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Trabajo multará con 10.000 euros a las empresas que no cumplan con la reducción semanal

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multa empresas que no cumplan reducción semanal
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz-EFE

Trabajo propone multas de hasta 10.000 euros a empresas que no cumplan el registro horario y la reducción semanal

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha reunido este lunes con CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme para debatir sobre el borrador del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada máxima legal, sin merma salarial, a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 horas en 2025.

El encuentro, celebrado a las 12.00 horas en el Ministerio, se produce tras recibir los agentes sociales el texto elaborado por el Departamento dirigido por Yolanda Díaz. Esta medida estrella de la legislatura incluye una reforma del registro horario para garantizar el cumplimiento de los límites legales sobre el tiempo de trabajo.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey, destacó la reunión con los sindicatos como positiva, aunque mostró escepticismo con la patronal, acusándola de «no hacer propuestas» tras seis meses de diálogo. Pérez-Rey insistió en que la reducción de jornada se implementará antes de fin de año:

«El Gobierno tiene un compromiso con el diálogo social, pero también con los ciudadanos de este país. La reducción de jornada debe entrar antes de final de este año e ir asentándose durante 2025. No permitiremos que esta mesa de diálogo sea una mesa dilatoria.»

Pérez-Rey convocó otra reunión para el próximo lunes, solicitando a la patronal que envíe sus propuestas antes del fin de semana.

UGT: «Podríamos Cerrar un Acuerdo con la Patronal»

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, expresó en el programa 24 horas de RNE la necesidad de llegar a un acuerdo con la patronal para asegurar soporte parlamentario. Destacó la importancia de controlar la jornada laboral sobre las horas extra y reconoció que la negociación con la CEOE ha sido lenta y sin propuestas claras.

Álvarez enfatizó que la reducción de jornada afectará principalmente al sector servicios, como el comercio y la hostelería, mientras que otros sectores no verán grandes cambios. También comentó sobre la situación de los autónomos, mencionando la dificultad de igualar las condiciones con aquellos que no han cotizado más.

Multas de Hasta 10.000 Euros por Trabajador

El borrador propone multas de hasta 10.000 euros por trabajador para las empresas que incumplan el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima. Esto endurece las sanciones actuales, con multas por cada trabajador afectado y un aumento de las sanciones máximas de 7.500 a 10.000 euros.

Las infracciones se sancionarán con multas de 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, 2.001 a 5.000 euros en su grado medio, y 5.001 a 10.000 euros en su grado máximo.

El nuevo registro horario será digital y accesible de forma remota para la inspección, garantizando la objetividad, fiabilidad y accesibilidad de los datos. Las empresas deberán conservar los registros durante cuatro años.

Contrato a Tiempo Parcial: Subida Proporcional del Salario

El documento establece que los contratos a tiempo parcial de 38,5 horas semanales en 2024 o 37,5 horas en 2025 se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo. Los trabajadores a tiempo parcial seguirán realizando el mismo número de horas con un incremento proporcional de su salario.

Además, se mantendrán los umbrales legales exigibles a las reducciones de jornada hasta el 31 de diciembre de 2025. Las solicitudes de mantener el porcentaje de parcialidad deberán ser valoradas por la empresa y cualquier denegación debe ser motivada por escrito.

Mesa de Diálogo para Avanzar en la Reducción de Jornada

El Gobierno revisará en 18 meses la normativa sobre jornadas especiales de trabajo y creará una mesa de diálogo social para evaluar los resultados de la reducción de jornada y seguir avanzando en este ámbito.

PP: «Imponer» la Reducción de Jornada «Será una Filfa»

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, criticó al Gobierno por intentar imponer la reducción de jornada sin contar con los empresarios, advirtiendo que esto llevará a la «frustración». Sémper pidió al Gobierno «rigor» y «seriedad» en este asunto, subrayando la necesidad de más y mejor trabajo en España.

