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Los valencianos, los que más se divorcian y se separan en España

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VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) – La Comunitat Valenciana es la autonomía en la que más disoluciones matrimoniales se produjeron durante el tercer trimestre de 2018, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, y de los que ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado. En total, en este periodo se registraron 2.695 divorcios y 125 separaciones.

El informe pone en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población por territorios a 1 de enero de 2018. El mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en la Comunitat Valenciana, con 5,7; seguida de Andalucía y Canarias, con 5,1; Islas Baleares, con 5; y Galicia, con 4,9. La media nacional es de 4,7 disoluciones matrimoniales por cada 10.000 habitantes.

Entre julio y septiembre de este año se produjeron 2.695 divorcios y 125 separaciones en la Comunidad Valenciana. Las 1.570 demandas de divorcio consensuado registradas en el tercer trimestre de este año suponen una reducción del 6,3 por ciento respecto de las presentadas en el mismo trimestre de 2017.

Por otra parte, los divorcios no consensuados experimentaron un incremento interanual del 13,6%, al registrar 1.125 demandas, frente a las 990 del tercer trimestre de 2017.

Por el contrario, las 72 separaciones consensuadas de 2018 suponen un 7,7% menos que el año anterior, mientras las 53 separaciones no consensuadas coinciden con la cifra de demandas presentadas en el tercer trimestre de 2017, por lo que no experimentan ninguna evolución.

Por provincias, en Valencia se presentaron 1.457 demandas de divorcio, tanto contenciosos como mutuo acuerdo y 74 de separación, tanto consensuados como no consensuados. En Alicante fueron 931 demandas de divorcio y 33 de separación, mientras que en Castellón se registraron 307 divorcios y 18 separaciones.

Por otra parte, las demandas de nulidad presentadas en los tres meses analizados ascienden a cuatro en toda la Comunitat, lo que supone un descenso del 42,9%, frente a las siete registradas en el mismo periodo de 2017.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas han mostrado un aumento interanual del 33,5% en el tercer trimestre de 2018 respecto del mismo periodo del 2017, al pasar de 221 a 298. Por el contrario, las modificaciones de medidas no consensuadas se redujeron un 4,2%, con 801 demandas en 2018, frente a las 836 de 2017.

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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