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Frenaron su incineración y cuatro años después investigan si fue asesinado: el caso del empresario canario

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Sus tres hijas consiguieron frenar la incineración de Ángel Ferrera en 2022 para que se practicara una autopsia. Cuatro años después, unos análisis toxicológicos con niveles anómalos de varios metales han reabierto las sospechas

La muerte de Ángel Ferrera, uno de los empresarios más conocidos de Canarias y expresidente de Toyota Canarias, vuelve a estar bajo investigación judicial cuatro años después de su fallecimiento. El empresario murió el 15 de agosto de 2022, a los 79 años, tras luchar contra un cáncer de pulmón con metástasis. Sin embargo, unos nuevos resultados toxicológicos han reactivado las dudas sobre las circunstancias de su muerte y han situado a su segunda esposa bajo investigación por un posible homicidio.

El caso tiene su origen en las sospechas de sus tres hijas, Silvia, Sonia y Marta, que en agosto de 2022 lograron impedir judicialmente que el cuerpo de su padre fuera incinerado. Las hermanas pidieron que se practicara una autopsia antes de proceder a la cremación, al sospechar que la muerte podía no deberse únicamente a la enfermedad que padecía.

Los primeros análisis forenses apuntaron al cáncer como causa del fallecimiento y, en septiembre de aquel año, el juzgado autorizó finalmente la incineración. Cuatro años después, el Instituto Nacional de Toxicología ha detectado concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso en las muestras analizadas, según las informaciones publicadas sobre la investigación.

La Justicia trata ahora de esclarecer el origen de esas sustancias y determinar si existe una relación con la muerte del empresario.

La viuda, investigada por un posible homicidio

La segunda esposa de Ángel Ferrera, María Tavío, está siendo investigada en una causa penal abierta para esclarecer si el empresario murió exclusivamente por su enfermedad o si pudo existir una intervención delictiva.

En mayo de 2026, el juez acordó medidas cautelares contra ella: retirada del pasaporte, obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y una fianza de 160.000 euros. Estas medidas fueron solicitadas por las hijas del empresario y contaron con el respaldo de la Fiscalía.

La investigación permanece abierta y no existe una resolución judicial que determine que la viuda sea responsable de la muerte. La causa debe esclarecer las circunstancias del fallecimiento y el significado de los resultados toxicológicos.

El hallazgo de los metales no demuestra por sí solo que se produjera un envenenamiento ni permite establecer quién habría podido administrarlos. Los investigadores deben determinar su procedencia, las concentraciones detectadas y su posible relevancia para explicar la muerte.

Las hijas frenaron la incineración por sus sospechas

La incineración de Ángel Ferrera estaba prevista para el 16 de agosto de 2022 en el tanatorio de San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria. Su segunda esposa había organizado la despedida siguiendo, según las informaciones publicadas entonces, la voluntad del empresario de ser incinerado sin velatorio.

Sin embargo, sus tres hijas acudieron al juzgado de guardia para solicitar que se detuviera la cremación. Sospechaban que las circunstancias de los meses anteriores al fallecimiento debían investigarse y que era necesario conservar el cuerpo para practicar pruebas forenses.

La intervención judicial permitió realizar una autopsia y recoger muestras biológicas. El cadáver permaneció bajo custodia mientras se practicaban los análisis, que inicialmente atribuyeron el fallecimiento al cáncer de pulmón con metástasis.

El 12 de septiembre de 2022, después de recibir el informe forense, el juzgado autorizó la incineración. En aquel momento, los resultados disponibles no impedían la cremación y la causa oficial de la muerte seguía siendo la enfermedad oncológica.

La decisión de las hijas de acudir a la Justicia permitió conservar las muestras que ahora forman parte de la investigación. Los nuevos resultados toxicológicos han devuelto relevancia a aquella petición, aunque todavía no permiten concluir que la muerte fuera criminal.

Un cáncer avanzado y un conflicto familiar

Ángel Ferrera llevaba años luchando contra un cáncer de pulmón que terminó extendiéndose al cerebro y a los huesos. Durante la fase final de la enfermedad, su estado de salud se deterioró y recibió cuidados orientados a aliviar los síntomas.

Las sospechas de sus hijas se remontaban a meses antes de su muerte. Según las informaciones publicadas en 2022, las hermanas habían trasladado a su entorno sus dudas sobre la medicación que recibía su padre y habían promovido actuaciones judiciales relacionadas con la situación familiar.

El enfrentamiento entre las hijas de su primer matrimonio y su segunda esposa también se hizo visible durante los funerales. Mientras las hermanas organizaron una ceremonia religiosa en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, la viuda y personas de su entorno prepararon otra despedida en la Catedral de Canarias.

La disputa familiar se desarrolló en paralelo a las diligencias judiciales y a las pruebas destinadas a aclarar las circunstancias del fallecimiento.

