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La Guardia Civil cuestiona que el cuerpo de Marta Calvo llegase al vertedero

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Jorge Palma condena
Jorge Ignacio Palma (en la imagen en la sala del juicio) , el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo.EFE/ Biel Aliño

València, 28 jun (EFE).- La Guardia Civil vio verosímil al principio la tesis del descuartizamiento del cuerpo de Marta Calvo porque pudo acreditar que el autor confeso de su desaparición compró sierras, bolsas y productos de limpieza, pero la ausencia de perfiles genéticos en el supuesto escenario y la búsqueda en los vertederos han llevado a los investigadores a dudar de esta teoría.

«Objetivamente hay elementos que contrastamos, como son las compras de diferentes productos, pero el escenario donde el procesado dijo que desarrolló el descuartizamiento no nos ofreció credibilidad, entre otras cosas porque apenas pudimos hallar el perfil genético de Marta», ha explicado uno de los seis guardias civiles que han declarado este martes en el juicio.

La vista contra Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo (que aún no ha sido hallado) y supuesto asesino de otras dos jóvenes, ha alcanzado este martes su undécima jornada, en la que se han expuesto los hechos supuestamente acaecidos en la madrugada del 6 al 7 de noviembre de 2019 en la vivienda que el procesado tenía alquilada en Manuel (Valencia).

La Guardia Civil examinó durante meses 16.800 metros cúbicos de basura en el vertedero de Dos Aguas, donde se derivan los restos de la planta de tratamiento de Quart de Poblet.

«¿Pudo haber descuartizado el cuerpo? Sí, pero los restos no llegaron ni al vertedero de Dos Aguas ni al centro de tratamiento de Guadassuar», ha explicado este agente, que ha puesto en duda la confesión de Jorge Ignacio Palma, que aseguró haberse deshecho de los restos de la joven valenciana en contenedores de Silla y Alzira.

Otro de los agentes, responsable del grupo de Homicidios de la Guardia Civil, ha indicado que el acusado contactó con tres prostitutas la mañana del 7 de noviembre de 2019 (se sospecha que la muerte se produjo la madrugada anterior) y con otra el 10 de noviembre, tras dejar a su madre en el aeropuerto.

Ha explicado también que el procesado, que tiene antecedentes por narcotráfico, usaba teléfonos con tarjetas cuyo rastro no se puede localizar, es decir, que se puede conocer en qué lugar se conectan para obtener datos, pero no rastrear las posibles llamadas realizadas.

Tras entregarse el 4 de diciembre, el acusado explicó a los agentes que pasó la noche con Marta, que mantuvieron relaciones y que, al despertar, se la encontró muerta, se asustó y decidió descuartizarla.

Inicialmente la Guardia Civil, según ha explicado este testigo, dio credibilidad al relato del acusado porque los desplazamientos de sus teléfonos móviles coincidían con la confesión.

«Los contenedores de Silla ya habían sido limpiados, los de Alzira se retiraron para una inspección ocular pero no vimos nada concluyente. Posteriormente averiguamos a qué planta de reciclaje iban los residuos, a Guadassuar y Quart», ha explicado este testigo.

«Los responsables de la planta de Guadassuar nos dijeron que prácticamente era imposible que los restos hubiesen pasado por allí. En Quart el responsable no fue tan contundente, el sistema está más masificado, y por eso decidimos dedicar ingentes recursos a buscar durante meses en la planta de Dos Aguas, que eran donde iban los residuos ya tratados en Quart. Jamás apareció nada», ha agregado.

Además del testimonio de los especialistas de la Guardia Civil que dirigieron la investigación, este martes se ha escuchado el de Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, quien ha lamentado que el cuerpo de su hija no haya sido localizado, un hecho que le está «robando» el duelo.

«Necesito a mi hija, por favor, que me la den. Que diga que se encontró muerta a mi hija y que la descuartizó… ¿por qué? Mi hija era incapaz de hacerle daño a nadie, era la persona más solidaria. Que la tiró en contenedores como si fuese basura, esto no debería oírlo un padre… A fecha de hoy no tengo a mi hija, necesito su cuerpo, no puedo vivir así, esto es una muerte lenta para una madre», ha asegurado Burón entre sollozos.

En este punto de la declaración la presidenta del tribunal del jurado la ha interrumpido: «Lamento tener que hacerlo, yo también soy madre», ha dicho.

Burón ha explicado que su hija, de 25 años, decidió dedicarse durante un tiempo a la prostitución para reunir fondos con los que abrir un centro de belleza junto a su madre en Puçol (Valencia).

