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La Guardia Civil cuestiona que el cuerpo de Marta Calvo llegase al vertedero

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Jorge Palma condena
Jorge Ignacio Palma (en la imagen en la sala del juicio) , el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo.EFE/ Biel Aliño

València, 28 jun (EFE).- La Guardia Civil vio verosímil al principio la tesis del descuartizamiento del cuerpo de Marta Calvo porque pudo acreditar que el autor confeso de su desaparición compró sierras, bolsas y productos de limpieza, pero la ausencia de perfiles genéticos en el supuesto escenario y la búsqueda en los vertederos han llevado a los investigadores a dudar de esta teoría.

«Objetivamente hay elementos que contrastamos, como son las compras de diferentes productos, pero el escenario donde el procesado dijo que desarrolló el descuartizamiento no nos ofreció credibilidad, entre otras cosas porque apenas pudimos hallar el perfil genético de Marta», ha explicado uno de los seis guardias civiles que han declarado este martes en el juicio.

La vista contra Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo (que aún no ha sido hallado) y supuesto asesino de otras dos jóvenes, ha alcanzado este martes su undécima jornada, en la que se han expuesto los hechos supuestamente acaecidos en la madrugada del 6 al 7 de noviembre de 2019 en la vivienda que el procesado tenía alquilada en Manuel (Valencia).

La Guardia Civil examinó durante meses 16.800 metros cúbicos de basura en el vertedero de Dos Aguas, donde se derivan los restos de la planta de tratamiento de Quart de Poblet.

«¿Pudo haber descuartizado el cuerpo? Sí, pero los restos no llegaron ni al vertedero de Dos Aguas ni al centro de tratamiento de Guadassuar», ha explicado este agente, que ha puesto en duda la confesión de Jorge Ignacio Palma, que aseguró haberse deshecho de los restos de la joven valenciana en contenedores de Silla y Alzira.

Otro de los agentes, responsable del grupo de Homicidios de la Guardia Civil, ha indicado que el acusado contactó con tres prostitutas la mañana del 7 de noviembre de 2019 (se sospecha que la muerte se produjo la madrugada anterior) y con otra el 10 de noviembre, tras dejar a su madre en el aeropuerto.

Ha explicado también que el procesado, que tiene antecedentes por narcotráfico, usaba teléfonos con tarjetas cuyo rastro no se puede localizar, es decir, que se puede conocer en qué lugar se conectan para obtener datos, pero no rastrear las posibles llamadas realizadas.

Tras entregarse el 4 de diciembre, el acusado explicó a los agentes que pasó la noche con Marta, que mantuvieron relaciones y que, al despertar, se la encontró muerta, se asustó y decidió descuartizarla.

Inicialmente la Guardia Civil, según ha explicado este testigo, dio credibilidad al relato del acusado porque los desplazamientos de sus teléfonos móviles coincidían con la confesión.

«Los contenedores de Silla ya habían sido limpiados, los de Alzira se retiraron para una inspección ocular pero no vimos nada concluyente. Posteriormente averiguamos a qué planta de reciclaje iban los residuos, a Guadassuar y Quart», ha explicado este testigo.

«Los responsables de la planta de Guadassuar nos dijeron que prácticamente era imposible que los restos hubiesen pasado por allí. En Quart el responsable no fue tan contundente, el sistema está más masificado, y por eso decidimos dedicar ingentes recursos a buscar durante meses en la planta de Dos Aguas, que eran donde iban los residuos ya tratados en Quart. Jamás apareció nada», ha agregado.

Además del testimonio de los especialistas de la Guardia Civil que dirigieron la investigación, este martes se ha escuchado el de Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, quien ha lamentado que el cuerpo de su hija no haya sido localizado, un hecho que le está «robando» el duelo.

«Necesito a mi hija, por favor, que me la den. Que diga que se encontró muerta a mi hija y que la descuartizó… ¿por qué? Mi hija era incapaz de hacerle daño a nadie, era la persona más solidaria. Que la tiró en contenedores como si fuese basura, esto no debería oírlo un padre… A fecha de hoy no tengo a mi hija, necesito su cuerpo, no puedo vivir así, esto es una muerte lenta para una madre», ha asegurado Burón entre sollozos.

En este punto de la declaración la presidenta del tribunal del jurado la ha interrumpido: «Lamento tener que hacerlo, yo también soy madre», ha dicho.

Burón ha explicado que su hija, de 25 años, decidió dedicarse durante un tiempo a la prostitución para reunir fondos con los que abrir un centro de belleza junto a su madre en Puçol (Valencia).

«Usted no tiene que justificar eso», le ha interrumpido de nuevo la presidenta de la sala, a lo que la madre ha respondido: «Es la verdad».

