en nuestra hoja de ruta desde hace tiempo. No es una cuestión que nos planteemos ahora de nuevas», ha declarado.
Igualmente, preguntada por el futuro del personal de administración de Divalterra, Amigó ha repetido que se tendrá que contar con un «estudio jurídico y técnico para ver cómo se puede hacer» el traspaso de los trabajadores. «Por eso hablamos de un cierre ordenado. No podemos ir a las bravas. Estamos hablando de muchas personas, más de 600 no solo brigadistas, y es necesario estudiar jurídica y técnicamente cómo se puede hacer», ha planteado.
Por otro lado, respecto al momento en el que podría hacerse efectivo el cierre de la empresa pública, la también vicepresidenta primera de la institución provincial ha asegurado que no se pueden «marcar plazos» y ha aludido de nuevo a los informes técnicos y jurídicos que se deben emitir.
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
«Dependerá de lo que jurídicamente podemos hacer. Necesitamos informes técnicos y jurídicos que nos digan de qué manera se podrá hacer el vaciado, siempre ordenado, de las competencias de Divalterra», ha expuesto, al tiempo que ha subrayado que en este proceso, «por supuesto, nunca se vulnerarán los derechos de los trabajadores y trabajadoras».
Amigó ha enviado, de este modo, un «mensaje de tranquilidad» a los empleados de la empresa pública y ha insistido en que «sus derechos nunca serán vulnerados». «Están por encima de cualquier cosa», ha afirmado Maria Josep Amigó. «Todos tenemos claro que la responsabilidad es importante. Hay muchos trabajadores. No podemos decir fechas ni decir lo vamos a hacer en uno o dos meses», ha dicho.
En este punto, preguntada por si los brigadistas de Divalterra seguirán dependiendo de la Diputación o de otra administración, ha señalado que «la cuestión es mirar si técnicamente podrán ser brigadistas de la Diputación, que será la primera finalidad» y «si no, ver si pueden transferirse las tareas que hacen los brigadistas a la Generalitat o a otras administraciones».
CESES EN DIVALTERRA
Maria Josep Amigó ha añadido que en el consejo de administración que está previsto que Divalterra celebre en breve, se producirá «el cese de los cogerentes y del secretario» de este órgano –Agustina Brines (ya cesada por Compromís), Xavier Simó y Jorge Cuerda, respectivamente–, igualmente detenidos en la operación Alquería. «Cesarán todos en el próximo consejo de administración, tanto los cogerente como el secretario del consejo de administración», ha dicho.
En cuanto al futuro de los asesores de Jorge Rodríguez también detenidos en la citada operación –Ricard Gallego y Manuel Reguart–, Amigó ha apuntado que «también cesarán» al cambiar el presidente de la institución provincial. «Cambiará el presidente y cuando se tome en consideración su renuncia, cesarán todos los asesores. Los suyos no serán renovados», ha declarado.
«APOYAREMOS AL CANDIDATO DEL PSOE»
Por otro lado, respecto a la elección del nuevo presidente de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó ha avanzado que el equipo de gobierno respaldará a Toni Gaspar, también alcalde de Faura (Valencia). De este modo, como ha explicado, ninguno de los otros tres grupos que integran el ejecutivo de esta institución presentará candidato a la presidencia.
Esta es la misma postura que se mantuvo al inicio de la legislatura, en 2015, cuando las cuatro formación que conforman el gobierno provincial –PSPV, Compromís, EU y València en Comú– apoyaron al candidato socialistas, entonces Jorge Rodríguez.
«El resto de miembros del equipo de gobierno no presentaremos candidato y apoyaremos al candidato del PSOE, que es Toni Gaspar», ha señalado Amigó, que ha indicado que este ha manifestado en la reunión de este lunes «su voluntad de presentarse como candidato a la presidencia» de la Diputación.
FECHAS EN LA JUNTA DE PORTAVOCES
La presidenta en funciones ha comentado, respecto a las fechas en las que se celebrará el pleno para ratificar la renuncia de Rodríguez y las reuniones pendientes en Divalterra, entre ellas el Consejo de Administración, que estas se cerrarán este martes en la Junta de Portavoces de la corporación provincial. «Mañana en la Junta de Portavoces cerraremos todas las fechas», ha aseverado.
La Diputación debe llevar a cabo otros dos plenos, el que servirá para que tome posesión la persona que sustituirá a Rodríguez como diputado provincial y el de elección del nuevo presidente. Amigó ha afirmado que se intentará «entre esta semana y la que viene hacer todos los plenos pendientes» y cumplir de este modo los plazos marcados.
