VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una operación contra el fraude a la Seguridad Social en la provincia de Valencia, en la que se han investigado a nueve personas como presuntos responsables de impagos de cuotas que han causado un perjuicio total a la administración de más de 3.000.000 de euros. Los presuntos autores del fraude buscaban empleados como testaferros con la amenaza de que podrían perder sus puestos de trabajo.

La investigación, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, comenzó a mediados del pasado año gracias a diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de esa administración, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los agentes han revisado y analizado cuatro expedientes de empresas deudoras, todas ellas domiciliadas en la provincia de Valencia, y han logrado determinar la presunta implicación de los investigados en diversos delitos.

Los agentes han constatado que los responsables de los hechos son principalmente los administradores y socios de las empresas, si bien también se ha detectado la supuestam implicación de familiares directos y de trabajadores que actuaban como testaferros, bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.

Los policías han realizado informes patrimoniales de las personas y empresas implicadas y han conseguido aflorar bienes que habían tratado de ser ocultados para evitar las acciones ejecutivas de los acreedores, simulando con ello una situación de insolvencia.

DIVERSAS FORMAS DE DEFRAUDACIÓN
Los agentes han detectado que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas, las defraudadoras ponían en práctica diversas conductas como la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, o entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra según convenga.

También se ha detectado la transmisión de la titularidad de los bienes entre empresas o empresarios, impidiendo o dificultando su localización; la ocultación a los organismos competentes de la administración para eludir el pago de la deuda o la simulación de delitos -robos o hurtos- para distraer los bienes muebles.

De todos los expedientes revisados destacan dos por el ‘modus operandi’ realizado para cometer el presunto fraude. En uno de ellos, los agentes detectaron un establecimiento comercial cuyo administrador había dejado sistemáticamente de hacerse cargo de las obligaciones con la Seguridad Social.

Cuando la empresa alcanzó una deuda de unos 400.000 euros vendieron las participaciones por «un euro» a otra empresa pantalla, representada por una persona insolvente. Paralelamente crearon una nueva mercantil a nombre de un familiar.

Cuando comenzaba a defraudar a la Seguridad Social, ponían al frente de la misma a un nuevo testaferro previo pago de sus servicios. El administrador actuaba siempre con dinero en efectivo, tanto para el pago de nóminas como de proveedores, sin hacer uso de cuentas bancarias ni permitir el pago con tarjeta evitando así cualquier acción ejecutiva.

Además utilizaba diversos «ardides jurídicos» para ocultar sus propiedades, llegando a falsificar un contrato de alquiler de un local con su propia madre, fallecida cinco años antes. Con esta operativa había conseguido defraudar más de 750.000 euros.

En el otro caso, los responsables de un establecimiento hostelero dejaron de hacerse cargo del pago de las cuotas de sus trabajadores, si bien sí realizaban la deducción de sus nóminas creando un agujero a la Seguridad Social de más de 500.000 euros.

Para cometer su actividad delictiva, llegaron a simular y denunciar falsamente robos en el establecimiento para «distraer» de este modo la acción de la administración, según la Policía.