Centenares de personas se han concentrado este jueves en la plaza del Ayuntamiento de València para rendir un homenaje a Cristina, asesinada supuestamente por su pareja el pasado sábado, y lo han hecho portando rosas blancas, una de las flores preferidas de la joven valenciana.EFE/ Miguel Ángel Polo
València, 9 dic (OFFICIAL PRESS- EFE).- Centenares de personas se han concentrado este jueves en la plaza del Ayuntamiento de València para rendir un homenaje a Cristina, asesinada por su pareja el pasado sábado, y lo han hecho portando rosas blancas, una de las flores preferidas de la joven valenciana.
Familiares de la joven abogada, compañeros de trabajo, miembros de la Falla Maestro Gozalbo-Conde Altea, a la que pertenecía la joven, así como representantes del Ayuntamiento, la fallera mayor y su corte de honor y ciudadanos en general han mostrado su rechazo por el asesinato machista y han pedido que se haga justicia.
Durante la concentración, en la que se han sucedido los abrazos y las muestras de dolor, se ha guardado un minuto de silencio con los brazos en alto mostrando las rosas blancas, y tras un prolongado aplauso en recuerdo de la joven, se han depositado las flores alrededor de un pilón de la plaza.
La muerte de Cristina el pasado 2 de diciembre en pleno centro de València, el último crimen machista en España, eleva la cifra de víctimas mortales por esta lacra a 38 en lo que va de año y a 1.119 desde 2003.
Cristina, hija de un empresario de la comunicación fallecido en 2012 en un accidente de tráfico, trabajaba en la empresa Ad Infinitum, dedicada a la adquisición, explotación y enajenación de fincas rústicas y urbanas, así como a la adquisición y venta de titulares de valores de renta fija y variable.
Aurelio Sanz, presidente de la Falla a la que pertenecía la joven asesinada, ha asegurado a los periodistas que el mundo fallero está de luto: «Ha sido un golpe duro porque han matado a una de las nuestras, una fallera excepcional y una persona maravillosa».
«Le han arrebatado la vida a los 30 años de la forma más cruel que se puede arrebatar», ha indicado Sanz, quien ha añadido que la comisión está «tremendamente afectada» y se han suspendido los actos previstos para esta semana.
Según Sanz, «costará recuperarse de un golpe tan duro y tan injusto», y ha explicado que han pedido a la gente que acudiera a la concentración con una rosa blanca porque era la flor que le gustaba a Cristina.
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de València, Lucia Beamud, ha destacado que están «orgullosos» y «emocionados» por la respuesta de los valencianos y valencianas a la convocatoria del minuto de silencio para decir «todos juntos que ya basta de violencia machista, de la violencia que se hace a las mujeres».
La vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha señalado que tras este nuevo asesinato machista «merece hacer una reflexión colectiva de que estamos haciendo las cosas mal y queda mucho camino para mejorar».
Gómez ha pedido una «posición unánime en el que se reconozca en la violencia de género el primer asunto a abordar políticamente y de forma unánime por todos los partidos, sin blanquear, sin que ninguno se ponga de perfil y sin negar».
Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y la portavoz popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, que han indicado que conocieron a Cristina en las pasadas Fallas, han mostrado su solidaridad con la familia y han pedido que caiga sobre el presunto asesino «todo el peso de la ley».
Las instituciones de la Comunitat Valenciana han mostrado este jueves la unidad del pueblo valenciano frente al terrorismo machista y su enfrentamiento «radical» a una lacra que en las últimas horas ha acabado con la vida de Cristina.
Miembros del Gobierno valenciano y la ministra de Ciencia, Diana Morant, han guardado tres minutos de silencio frente al Palau de la Generalitat, tras los que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha reivindicado que Cristina «tenía derecho» a seguir cantando en su coro y a disfrutar de su falla, de su vida, de su juventud y del futuro que tenía por delante.
Oltra ha lamentado la «lista negra» o de «la vergüenza» de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y ha defendido la importancia de mostrar la unidad del pueblo valenciano con las víctimas, sus familias y sus amigos, así como de evidenciar el enfrentamiento a las actitudes «de los agresores, los asesinos, los homicidas y los torturadores».
Ha indicado que las mujeres que sufren violencia machista deben saber que las instituciones democráticas y la sociedad valenciana están con ellas «y enfrentados radicalmente al terrorismo machista hasta que podamos vencerlo».
Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha presidido el minuto de silencio que se ha guardado en el Palau del Temple de València en repulsa de los dos últimos casos de violencia machista confirmados en el territorio valenciano, uno de ellos ocurrido hace un año pero incluido en la estadística recientemente tras un año de investigaciones.
Calero ha mostrado su “repulsa y condena” ante este nuevo caso de violencia machista, al tiempo que trasladado “todo el cariño y apoyo para la familia y amigos” de las víctimas, según la Delegación.
A su juicio, “la violencia machista es una lacra que nos duele y afecta como sociedad”, y ha lamentado que haya formaciones políticas que nieguen la violencia de género.
El lanzamiento se ha ejecutado por orden judicial después de una sentencia de octubre de 2024 por el impago de 5.300 euros de alquiler; el Sindicat d’Habitatge denuncia que la familia no tiene alternativa habitacional
Una familia formada por una pareja, sus dos hijas de 6 y 16 años y una mujer mayor con problemas de salud ha sido desahuciada este lunes de la vivienda en la que residía en el barrio valenciano de La Malvarrosa. El lanzamiento se ha llevado a cabo por orden judicial, después de que el juzgado dictara una sentencia en octubre de 2024 por el impago de las rentas del alquiler.
El desahucio ha generado protestas y concentraciones de miembros del Sindicat d’Habitatge de València, que denuncia la situación de vulnerabilidad de los afectados y asegura que no disponen de una alternativa habitacional.
La familia llevaba viviendo de alquiler en el barrio desde 2008. Según el sindicato, los problemas económicos comenzaron después de que la madre de uno de los adultos enfermara de cáncer y este perdiera su empleo, lo que provocó dificultades para seguir pagando el alquiler.
Una sentencia por 5.300 euros de alquiler impagado
El Juzgado de Primera Instancia número 15 de València estimó el 29 de octubre de 2024 la demanda presentada por la propietaria del inmueble y acordó resolver el contrato de arrendamiento.
La resolución judicial consideró acreditado el impago de las rentas y condenó al arrendatario a abonar 5.300 euros a la propietaria. También le advirtió de que, si no abandonaba la vivienda dentro del plazo legal, se procedería al lanzamiento.
Días antes, el 23 de octubre de 2024, el juzgado ya había rechazado suspender el procedimiento porque consideró que no se había aportado la documentación necesaria para acreditar las circunstancias alegadas por el demandado.
El juzgado rechazó suspender el lanzamiento
La ejecución del desahucio se encontraba pendiente y el pasado 28 de octubre de 2026 el juzgado dictó un nuevo auto en el que rechazaba suspender el lanzamiento.
La parte afectada había solicitado el 15 de octubre la suspensión provisional del desahucio y la aplicación de medidas extraordinarias, alegando una situación de vulnerabilidad económica.
Sin embargo, el magistrado consideró que el informe presentado tenía un valor probatorio muy escaso porque estaba elaborado a partir de las manifestaciones de quien solicitaba la suspensión y no aportaba suficiente acreditación documental.
El juez entendió que la petición pretendía dilatar la ejecución de una sentencia firme y recordó que los ciudadanos, además de derechos, tienen obligaciones que deben cumplir.
Contra ese auto se ha presentado un recurso de reposición, aunque este no tiene efectos suspensivos y, por tanto, no impedía ejecutar el lanzamiento.
El sindicato denuncia la situación de vulnerabilidad de la familia
Desde el Sindicat d’Habitatge de València han lamentado el desalojo y aseguran que la familia no cuenta con una alternativa habitacional.
Según la versión de esta organización, los afectados llevaban residiendo en la vivienda desde 2008 sin problemas hasta que la enfermedad de la madre de uno de ellos y la pérdida del empleo alteraron su situación económica.
El sindicato sostiene que la propiedad ofreció renovar el contrato con una subida del alquiler, una opción que la familia no podía asumir debido a sus circunstancias personales y a las necesidades de cuidados de la mujer mayor y las dos menores.
La organización también ha explicado que el jueves anterior consiguió detener un primer intento de lanzamiento mediante una concentración de unas 30 personas frente al inmueble.
La Policía desplegó un dispositivo desde primera hora
Este lunes, la Policía volvió a desplegar un dispositivo en el barrio desde las seis de la mañana para garantizar la ejecución del desahucio.
El Sindicat d’Habitatge asegura que había aportado dos informes de vulnerabilidad y considera que el lanzamiento no debía haberse producido por la aplicación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre.
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