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Camps vuelve a la Audiencia Nacional por Gürtel y denuncia una «persecución feroz» y «pactos obscenos»

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Camps vuelve a la Audiencia Nacional para ser juzgado por el caso Gürtel
El expresident de la Generalitat Francisco Camps. EFE/Manuel Bruque/Archivo

MadridValència, 30 ene (OFFICIAL PRESS/EFE).- El expresidente de la Generalitat Francisco Camps regresa este lunes a la Audiencia Nacional para ser juzgado por la presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel del montaje de un expositor de Fitur en 2009, después de que el tribunal suspendiese la semana pasada el inicio del juicio.

El presidente del tribunal que juzga esta pieza de la macrocausa de corrupción, la última que afecta a Camps, optó por aplazar el juicio para evitar causar indefensión a los acusados que abriese la puerta a la nulidad del procedimiento.

Todo ello debido a que algunas defensas no habían podido acceder a parte de la documentación del caso, como un escrito presentado por la Generalitat apenas unos días antes de la vista en el que modificaba sus conclusiones provisionales.

De este modo, el expresidente valenciano volverá a una de las últimas filas del banquillo de los acusados, donde se sentó la semana pasada apenas los veinte minutos que duró la jornada, acusado de los delitos de prevaricación y fraude por los que la Fiscalía reclama una condena de 2 años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación para él.

Camps, que lideró durante nueve años (2002-2011) el PP valenciano, insiste en su intención de regresar a la política y siempre ha combatido las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y ha defendido su inocencia, recalcando que ha sido eximido de las nueve causas que se dirigían contra él, una de ellas el denominado juicio «de los trajes», del que fue absuelto y que le llevó a dimitir.

«Nunca ocurrió absolutamente nada, ni con la Fórmula 1, ni con la visita del Papa, ni con la construcción del circuito, ni con el caso Nóos, ni con ningún tipo de relación de amistad, que es una cosa ya como de la Prehistoria», indicó minutos antes del juicio ante los periodistas que se congregaban el lunes pasado a las puertas de la Audiencia Nacional.

Aseguró el expresidente autonómico que ni él ni los altos cargos de su Gobierno que se sientan en el banquillo se llevaron «un solo euro al bolsillo» y cargó duramente contra el actual presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, por perseguirle, dijo, «de manera histérica y brutal».

Camps está acusado de dar instrucciones para que se adjudicase a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de un expositor del pabellón de la Comunidad en la feria de Fitur de 2009 por 366.529 euros.

Junto a él serán juzgados más de una veintena de acusados, incluidos varios ex altos cargos de su gobierno, y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.

Estos tres últimos forman parte de la decena de acusados que han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en busca de reducciones en sus peticiones de condena; también lo han hecho ex altos cargos de la Generalitat como Silvia Caballer, Vicente Farnós, Enrique Navarro o Enrique Bort.

Anticorrupción sostiene que las empresas de Gürtel se asentaron en la comunidad en 2003 para «aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció» Camps y «una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos».

También afirma que, en el caso de Fitur 2009, la adjudicación se produjo para «contentar» a la trama por la deuda que tenía Orange Market con el PP por la organización de actos del partido y que otros acusados se concertaron con el expresident para que «dispusiera lo necesario para que el contrato» fuera para esa mercantil.

Camps denuncia una «persecución feroz» y «pactos obscenos» de Anticorrupción

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha denunciado este lunes a las puertas de ser juzgado por el caso Gürtel una «persecución feroz» de la Fiscalía Anticorrupción y sus «pactos secretos y obscenos» y ha asegurado: «No temo absolutamente nada».

«Jamás he temido nada que tenga que ver con todo lo que durante estos años ha sido una persecución feroz de la Fiscalía Anticorrupción», ha subrayado en declaraciones a los periodistas antes de ser juzgado en la Audiencia Nacional por la presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel del montaje de un expositor de Fitur en 2009, después de que el tribunal suspendiese la semana pasada el inicio del juicio.

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y diez de inhabilitación para Camps, que ha vuelto a cargar duramente contra el actual president de la Generalitat, Ximo Puig, por perseguirle también de manera «feroz» y le ha instado a ser «valiente» para ponerse delante de los medios de comunicación y dar explicaciones.

El expresident y exlíder del PPCV ha denunciado los «pactos secretos y obscenos» de la Fiscalía Anticorrupción con algunas personas y ha insistido en que es una obscenidad que el Ministerio Público «busque a personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que se piden muchas veces».

El que arranca este lunes será su segundo juicio por Gürtel -el primero, conocido como el de «los trajes» y en el que acabó absuelto, le llevó a dimitir en 2011- y, según ha dicho, lo afronta sin temor alguno.

Junto a él serán juzgadas más de una veintena de personas, incluidos varios ex altos cargos del gobierno valenciano y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.

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Valencia

Este municipio multará hasta con 3.000 € la demanda y consumo de prostitución

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València, 12 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell (Valencia) sancionará con hasta 3.000 euros la demanda y consumo de prostitución en el municipio, con el objetivo de erradicar esta práctica y otras formas de explotación sexual y de proteger «los derechos de las víctimas del sistema prostitucional».

Así lo recoge la ordenanza municipal abolicionista de la prostitución y la explotación sexual, que ha sido aprobada definitivamente y que se publica este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOPV).

La norma articula una serie de medidas de carácter jurídico, así como recursos psicosociales, para defender y proteger a las mujeres víctimas de prostitución y de explotación sexual, y para garantizar la convivencia en el espacio público de manera que toda la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos.

Partiendo de la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, la ordenanza persigue erradicar la prostitución y la explotación sexual, y por ello, considera víctimas a todas las mujeres en situación de prostitución y sanciona la demanda como causa principal de la existencia de la prostitución.

La ordenanza considera las conductas tipificadas como infracción «atentados contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de prostitución y explotación sexual», y en ningún caso se sancionará por ello a las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual.

Así, establece que será infracción leve, con multas de 500 a 750 euros, colocar, repartir, divulgar y/o difundir publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo y/o mercado de la prostitución, así como el turismo sexual, cuando se utilice el espacio público o los elementos que lo integran.

Serán responsables de la realización de esta conducta quienes ejecuten materialmente la misma, además de quienes consten como anunciantes en el medio, formato y/o soporte que se trate en cada caso.

Como infracciones graves, se incluyen solicitar, negociar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, y realizar cualquier actividad de carácter sexual en el espacio público a cambio de retribución, en dinero o en especie, o cualquier otra contraprestación.

También colaborar con los demandantes de servicios sexuales con acciones como facilitar, vigilar y alertar sobre la presencia de agentes de la autoridad, y favorecer o promover el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, el mercado de la prostitución y/o el turismo sexual.

Las infracciones muy graves serán las mismas que las graves, cuando se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de distancia de centros docentes o educativos u otros lugares con afluencia de público infantil, o de espacios destinados a la celebración de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica y/o deportiva, con afluencia de público.

También cuando se realicen en puntos que impliquen una mayor vulnerabilidad para las personas en situación de prostitución por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a las vías de circulación de vehículos y espacios que impidan o dificulten la huida.

Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas con multa de 750,01 euros a 1.500 euros y prescribirán a los dos años, y las muy graves serán sancionadas con multa de 1.500,01 euros a 3.000 euros y prescribirán a los tres años, mientras que las leves lo harán a los seis meses.

La ordenanza es aplicable también a las conductas realizadas por personas menores de edad, con edad comprendida entre los 14 y 18 años.

 

 

 

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