Quién era Ángel Ferrera, uno de los empresarios más influyentes de Canarias

Ángel Ferrera desarrolló durante décadas una destacada trayectoria en el mundo empresarial del archipiélago. Fue presidente de Toyota Canarias durante cerca de 40 años y también estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Las Palmas durante quince años, entre 1986 y 2001.

Nacido en Avilés en 1943, se trasladó a Canarias durante su infancia y estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. A su regreso al archipiélago, construyó una carrera vinculada a grandes empresas y organizaciones económicas.

Su relación con Toyota comenzó en los años setenta y contribuyó a consolidar la presencia de la marca japonesa en las islas. También ocupó responsabilidades en otras compañías y participó en el desarrollo de organizaciones empresariales.

A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos por su contribución a la economía canaria, entre ellos la Medalla de Oro de Canarias y la distinción de Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria.

Su fallecimiento en agosto de 2022 fue comunicado como consecuencia de la enfermedad que padecía. Ahora, los nuevos resultados toxicológicos han llevado a la Justicia a revisar las circunstancias de aquella muerte.

Qué se sabe sobre la investigación en 2026

La causa judicial busca determinar si las concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso encontradas en las muestras de Ángel Ferrera tienen una explicación compatible con su enfermedad y sus circunstancias médicas o si pueden aportar indicios de un posible delito.

La viuda continúa investigada y su situación procesal no equivale a una condena. La investigación deberá establecer si existió homicidio, cuál fue la causa concreta del fallecimiento y si hay pruebas que permitan atribuir responsabilidades.

Cuatro años después de que sus hijas consiguieran detener la incineración, el caso vuelve a estar en el centro de la actualidad judicial. La autopsia que solicitaron en 2022 y las muestras que se conservaron constituyen ahora una parte relevante de las diligencias con las que se intenta esclarecer la muerte de uno de los empresarios más conocidos de Canarias.

 

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La ministra Tolón cobra por alquilar una vivienda VPO que solo puede usarse como residencia habitual

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Milagros Tolón niega irregularidades en el alquiler de su vivienda protegida en Toledo

La ministra de Educación asegura que pidió autorización a la Junta de Castilla-La Mancha y que cuenta con un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble, que adquirió en 1998.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha negado haber cometido irregularidades al alquilar una vivienda de protección oficial (VPO) de su propiedad en Toledo. La también exalcaldesa de la ciudad ha defendido que ha actuado siempre conforme a la normativa de Castilla-La Mancha y con total transparencia.

La polémica surge a raíz de una información publicada por Artículo14, que señala que Tolón estaría alquilando una vivienda protegida que, según las condiciones de este tipo de inmuebles, estaría destinada a servir como residencia de su propietaria.

Ante las preguntas de los periodistas, la ministra ha asegurado que compró la vivienda en 1998 y que se trata del único inmueble que posee. «Yo tengo una vivienda de hace 30 años, que efectivamente es mía desde el año 98», ha explicado, rechazando que exista intención de especular con el alquiler.

Tolón asegura que pidió autorización a la Junta

Uno de los principales argumentos de la ministra para defender la legalidad del arrendamiento es que, según ha explicado, solicitó autorización a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, administración competente en materia de vivienda.

«Yo pedí en ese caso autorización en su momento», ha afirmado al ser preguntada por este asunto. Tolón no ha detallado si recibió una resolución administrativa favorable, aunque ha insistido en que el alquiler cumple las condiciones exigidas por la normativa.

Además, ha asegurado que dispone de un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble una vez transcurridos 14 años desde su adquisición.

«Totalmente, cumple todos los requisitos», ha respondido al ser preguntada por el cumplimiento de las exigencias legales.

La ministra defiende que declaró la vivienda y los ingresos

Tolón también ha rechazado que haya ocultado información sobre la propiedad o los ingresos derivados del alquiler. Según ha explicado, tanto la vivienda como las cantidades percibidas aparecen reflejadas en sus declaraciones oficiales.

«Siempre he actuado con transparencia, siempre he actuado en mi declaración de bienes desde hace muchos años», ha señalado. La ministra ha insistido en que el inmueble es su única vivienda y que su situación patrimonial puede comprobarse en la documentación presentada.

La exalcaldesa de Toledo ha reiterado que nunca ha existido una operación especulativa y que ha cumplido con las obligaciones que le corresponden como propietaria de una vivienda protegida.

La polémica sobre el alquiler de una VPO

El caso ha abierto el debate sobre las condiciones que regulan el alquiler de las viviendas de protección oficial y las autorizaciones necesarias para destinarlas a ese uso.

La cuestión central es determinar si el arrendamiento del inmueble de Tolón se ajusta a las condiciones bajo las que fue adquirido y a la normativa autonómica aplicable. La ministra sostiene que cuenta con respaldo jurídico y que solicitó permiso a la administración regional.

Por el momento, Tolón mantiene su defensa de la legalidad de la operación y niega cualquier irregularidad en el alquiler de la vivienda protegida que compró hace casi tres décadas.

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