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La UCO detiene a seis personas por el caso Koldo: entre ellas, la pareja de Ábalos y Cristian Corvillo

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La Audiencia Nacional ordena los arrestos en una nueva pieza secreta de la investigación que dirige el juez Ismael Moreno, con actuaciones en Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves a seis personas en el marco de una nueva operación del caso Koldo. Entre los arrestados se encuentran Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y Cristian Corvillo, señalado por el PP como antiguo chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017.

Las detenciones han sido ordenadas por la Audiencia Nacional para tomar declaración a los implicados en una nueva pieza separada y secreta del caso Koldo, que instruye el magistrado Ismael Moreno. El operativo se ha desarrollado en cuatro ciudades: Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla.

La nueva actuación policial se produce después de que el juez recibiera un informe de la UCO y acordara la apertura de esta pieza separada. Por el momento, el contenido del documento y los hechos concretos que se investigan permanecen bajo secreto judicial.

Andrea de la Torre, detenida tras el registro de la casa de Ábalos en Valencia

Uno de los principales escenarios del operativo ha sido el domicilio de José Luis Ábalos en Valencia. Los agentes de la UCO se han personado en la vivienda del exministro, donde se encontraba Andrea de la Torre, su pareja.

La mujer ha sido detenida después de ser interrogada por los investigadores en presencia de un abogado. La actuación se enmarca en las diligencias ordenadas por el juez Ismael Moreno dentro de esta nueva línea de investigación.

El registro de la vivienda valenciana forma parte del despliegue policial que también ha incluido actuaciones en otros puntos de España. La Guardia Civil ha acudido, además, a la sede de Adif para requerir documentación relacionada con las pesquisas. Desde la empresa pública han trasladado su colaboración con los investigadores y que han facilitado la información solicitada.

Cristian Corvillo, otro de los detenidos en la operación

Entre las seis personas afectadas por las detenciones figura también Cristian Corvillo, arrestado en Córdoba. Su nombre ha adquirido relevancia por su relación anterior con el entorno político de Pedro Sánchez y por sus vínculos empresariales con personas investigadas en el caso Koldo.

El PP lo ha señalado como antiguo chófer de Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017. Sin embargo, el Gobierno ha negado que Corvillo fuera conductor del actual presidente, tanto del partido como del Ejecutivo.

Corvillo ya compareció el pasado 3 de septiembre ante el juez Santiago Pedraz como testigo en la investigación del denominado caso hidrocarburos. Durante su declaración reconoció haberse reunido con José Luis Ábalos para tratar asuntos relacionados con el PSOE y explicó que en algunos de esos encuentros también estuvo presente Koldo García.

Asimismo, admitió que tanto él como su hermano Rubén habían mantenido una vinculación empresarial con Víctor de Aldama, aunque aseguró que los negocios que intentaron desarrollar no llegaron a materializarse.

Su nombre también ha aparecido en las pesquisas relacionadas con la operación inmobiliaria de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz), una vivienda que los investigadores relacionaron con el entorno del exministro.

Una nueva pieza secreta sobre presuntas irregularidades en obra pública

La operación de este jueves se enmarca en una nueva fase del caso Koldo, una investigación que comenzó con los presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia y que posteriormente se amplió a otras posibles irregularidades.

La nueva pieza separada está relacionada con la rama que investiga presuntas mordidas y adjudicaciones irregulares de obra pública. El juez Ismael Moreno decidió abrirla después de recibir un nuevo informe elaborado por la UCO.

La investigación permanece bajo secreto, por lo que todavía no se conocen todos los detalles de los hechos que han motivado las seis detenciones ni el papel que podría atribuirse a cada una de las personas afectadas.

Con los registros en Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla y el requerimiento de información a Adif, la Guardia Civil continúa ampliando las diligencias sobre una de las principales causas judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación pública.

La operación supone un nuevo episodio del caso Koldo y vuelve a situar en el foco al entorno del exministro José Luis Ábalos, mientras la Audiencia Nacional mantiene abiertas distintas líneas de investigación sobre posibles amaños en contratos públicos.

 

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