Ha explicado asimismo que la noche en la que Marta desapareció recibió un mensaje suyo de Whatsapp sobre las 23.20 horas en el que le comentaba cómo quería que fuese el rótulo del nuevo negocio y después, sobre las 3.31 horas, le envió otro mensaje en el que le decía que estaba en casa de un chico y adjuntaba la ubicación.

«Cuando desperté al día siguiente pulsé la ubicación, no sabía dónde estaba Manuel, traté de hablar con ella pero no le entraban los mensajes, pensé que estaba durmiendo. A mediodía la llamé, seguía sin responder, era la primera vez que pasaba», ha agregado.

La madre de la joven decidió entonces acudir a la casa de Manuel cuya ubicación le había enviado su hija. Tras insistir, el acusado le abrió la puerta. «Iba bien vestido, arreglado, con las manos en los bolsillos, me dijo con toda la serenidad del mundo que no sabía quién era Marta, y que había tardado en abrir porque se estaba duchando. No me miraba a los ojos».

Por otra parte, los letrados de las acusaciones han pedido que se deduzca falso testimonio contra el propietario de la vivienda de Manuel que estaba alquilada a la madre de Jorge Ignacio Palma porque, según han explicado en la vista, hoy ha negado -al contrario de lo que declaró ante la Guardia Civil- que el acusado le proporcionase grandes cantidades de cocaína de forma periódica.

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Hallan 110 perros desnutridos y con signos de maltrato en una parcela de Buñol

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Los animales estaban atados con cadenas cortas, hacinados y sin agua bajo el sol; el propietario de la finca está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal

La Policía Local de Buñol y el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han localizado a 110 perros en condiciones extremas de desnutrición y con diversos signos de maltrato en una parcela del término municipal de Buñol, en la provincia de Valencia. Tras la intervención, todos los animales han sido incautados y trasladados a un centro de acogida, mientras que el propietario de la finca está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal.

La actuación policial comenzó después de que un vecino alertara de la posible situación de abandono y maltrato que sufrían los animales. A partir de ese aviso, los agentes de la Policía Local iniciaron una investigación para recopilar indicios y pruebas que permitieran confirmar los hechos.

Una vez reunidas las primeras evidencias, solicitaron la colaboración del Seprona de la Guardia Civil de Requena para intervenir en la parcela y comprobar el estado de los perros.

110 perros vivían hacinados, sin agua y bajo el sol

Cuando los agentes accedieron al lugar, encontraron un escenario de extrema gravedad. Según ha informado la Policía Local de Buñol, los 110 perros permanecían a pleno sol, expuestos a altas temperaturas y sin disponer de agua.

Los animales estaban atados con cadenas cortas y hacinados en espacios reducidos, sin apenas posibilidad de moverse. Además, presentaban un grave estado de desnutrición y diferentes signos de maltrato.

La Policía Local ha descrito la situación como un escenario «desolador y de máxima urgencia», ante las condiciones en las que sobrevivían los animales.

La gravedad de los hechos llevó a los efectivos a intervenir de inmediato para garantizar la protección de los perros y evitar que continuaran en esas condiciones.

Los animales han sido trasladados a un centro de acogida

Tras la intervención, los 110 perros fueron incautados y trasladados a Ribamontes, un centro de acogida de animales concertado por el Ayuntamiento de Buñol.

En estas instalaciones reciben atención veterinaria y los cuidados necesarios para evaluar su estado de salud y atender las consecuencias de la desnutrición y las condiciones en las que fueron encontrados.

Tanto los animales como las actuaciones policiales han quedado a disposición judicial, mientras continúa el procedimiento relacionado con los hechos.

El propietario de la parcela, investigado por maltrato animal

Como consecuencia de la intervención, el propietario de la parcela ha quedado en calidad de investigado por un presunto delito de maltrato animal.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un vecino y contó posteriormente con la participación conjunta de la Policía Local de Buñol y el Seprona de la Guardia Civil de Requena.

Desde la Jefatura de la Policía Local han destacado la actuación de los dos agentes que lideraron la investigación desde el primer momento, subrayando su rapidez de respuesta y su intervención ante una situación de extrema urgencia.

También han agradecido la colaboración ciudadana que permitió conocer los hechos y la participación del equipo del Seprona, cuya profesionalidad y dedicación resultaron fundamentales para llevar a cabo el operativo.

El hallazgo de los 110 perros en estas condiciones ha provocado una intervención de gran magnitud en Buñol, con todos los animales ya fuera de la parcela y bajo atención especializada mientras las diligencias siguen su curso judicial.

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