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El juez da tres días a Zapatero para entregar toda la documentación sobre las joyas halladas en su despacho
Publicado
hace 16 horasen
21 septiembre, 2026
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un plazo de tres días a José Luis Rodríguez Zapatero para aportar toda la documentación que tenga en su poder sobre las joyas intervenidas en su despacho durante el registro realizado el pasado 19 de mayo.
La decisión se produce cuatro meses después del hallazgo de las piezas y mientras continúa la investigación del denominado caso Plus Ultra. El magistrado ha acordado además solicitar un nuevo informe pericial gemológico y joyero para determinar las características y el valor de las joyas.
El juez quiere saber cuánto valen las joyas de Zapatero
El nuevo análisis será realizado por la Joyería Yanes y deberá estudiar de forma individualizada cada una de las piezas intervenidas.
En concreto, el informe deberá determinar:
- La descripción detallada de cada joya.
- Los metales preciosos utilizados en su fabricación.
- Las piedras preciosas o gemas que incorpora cada pieza.
- Las marcas del fabricante, contrastes oficiales, numeraciones, grabados y otros elementos identificativos.
- La antigüedad aproximada de las joyas, cuando pueda determinarse.
- Cualquier otra circunstancia técnica relevante para la investigación.
- El valor de reposición actual de cada joya.
- El valor conjunto de todo el lote intervenido.
El juez considera que esta nueva diligencia es «pertinente, útil y necesaria» para esclarecer los hechos investigados y determinar la posible relevancia penal de las piezas intervenidas.
Zapatero tiene tres días para entregar la documentación
Además del informe pericial, Calama ha requerido a Rodríguez Zapatero para que, en un plazo de tres días, presente «toda la documentación que se encuentre en su poder» relacionada con las joyas.
El requerimiento busca aportar información sobre el origen, características y posible titularidad de las piezas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno.
Contra la resolución cabe presentar recurso de reforma en el plazo de tres días y recurso de apelación en cinco días.
Las joyas fueron encontradas en el registro del despacho
Las piezas fueron intervenidas durante el registro del despacho de Zapatero llevado a cabo el 19 de mayo en el marco de la investigación judicial del caso Plus Ultra.
El hallazgo de las joyas ha generado una de las líneas de investigación que ahora el juez pretende concretar mediante el nuevo informe pericial. La valoración de cada pieza y del conjunto permitirá incorporar al procedimiento datos objetivos sobre su naturaleza y valor económico.
Zapatero se refirió públicamente a las joyas por primera vez meses después de su hallazgo y aseguró que «son de la familia».
Las hijas de Zapatero declararán como investigadas
En la misma resolución, el juez Calama ha fijado también las declaraciones de Laura Rodríguez y Alba Rodríguez, hijas del expresidente, en calidad de investigadas.
Laura Rodríguez está citada el 30 de noviembre a las 09:00 horas, mientras que Alba Rodríguez deberá comparecer ese mismo día a las 12:00 horas.
Ambas fueron imputadas en junio dentro de la investigación que analiza, entre otros aspectos, las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Además, el juez ha citado como testigos el 19 de noviembre a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.
La investigación continúa abierta y las diligencias acordadas por el juez buscan determinar las circunstancias de los hechos investigados.
El informe pericial cifra las joyas en más de 1,3 millones de euros
Según la valoración realizada por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español, las piezas localizadas incluyen collares, pulseras, anillos, pendientes y relojes de alta gama elaborados en oro de 18 y 22 quilates, diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas procedentes de distintos países.
Entre las joyas de mayor valor destacan:
- Un collar de oro blanco con diamantes y esmeraldas naturales valorado en 278.000 euros.
- Otro collar con trece zafiros tasado en 220.000 euros.
- Una pieza con diamantes y cinco rubíes naturales valorada en 155.000 euros.
- Pulseras de hasta 100.000 euros.
- Pendientes con esmeraldas y diamantes tasados en 80.000 euros.
Además, el inventario incluye varios relojes de marcas como Omega, Longines, Pierre Balmain o Lorenz.
El juez investiga el origen de las piezas
La Audiencia Nacional ha abierto una nueva línea de investigación por presuntos delitos fiscales y de contrabando, al considerar que el origen de las joyas encontradas en una caja fuerte del despacho del expresidente no estaría debidamente justificado.
La causa se enmarca en una pieza separada del denominado ‘caso Plus Ultra’ y se encuentra actualmente en fase de instrucción.
Luis Arroyo reconoce el error
Tras conocerse el contenido del peritaje, Luis Arroyo ha reconocido públicamente que sus primeras declaraciones sobre el valor de las joyas fueron erróneas y ha pedido perdón por las informaciones facilitadas inicialmente.
La revelación del valor de las piezas ha incrementado la repercusión política y judicial del caso, mientras continúan las diligencias para determinar la procedencia y la situación fiscal de los bienes intervenidos.
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