València, 12 nov (EFE).- La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido una condena de dos años de prisión para el expresidente del Valencia CF Pedro Cortés por un posible caso de abusos sexuales a un joven de la cantera del club valenciano.

Cortés está procesado desde el pasado mes de octubre por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Paterna por ese presunto delito, que fue denunciado en noviembre de 2020 aunque la investigación no salió a la luz hasta el pasado 21 de enero; ese mismo día, el expresidente del Valencia CF entre 1997 y 2001 negó la acusación a través de un comunicado emitido por su abogado.

También ese día, Cortés presentó su dimisión ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de su cargo como delegado de la selección nacional absoluta.

En su escrito de calificación ante el Juzgado, al que ha tenido acceso EFE, la fiscal explica que el menor firmó un contrato de representación con la agencia de un familiar de Cortés, lo que “facilitó que el acusado tuviera contacto de manera habitual con el menor”, lo que, a su vez, dio lugar a una “relación de confianza”.

El escrito explica que en noviembre de 2020, Cortés invitó al joven jugador, que entonces tenía entre 16 años, a comer con su familia en un restaurante de València y durante la comida le susurró al oído: «Te voy a comer enterito».

Después, Cortés trasladó al menor a la ciudad deportiva de Paterna, donde residía, y “guiado por su ánimo libidinoso (…) posó su mano derecha en el muslo izquierdo del menor comenzando a hacerle masajes en forma circular desplazando su mano el acusado hasta la zona genital, llegando a colocarla sobre el pene del mismo”.

Según el relato de la Fiscalía, el menor apartó la mano de Cortés, que le dijo en ese momento que “vida hay solo una y hay que disfrutarla”.

Los padres del menor denunciaron los hechos tras ser conocedores de los mismos.

La Fiscalía solicita por estos hechos dos años de prisión y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como la prohibición de acercarse a quinientos metros del menor, de su domicilio, centro de estudios o cualquier lugar frecuentado habitualmente por él durante cuatro años, además de la prohibición de comunicarse directa o indirectamente con él ese tiempo.

La Fiscal, que propone la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, también propone en su escrito de acusación una indemnización de 6.000 euros.