MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) – El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha subrayado este miércoles en la vista celebrada en el alto tribunal para estudiar los recursos de los once condenados por amañar las adjudicaciones del expositor de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que la Gürtel es una «trama criminal que se dedicaba a saquear las arcas públicas» en esta región.

Así lo ha dicho el representante del ministerio público durante su intervención, en la que ha pedido que se rechacen todos los recursos presentados por las defensas y que se confirme la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en febrero de 2107. Los líderes de la red corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ están condenados a entre 12 y 13 años de prisión por estos hechos; pero también se penaron a exdirigentes políticos como Milagrosa Martínez o Rafael Betoret.

Para el fiscal del alto tribunal, «está perfectamente justificada la condena» porque se trata de una «trama criminal que se dedicaba a saquear las arcas públicas en la Comunidad Valenciana» y ha añadido que su actividad era «permanente en el tiempo» y que también se realizaba en «otras partes de la geografía española».

Zaragoza ha centrado gran parte de su exposición en la responsabilidad de los responsables políticos y los funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) en la adjudicación del montaje del ‘stand’ en Fitur en las ediciones de 2005 a 2009. «Estaba perfectamente integrados en este grupo», ha dicho.

«TODOS FORMABAN PARTE DE LA TRAMA»
Según ha explicado, los líderes de la Gürtel no son los únicos responsables de los amaños en la contratación, ya que tenían estrechas relaciones con políticos valencianos. Sobretodo el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ con la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, y con su jefe de Gabinete, Rafael Betoret.

«Todos los que trabajaban para Correa formaban parte de la trama», ha dicho y ha precisado que algunos de ellos tenían «papel secundario», como podía ocurrir con la administradora Isabel Jordán o la empleada Mónica Magariños. Lo mismo ocurre con los trabajadores de la Consellería de Turismo y de la AVT, a los que considera como «cooperadores necesarios», ha apuntado.

El fiscal ha continuado explicando que la trama tuvo una «profunda penetración» en las instituciones valencianas y que sus funcionarios hicieron «mucho más que mirar para otro lado», pues siguieron «órdenes de forma permanente y reiterada durante un espacio de cinco años». Se refiere al exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo Isaac Vidal; al exresponsable del servicio de Promoción de la Agencia de Turismo Jorge Guarro y a la excoordinadora de ferias de la AVT Ana Grau.

Para el fiscal, todos ellos no sólo negociaron y confeccionaron informes favorables para la adjudicación del montaje del expositor institucional a las empresas de Correa; sino que «favorecieron y consintieron» todos estos trámites, ha dicho haciendo especial hincapié en Martínez y Betoret.

MODIFICACIÓN DE PENAS POR EL DELITO DE MALVERSACIÓN
El ministerio público no recurrió la sentencia del TSJCV, pero sí impugnó todos los recursos de los condenados. En este sentido, ha solicitado al tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta que no acepte las alegaciones de dichos escritos sobre la nulidad de la causa por las irregularidades de las escuchas y grabaciones que dieron lugar al caso Gürtel porque no vulneraron ningún derecho fundamental.

No obstante, la Fiscalía sí que presentó ante el Tribunal Supremo un recurso para pedir la modificación de las penas impuestas por el delito continuado de malversación de fondos públicos para nueve de los condenados, ya que la sala fijó penas «inferiores al mínimo legalmente imponible». El fiscal Javier Zaragoza ha resaltado el «daño irreparable» ocasionado al «prestigio u organización» del servicio público ya que durante años pasó a estar «en manos privadas».

Las penas se podrían ver incrementadas con respecto a los años de inhabilitación, como ocurre con Correa, Crespo y ‘El Bigotes’, que aumentaría de 10 a 15 años. No obstante, a Betoret, Magariños, Guarro y Vidal sí que les afectaría en las penas de prisión impuestas, en un máximo de dos años.

Tal y como ha indicado el fiscal, Magariños y Betoret podría ver su condena por malversación de caudales públicos aumentada en un año, mientras que a los funcionarios de la AVT se les sumarían dos años.

CONDENA DEL TSJCV
El tribunal valenciano dio a conocer la sentencia que ahora se revisa el 10 de febrero de 2017 y que condenó a once de los 13 acusados. Esta es la primera condena que se ha impuesto sobre el ‘cabecilla’ de la Gürtel, penado con 13 años de prisión; Pablo Crespo, con 13 años y tres meses y ‘El Bigotes’, a 12 años y tres meses.

Los tres se encuentran pendientes de conocer la resolución de la Audiencia Nacional por los primeros años de actividad de la red encabezada por Correa (1999-2005), cuya vista oral concluyó en noviembre de 2017. Además, ahora mismo están siendo juzgados por otra pieza de la rama valenciana, relativa a la presunta financiación ilegal del PPCV.

El tribunal valenciano también condenó a la administradora Isabel Jordán –pendiente también de la sentencia de la Audiencia Nacional–, que fijó para ella seis años de prisión; al exgerente de Orange Market Cándido Herrero –está siendo juzgado por la presunta caja ‘b’ del PP valenciano– a cuatro años y cuatro meses; y a la exempleada Mónica Magariños, a tres años de cárcel.

Por otro lado, la sentencia condenatoria recayó contra exdirigentes políticos como Milagrosa Martínez, penada con nueve años de prisión; y Rafael Betoret, castigado a seis años de cárcel. Siete años de prisión se han impuesto para Isaac Vidal; cuatro años para Jorge Guarro; y tres años para Ana Grau, que fue absuelta del delito de malversación de caudales públicos.