Los trabajadores y empresas de sectores con condiciones laborales extremas deberán pagar una cotización adicional para costear la pensión anticipada sin penalización

El Gobierno ha aprobado un nuevo decreto que permite la jubilación anticipada sin penalización económica para trabajadores de sectores con condiciones laborales peligrosas o insalubres, pero con una condición clave: serán los propios empleados y sus empresas quienes asuman el coste adicional mediante una cuota extra a la Seguridad Social.

La medida, impulsada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, busca reconocer la dureza de ciertas profesiones —como ya ocurre con mineros, bomberos o policías locales— e incluir a nuevos colectivos con altos índices de siniestralidad, morbilidad o desgaste psicofísico.

¿A quién afecta esta nueva jubilación anticipada?

El procedimiento está dirigido a trabajadores expuestos a condiciones penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres, y en los que no sea viable mejorar el entorno laboral. El Gobierno habilita así un sistema de coeficientes reductores de edad de jubilación, que se aplicarán tras una evaluación técnica de los riesgos y efectos en la salud, incluyendo indicadores como bajas médicas, mortalidad laboral, rotación o edad de los empleados.

La edad mínima de jubilación anticipada se mantiene en los 52 años, y no se podrá compatibilizar la pensión con la continuación en el mismo puesto de trabajo que originó dicha anticipación.

Financiación: cuota extra para trabajadores y empresas

El coste de estas jubilaciones anticipadas no será asumido por el sistema en su conjunto. En su lugar, cada colectivo con derecho a la jubilación anticipada deberá cotizar más, según lo establezca cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El incremento se aplicará como una sobrecotización sobre la base de contingencias comunes, que deberá ser cubierta proporcionalmente entre la empresa y el trabajador. Un ejemplo vigente es el de los policías locales, que ya abonan un 10,6% adicional: el 8,84% a cargo de los ayuntamientos y el 1,76% por parte de los agentes.

UGT respalda la medida como vía de sostenibilidad

Desde el sindicato UGT valoran positivamente esta fórmula de financiación, argumentando que evita cargar sobre toda la ciudadanía el coste de jubilaciones anticipadas por condiciones laborales extremas. El sistema garantiza que solo los sectores beneficiados asuman el sobrecoste, incluso en el caso de trabajadores autónomos, quienes cubrirán íntegramente la nueva cotización.

UGT destaca que esta propuesta concuerda con la protección de la salud laboral y con el mantenimiento del equilibrio económico de la Seguridad Social, actualmente bajo presión por la incorporación de los primeros jubilados del baby boom.

Reformas en equilibrio: entre prolongar la vida laboral y facilitar el retiro justo

Esta nueva medida se integra en el complejo equilibrio de reformas del sistema de pensiones: por un lado, el Ejecutivo busca fomentar la jubilación demorada —que ya representa más del 11% de las nuevas altas—; por otro, se abre la puerta a que quienes no pueden seguir trabajando por riesgos para su salud puedan retirarse antes sin perder pensión.

Actualmente, colectivos como mineros, personal ferroviario y de vuelo, profesionales taurinos, bomberos y policías disfrutan de esta posibilidad. El Gobierno trabaja ya en evaluar la inclusión de otros sectores como trabajadores de la construcción, transportistas, personal sanitario o camareras de piso (kellys), aunque algunas patronales han manifestado su rechazo a asumir mayores costes.

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