Bárbara Rey, de 73 años, nacida en Totana, Región de Murcia, fue elegida en 1979 como imagen de la nueva ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En aquel entonces, en el anuncio, la actriz y exvedete instaba a los ciudadanos españoles a presentar su declaración de impuestos y a no defraudar a Hacienda.

La Fiscalía pide 3 años de prisión para Bárbara Rey

En sus propias palabras frente a la cámara: «No se puede ser feliz engañando, por eso Ángel [Cristo] y yo siempre decimos la verdad, también a Hacienda». Sin embargo, han pasado cuatro décadas y ahora es ella quien se encuentra en la Audiencia Provincial de Madrid, acusada de presunto alzamiento de bienes. Además de Bárbara Rey, sus dos hijos, Sofía Cristo y Ángel Cristo, así como una hermana de Rey y otras tres personas, también están acusados.

La Fiscalía solicita una pena de tres años y medio de prisión para Bárbara Rey, acusada de manipular su patrimonio para evitar el pago de una deuda de más de 140.000 euros con la Agencia Tributaria. Para sus hijos y su hermana, el fiscal pide una condena de dos años y seis meses de cárcel.

Juicio pospuesto

El juicio, que inicialmente estaba programado para el próximo lunes, 19 de junio, se ha pospuesto debido a que uno de los tres acusados, cuyo nombre no ha trascendido, se encuentra en paradero desconocido. Cuando llegue el día del juicio, en el banquillo de los acusados acompañarán a Bárbara Rey familiares y amigos que, según la acusación, la ayudaron a deshacerse de sus activos para eludir el pago de la deuda, lo que habría generado una «situación de indefensión económica».

Los acontecimientos se remontan al 10 de mayo de 2011, cuando la Agencia Tributaria inició una inspección relacionada con el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a los períodos fiscales comprendidos entre 2006 y 2008. Un año después, se inició la investigación de los dos años fiscales, con cantidades de 135.031,21 euros en 2006 y 131.568,98 euros en el ejercicio 2007/2008.

Las actas resultantes de dicha investigación fueron notificadas a Bárbara Rey el 12 de febrero de 2013, otorgándole un plazo de más de un mes para que abonara voluntariamente el dinero. Ante la falta de respuesta por parte de la actriz, el 18 de julio de ese mismo año se emitieron dos acuerdos de imposición de sanciones, también notificados a ella: 51.496,62 euros y 60.675,47 euros, respectivamente. En total, Hacienda le reclamaba una multa de más de 110.000 euros, que nunca fue abonada.