La Fiscalía Anticorrupción estudiará al final del juicio de Gürtel si investiga al expresidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV Francisco Camps tras la confesión del ex secretario general del partido valenciano Ricardo Costa, quien le ha apuntado directamente como persona responsable de decidir la contratación con la empresa vinculada a la trama Orange Market.

El ministerio público se esperará a que concluya la vista, que arrancó hace una semana, para poder valorar la prueba practicada y la trascendencia de las declaraciones vertidas por Ricardo Costa, según fuentes de Fiscalía.

El ex secretario general apuntó en la sesión de este miércoles que fue Camps quien decidió contratar con Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que estos se financiasen en parte con «dinero negro».

En esta línea, también el responsable de Orange, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, advirtió en el juicio de que Camps era la persona que dio la orden a Costa para que la trama facturase los actos de campaña a otros empresarios; y el número dos, Pablo Crespo, llegó a afirmar que Pérez hacía «gestiones directas o indirectas» con el exjefe del Gobierno valenciano.

Tras estas revelaciones, según han apuntado juristas consultados por Europa Press, Camps podría enfrentarse a una investigación dentro del caso Gürtel por un presunto delito de malversación de caudales públicos, que no habría prescrito puesto que deberían haber transcurrido 15 años desde que se cometieron los hechos, que se remontan a 2007 y 2008.

Así lo contempla el artículo 432.2 del Código Penal, que recoge una pena de inhabilitación por malversar de 10 a 20 años cuando el daño causado al servicio público supere los 50.000 euros –requisito que en este caso se cumpliría–. Y sobre la prescripción de este delito, el artículo 131 indica que será de 15 años cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10. Lo que significaría que el delito supuestamente cometido por Camps como autoridad o funcionario público estaría activo, han apuntado las mismas fuentes.

Y la investigación por este delito se centraría en averiguar si Camps adjudicó contratos a empresarios u ordenó la adjudicación de los mismos a cambio de que éstos aportasen dinero para financiar al PPCV que él dirigía.

Las mismas fuentes descartan que se le pueda abrir a Camps una pieza por un delito electoral –que habría prescrito a los cinco años– o de cohecho que, en principio, tendría que conllevar un enriquecimiento personal al que en este caso no se ha aludido, puesto que el propio Costa afirmó ayer que rechazó que el partido abonase una factura a Orange Market de 20.000 euros para pagar unos trajes de chaqueta del exjefe del Consell.

Camps está citado para declarar en calidad de testigo, a petición de las defensas, el próximo 7 de marzo por las presuntas irregularidades en Gürtel, en un juicio que está previsto que concluya el 6 de abril si no hay variaciones en el calendario.

CAUSAS EN VALÈNCIA
La confesión de Costa en el juicio de Gürtel también podría complicar la situación judicial de Camps en València, donde se le investiga por presuntas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1, dentro de la conocida como causa de Valmor.

Según han recordado fuentes judiciales, el magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone supeditó el Gran Premio de Europa en València a que Camps fuera elegido presidente en las elecciones autonómicas de 2007. Si el triunfo del exjefe del Consell se pone en tela de juicio por una presunta actuación irregular, esto podría perjudicarle en su posición en esta causa.

Por otro lado, a Camps se le ha nombrado en la investigación del caso Imelsa, en concreto, en la pieza sobre presuntas adjudicaciones irregulares de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa). En concreto, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostenía que el exjefe del Consell «tendría en gran parte conocimiento de los hechos» relacionados con una presunta financiación irregular tanto del PPCV como del PP provincial.

En este procedimiento Camps no está investigado y ni tan siquiera ha sido citado a declarar en calidad de testigo, pero las revelaciones de Gürtel podrían afectar a su situación en el caso de que algunos procesados en Madrid quisieran mantener sus acusaciones contra Camps si declarasen como testigos en Imelsa.

Un empresario denuncia las mordidas

El expresidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón Vicente Monsonís ha asegurado este jueves que en la adjudicación de obra pública entre 1997 y 2005 en la Comunidad Valenciana –con el PP al frente– se hacían «modificaciones falsas» de «proyectos» que suponían «mordidas» de hasta el 30%, también conocidas como «pizzas».

«El meollo de la cuestión no eran las comisiones del 3% sino las modificaciones de los proyectos que implicaban modificaciones cuyo importe era el 30%. A esto se le denominaba pizza», ha señalado en declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, tras ser preguntado si el PP exigía comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, después de que el ex secretario general Ricardo Costa haya confesado la presunta financiación ilegal del partido.

Durante la sesión del juicio por la presunta financiación ilegal del PPCV en el caso Gürtel, Costa confirmó al juez que fue Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, el que decidió contratar con Orange Market –empresa vinculada a la trama– para organizar los actos de campaña de la elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Además, indicó que él, junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, ordenaron que el PP se financiase «con dinero en negro» para poder sufragar esos comicios.

El empresario valenciano ha explicado que quien «no contaba con la confianza» del PP con «los supuestos que imponían» no podía «entrar en determinadas obras», por lo que, según ha comentado, «determinadas empresas de mucha confianza llegaron a construir verdaderos monopolios artificiales». «Era un modus operandi circunscrito a determinadas empresas, no era una cuestión generalizada», ha añadido, al mismo tiempo que ha denunciado que le amenazaron por «negarse» a hacer estas prácticas.

No obstante, ha asegurado que «también hay otros partidos», aparte del PP, que «han entrado en este tipo de juegos» y ha explicado que, por tanto, «no es una cuestión de un único partido sino de empresas que cuentan con el apoyo ‘innecesario’ de determinados funcionarios». Además, ha apuntado que «tanto administraciones, como instituciones y empresas van de la mano», a lo que ha añadido: «Nadie está libre».

FABRA NUNCA LE PIDIÓ MORDIDA
Asimismo, ha apuntado que realizó «alguna obra muy puntual» para el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra cuando estaba en el cargo. Sin embargo, ha negado que este le pidiese «nunca» ninguna mordida.

Del mismo modo, ha confesado que «como político» Fabra «le gustaba» porque «puso a Castellón en el mapa» aunque, según ha remarcado, «fue un político de calado que se perdió en el laberinto de las empresas». «Como político me gustaba pero como persona es otra cosa muy distinta porque utilizaba la política para determinadas cuestiones», ha lamentado.

La Audiencia Provincial de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales. Unos meses más tarde, en julio de 2014 esta condena fue confirmada por el Tribunal Supremo.