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Ribó: «Estamos abiertos a una tasa turística flexible»

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“El Ayuntamiento de València estudiará la denominada tasa turística, que tendría que destinarse para promocionar el turismo sostenible y subsanar el incremento de algunos gastos que generan los y las turistas, como por ejemplo, los de limpieza”. Así se ha expresado el alcalde Joan Ribó, que ha añadido que “tendríamos que plantearnos este pago con flexibilidad, porque no es lo mismo un municipio del interior que otro del litoral, o un barrio que otro. Y también hay que diferenciar entre un apartamento turístico o un hotel, donde se generan puestos de trabajo”.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha hecho esta reflexión sobre la propuesta de implantar una “tasa turística” en la Comunidad Valenciana ante las preguntas de los periodistas, al concluir la firma del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

“La tasa turística es un asunto que tenemos que ir trabajando”, ha explicado al asegurar “que la Generalitat tiene que establecer las órdenes correspondientes porque los diferentes municipios puedan desarrollarla o no, según sus intereses”. “No es lo mismo València que Canet de Berenguer, o Benidorm; el turismo no es el mismo y por lo tanto la aplicación de esta tasa se puede plantear de maneras diferentes”, ha aclarado.

Por otro lado, el alcalde ha indicado “que hay que hablar con todo el sector, y llegar a acuerdos desde posiciones consensuadas, a pesar de que no es el mismo un apartamento turístico que un hotel, pues que en un hotel se consume más, y también se generan mucho más puestos de trabajo que un apartamento turístico”

En cuanto al destino de esa tasa, Joan Ribó ha considerado “que una parte importante tiene que contribuir a la promoción del turismo, siempre pensando en una sostenibilidad, que tiene que implicar un equilibrio y no un crecimiento indefinido, y un otra parte para subsanar los gastos generados por el turismo”.

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La Audiencia Nacional rechaza suspender el campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta

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La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de suspensión cautelarísima presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la instalación de un campamento de acogida para inmigrantes en el Puerto de Ceuta.

La decisión judicial permite al Gobierno continuar con la puesta en marcha del recinto, destinado a atender a las personas que llegaron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva registrada a finales de julio.

El SUP había solicitado que se paralizara de forma inmediata la instalación al considerar que existían problemas relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos para los agentes. La Audiencia Nacional ha rechazado esta medida cautelarísima, aunque el fondo del recurso presentado por el sindicato todavía deberá resolverse.

Un campamento de 16.000 metros cuadrados

El recinto previsto en el Puerto de Ceuta ocupa alrededor de 16.000 metros cuadrados y está planteado como una solución temporal para aliviar la situación de acogida en la ciudad autónoma.

Según la información publicada sobre el proyecto, el espacio permitirá trasladar a parte de los inmigrantes que permanecen actualmente en otros puntos de Ceuta. Algunas fuentes sitúan en alrededor de 1.800 personas el colectivo que estaba previsto trasladar al campamento.

La resolución de la Audiencia Nacional permite continuar con el operativo mientras se tramita el procedimiento judicial. El Gobierno sostiene que el recinto dispone de las condiciones necesarias y que se adoptarán las medidas de seguridad correspondientes.

El recurso del Sindicato Unificado de Policía

El Sindicato Unificado de Policía recurrió la decisión de utilizar terrenos del puerto para instalar el campamento y pidió a la Audiencia Nacional que frenara su puesta en funcionamiento.

La organización policial había planteado sus objeciones principalmente por cuestiones de seguridad y prevención de riesgos. La decisión conocida este jueves no supone, sin embargo, que la Audiencia Nacional haya resuelto definitivamente el recurso: únicamente rechaza la suspensión cautelarísima solicitada por el SUP.

De esta forma, el Gobierno puede continuar con la instalación del campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta, a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto.

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