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La Guardia Civil cuestiona que el cuerpo de Marta Calvo llegase al vertedero

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Jorge Palma condena
Jorge Ignacio Palma (en la imagen en la sala del juicio) , el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo.EFE/ Biel Aliño

València, 28 jun (EFE).- La Guardia Civil vio verosímil al principio la tesis del descuartizamiento del cuerpo de Marta Calvo porque pudo acreditar que el autor confeso de su desaparición compró sierras, bolsas y productos de limpieza, pero la ausencia de perfiles genéticos en el supuesto escenario y la búsqueda en los vertederos han llevado a los investigadores a dudar de esta teoría.

«Objetivamente hay elementos que contrastamos, como son las compras de diferentes productos, pero el escenario donde el procesado dijo que desarrolló el descuartizamiento no nos ofreció credibilidad, entre otras cosas porque apenas pudimos hallar el perfil genético de Marta», ha explicado uno de los seis guardias civiles que han declarado este martes en el juicio.

La vista contra Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo (que aún no ha sido hallado) y supuesto asesino de otras dos jóvenes, ha alcanzado este martes su undécima jornada, en la que se han expuesto los hechos supuestamente acaecidos en la madrugada del 6 al 7 de noviembre de 2019 en la vivienda que el procesado tenía alquilada en Manuel (Valencia).

La Guardia Civil examinó durante meses 16.800 metros cúbicos de basura en el vertedero de Dos Aguas, donde se derivan los restos de la planta de tratamiento de Quart de Poblet.

«¿Pudo haber descuartizado el cuerpo? Sí, pero los restos no llegaron ni al vertedero de Dos Aguas ni al centro de tratamiento de Guadassuar», ha explicado este agente, que ha puesto en duda la confesión de Jorge Ignacio Palma, que aseguró haberse deshecho de los restos de la joven valenciana en contenedores de Silla y Alzira.

Otro de los agentes, responsable del grupo de Homicidios de la Guardia Civil, ha indicado que el acusado contactó con tres prostitutas la mañana del 7 de noviembre de 2019 (se sospecha que la muerte se produjo la madrugada anterior) y con otra el 10 de noviembre, tras dejar a su madre en el aeropuerto.

Ha explicado también que el procesado, que tiene antecedentes por narcotráfico, usaba teléfonos con tarjetas cuyo rastro no se puede localizar, es decir, que se puede conocer en qué lugar se conectan para obtener datos, pero no rastrear las posibles llamadas realizadas.

Tras entregarse el 4 de diciembre, el acusado explicó a los agentes que pasó la noche con Marta, que mantuvieron relaciones y que, al despertar, se la encontró muerta, se asustó y decidió descuartizarla.

Inicialmente la Guardia Civil, según ha explicado este testigo, dio credibilidad al relato del acusado porque los desplazamientos de sus teléfonos móviles coincidían con la confesión.

«Los contenedores de Silla ya habían sido limpiados, los de Alzira se retiraron para una inspección ocular pero no vimos nada concluyente. Posteriormente averiguamos a qué planta de reciclaje iban los residuos, a Guadassuar y Quart», ha explicado este testigo.

«Los responsables de la planta de Guadassuar nos dijeron que prácticamente era imposible que los restos hubiesen pasado por allí. En Quart el responsable no fue tan contundente, el sistema está más masificado, y por eso decidimos dedicar ingentes recursos a buscar durante meses en la planta de Dos Aguas, que eran donde iban los residuos ya tratados en Quart. Jamás apareció nada», ha agregado.

Además del testimonio de los especialistas de la Guardia Civil que dirigieron la investigación, este martes se ha escuchado el de Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, quien ha lamentado que el cuerpo de su hija no haya sido localizado, un hecho que le está «robando» el duelo.

«Necesito a mi hija, por favor, que me la den. Que diga que se encontró muerta a mi hija y que la descuartizó… ¿por qué? Mi hija era incapaz de hacerle daño a nadie, era la persona más solidaria. Que la tiró en contenedores como si fuese basura, esto no debería oírlo un padre… A fecha de hoy no tengo a mi hija, necesito su cuerpo, no puedo vivir así, esto es una muerte lenta para una madre», ha asegurado Burón entre sollozos.

En este punto de la declaración la presidenta del tribunal del jurado la ha interrumpido: «Lamento tener que hacerlo, yo también soy madre», ha dicho.

Burón ha explicado que su hija, de 25 años, decidió dedicarse durante un tiempo a la prostitución para reunir fondos con los que abrir un centro de belleza junto a su madre en Puçol (Valencia).

«Usted no tiene que justificar eso», le ha interrumpido de nuevo la presidenta de la sala, a lo que la madre ha respondido: «Es la verdad».

Ha explicado asimismo que la noche en la que Marta desapareció recibió un mensaje suyo de Whatsapp sobre las 23.20 horas en el que le comentaba cómo quería que fuese el rótulo del nuevo negocio y después, sobre las 3.31 horas, le envió otro mensaje en el que le decía que estaba en casa de un chico y adjuntaba la ubicación.

«Cuando desperté al día siguiente pulsé la ubicación, no sabía dónde estaba Manuel, traté de hablar con ella pero no le entraban los mensajes, pensé que estaba durmiendo. A mediodía la llamé, seguía sin responder, era la primera vez que pasaba», ha agregado.

La madre de la joven decidió entonces acudir a la casa de Manuel cuya ubicación le había enviado su hija. Tras insistir, el acusado le abrió la puerta. «Iba bien vestido, arreglado, con las manos en los bolsillos, me dijo con toda la serenidad del mundo que no sabía quién era Marta, y que había tardado en abrir porque se estaba duchando. No me miraba a los ojos».

Por otra parte, los letrados de las acusaciones han pedido que se deduzca falso testimonio contra el propietario de la vivienda de Manuel que estaba alquilada a la madre de Jorge Ignacio Palma porque, según han explicado en la vista, hoy ha negado -al contrario de lo que declaró ante la Guardia Civil- que el acusado le proporcionase grandes cantidades de cocaína de forma periódica.

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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