«Usted no tiene que justificar eso», le ha interrumpido de nuevo la presidenta de la sala, a lo que la madre ha respondido: «Es la verdad».

Ha explicado asimismo que la noche en la que Marta desapareció recibió un mensaje suyo de Whatsapp sobre las 23.20 horas en el que le comentaba cómo quería que fuese el rótulo del nuevo negocio y después, sobre las 3.31 horas, le envió otro mensaje en el que le decía que estaba en casa de un chico y adjuntaba la ubicación.

«Cuando desperté al día siguiente pulsé la ubicación, no sabía dónde estaba Manuel, traté de hablar con ella pero no le entraban los mensajes, pensé que estaba durmiendo. A mediodía la llamé, seguía sin responder, era la primera vez que pasaba», ha agregado.

La madre de la joven decidió entonces acudir a la casa de Manuel cuya ubicación le había enviado su hija. Tras insistir, el acusado le abrió la puerta. «Iba bien vestido, arreglado, con las manos en los bolsillos, me dijo con toda la serenidad del mundo que no sabía quién era Marta, y que había tardado en abrir porque se estaba duchando. No me miraba a los ojos».

Por otra parte, los letrados de las acusaciones han pedido que se deduzca falso testimonio contra el propietario de la vivienda de Manuel que estaba alquilada a la madre de Jorge Ignacio Palma porque, según han explicado en la vista, hoy ha negado -al contrario de lo que declaró ante la Guardia Civil- que el acusado le proporcionase grandes cantidades de cocaína de forma periódica.

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Sucesos

Un cura, detenido en Valencia por presuntas agresiones sexuales a dos hermanos de 15 y 17 años

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Violación baños supermercado Valencia

Un sacerdote de 40 años fue detenido en Valencia después de que dos hermanos menores de edad, de 15 y 17 años, denunciaran haber sufrido presuntas agresiones sexuales por parte del religioso, al que conocían de una parroquia de la provincia de Valencia.

El caso está siendo investigado por la Policía Nacional y por un juzgado de Valencia, que trata de esclarecer lo ocurrido y determinar si podría haber más víctimas.

Los dos menores conocieron al sacerdote en una parroquia en la que ejercían como monaguillos. Según el relato trasladado a la Policía, los hechos se habrían producido en diferentes momentos.

Los dos hermanos denuncian al mismo sacerdote

Los menores contaron inicialmente a su madre lo que presuntamente había ocurrido durante una comida celebrada en una vivienda de Castellón, en la que coincidieron con el sacerdote.

El religioso, de unos 40 años, se encontraba sustituyendo al párroco titular, que estaba de baja por enfermedad.

Según el testimonio de uno de los hermanos, el sacerdote le habría realizado tocamientos en sus partes íntimas en varias ocasiones, pese a que el menor le habría pedido que parara.

Tras conocer el relato de su hermano, el otro menor decidió contar también a su madre que, según su testimonio, había sufrido presuntos abusos por parte del mismo sacerdote tiempo atrás.

La revelación de ambos hermanos llevó a la familia a poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

El sacerdote fue detenido el pasado 6 de mayo

Los hechos que están siendo investigados se remontan, según la información difundida, al pasado mes de mayo.

El Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume) se hizo cargo de las diligencias y el sacerdote fue detenido el 6 de mayo.

Posteriormente, las diligencias policiales fueron remitidas a un juzgado de Valencia, donde continúa la investigación judicial para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados.

Según el relato de los menores, el sacerdote les habría pedido que no contaran lo ocurrido y habría asegurado que se trataba de una broma y que no volvería a repetirse.

La familia teme que pueda haber más víctimas

La madre de los dos menores mantenía una relación de confianza con el párroco de la iglesia. Sin embargo, después de conocer los testimonios de sus hijos, la familia decidió denunciar los hechos ante la posibilidad de que otras personas pudieran haber sufrido situaciones similares.

La investigación permanece abierta y el juzgado deberá determinar ahora las circunstancias de los hechos denunciados.

Por el momento, no se ha informado de la existencia de otras víctimas ni de que se hayan confirmado nuevos casos relacionados con el sacerdote. La investigación policial y judicial trata precisamente de determinar si existen otros posibles afectados.

Investigación abierta en Valencia

El caso continúa bajo investigación después de las diligencias realizadas por el Grupo de Menores de la Policía Nacional. La actuación judicial deberá determinar la existencia o no de responsabilidades penales a partir de las pruebas y testimonios que se incorporen al procedimiento.

Al tratarse de una investigación en curso, los hechos denunciados tienen carácter presunto y será la Justicia la que determine las responsabilidades que correspondan.

 

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