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Valencia

Mazón pide a Puig test de antígenos y PCR gratuitos ante la «grave situación» de la Comunitat

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València, 27 dic (EFE).- El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha ofrecido este lunes varios acuerdos al president de la Generalitat, Ximo Puig, ante «la grave situación sanitaria, social y económica» que atraviesa la Comunitat Valenciana como consecuencia de la pandemia.

En un encuentro en el Palau de la Generalitat, Mazón ha abordado cuestiones como el refuerzo en atención primaria, el desbloqueo de los programas sociales, la financiación autonómica, la red ferroviaria de Cercanías, el empleo joven y los problemas y oportunidades que tienen las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, ha informado el PP tras la reunión.

Mazón ha lamentado que este primer encuentro oficial se haya producido casi seis meses después de su elección como líder del PPCV y más de dos meses después de solicitarlo, ya que cree que este tipo de citas «deberían enmarcarse dentro de la normalidad y de una sociedad democrática» y haberse producido antes porque había «muchos temas pendientes».

«Los ciudadanos están cansados de crispación; atravesamos una situación económica y social muy preocupante con la covid y debemos hacer un esfuerzo. La Comunitat Valenciana debe estar por encima de cualquier otro interés», ha señalado el dirigente popular.

Mazón ha manifestado que ante lo preocupante de la situación sanitaria que se está viviendo «es imprescindible un plan exprés de refuerzo de la atención primaria, la puesta en marcha, de manera urgente, de puntos de atención para la realización de test de antígenos y PCR gratuitos, e información permanente a ayuntamientos y diputaciones».

En materia social, el también presidente de la Diputación de Alicante ha pedido desbloquear la gestión en materia de dependencia, Ingreso Mínimo Vital, Renta Valenciana de Inclusión, vivienda social y pobreza energética, en la que, según ha lamentado, «este Consell no ha presupuestado ni un euro para el próximo año y ha rechazado el plan de choque con 50 millones propuesto por el PP».

Mazón ha planteado algunas iniciativas que «requieren de la unión de fuerzas para levantar la voz ante el Gobierno de España», como la financiación autonómica, las inversiones del Estado, la recuperación e impulso de los trenes de Cercanías o el agua.

En este sentido, ha propuesto a Puig que «implante un sistema por el cual los fondos europeos den prioridad a aquellos proyectos que vayan encaminados a generar empleo a menores de 35 años, para bajar las altas tasas de paro en la gente joven».

Mazón ha indicado que otros de los puntos planteados «dependen directamente de la voluntad» del president, como es el caso de la tasa turística. «En manos de Puig está pararla», ha indicado, y en el caso de que no pueda hacerlo, le ha propuesto «una alianza para este tema en todos los municipios de la Comunitat donde se quiera implantar».

También ha reiterado su propuesta para «bajar los impuestos» a los valencianos, y ha exigido a Puig que «desbloquee las investigaciones» y llegue «hasta las últimas consecuencias en los casos de abusos a menores en los centros de titularidad pública».

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Valencia

Multan con 25.000 euros a una empresa de Valencia por obligar a sus trabajadoras a llevar cofia

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18 empleadas suspendidas de empleo y sueldo por negarse a llevar cofia
Una empleada con el 'tocado' que las trabajadoras se negaron a poner, en una imagen facilitada por la empresa a EFE.

El TSJCV confirma que imponer una diadema ornamental exclusivamente a las mujeres constituye discriminación por razón de sexo. La compañía llegó a sancionar a 18 empleadas que se negaron a utilizarla durante tres eventos de gala.

Una empresa de cáterin de Valencia tendrá que pagar una multa de 25.000 euros por obligar a sus trabajadoras a llevar una cofia o diadema como complemento del uniforme. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción al considerar que esta exigencia, impuesta exclusivamente al personal femenino y sin una justificación objetiva, constituye una discriminación directa por razón de sexo.

La Sala de lo Social del alto tribunal autonómico ha rechazado el recurso presentado por la mercantil y ha ratificado la resolución judicial que ya había avalado la sanción administrativa. Los magistrados consideran que la prenda se exigía a las mujeres por motivos meramente estéticos o de imagen, sin que existiera una obligación equivalente para los trabajadores hombres.

La sentencia, dictada el pasado 22 de septiembre, respalda así el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat.

La empresa sancionó a 18 trabajadoras por no llevar la diadema

Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando la empresa impuso a sus empleadas una prenda ornamental adicional a la uniformidad obligatoria. La exigencia afectaba únicamente al personal femenino y no respondía, según las resoluciones judiciales, a ninguna necesidad objetiva relacionada con el desempeño del trabajo.

Uno de los elementos que tuvo especialmente en cuenta el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia fue que la compañía llegó a sancionar a 18 trabajadoras por negarse a utilizar la diadema durante tres eventos de gala.

La empresa dejó posteriormente sin efecto esas sanciones y comunicó al comité de empresa que, por el momento, se abandonaría el uso de la prenda. Sin embargo, esta rectificación se produjo después de que la mercantil hubiera sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo.

En enero de 2023, la Inspección levantó un acta de infracción al apreciar una falta muy grave por discriminación directa por razón de sexo. La Administración autonómica confirmó posteriormente la infracción e impuso una multa de 25.000 euros.

La compañía recurrió la resolución administrativa ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda en mayo del pasado año y mantuvo la sanción.

El TSJCV confirma que la exigencia era discriminatoria

La empresa volvió a recurrir la sentencia, esta vez ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El tribunal ha rechazado ahora sus argumentos y considera acreditado que la imposición de la cofia afectaba exclusivamente a las mujeres y carecía de una causa objetiva que la justificara.

Los magistrados subrayan que no existía una prenda equivalente para los hombres en condiciones comparables y que la diferencia de trato no respondía a una finalidad legítima, necesaria y proporcionada.

La resolución recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre los uniformes diferenciados por sexo: imponer una indumentaria femenina específica, sin una alternativa equivalente y sin justificación objetiva, puede vulnerar el principio de igualdad.

El tribunal también descarta que la ausencia de una intención discriminatoria por parte de la empresa sea suficiente para evitar la sanción. Lo determinante, según recoge la sentencia, es que existió una diferencia de trato directa por razón de sexo.

Una infracción muy grave por discriminación laboral

La conducta empresarial fue encuadrada en el artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que considera infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de sexo, entre otros motivos protegidos.

La sanción económica de 25.000 euros queda así confirmada por el TSJCV, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

El fallo vuelve a poner el foco en las normas de vestimenta en el entorno laboral y en los límites que tienen las empresas a la hora de establecer uniformes o complementos distintos para hombres y mujeres. La imagen corporativa no puede justificar por sí sola una exigencia que suponga un trato desigual por razón de sexo.

 

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