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Sube de 25 a 40 años la pena efectiva a los autores del crimen del cementerio de Torrent

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tiroteo cementerio torrent

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha elevado el límite máximo de cumplimiento de la pena de prisión de 25 a 40 años para los condenados por matar a tiros a dos hombres y herir a otro en el cementerio de Torrent.

Según informa el alto tribunal valenciano, la Sala ha estimado en su mayor parte un recurso de apelación de la Fiscalía y ha fijado en 40 años el máximo de cumplimiento efectivo de las penas impuestas a un matrimonio y su hijo por asesinar a tiros dos hombres y herir a otro en el cementerio de Torrent (Valencia) el 1 de noviembre de 2021.

La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, revoca parcialmente la dictada en diciembre del pasado año por la Audiencia Provincial de Valencia tras la celebración de juicio con jurado popular.

La Audiencia impuso entonces a uno de los acusados y a su madre, como autores de dos delitos de asesinato consumados y otro intentado sendas penas de 49 años y medio de cárcel, con un límite máximo de cumplimiento efectivo de 25 años.

Por el contrario, impuso 21 años al padre y marido, respectivamente, de los anteriores, por considerarlo en su caso cómplice y no coautor de esos delitos de asesinato. En los tres casos, las penas incluían también las correspondientes a un delito de tenencia ilícita de armas.

La sentencia de apelación emitida ahora confirma los 49 años y medio de cárcel para el hijo, quien efectuó materialmente los disparos, pero rebaja hasta los 45 años y 6 meses la condena a su madre y eleva de 21 a 45 años la del padre, al considerarlo coautor y no mero cómplice de los asesinatos.

Además, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV corrige la sentencia de instancia por apreciar un error en la aplicación del artículo 76 del Código Penal y establece en 40 años, en lugar de los 25 fijados por la Audiencia, el máximo de cumplimiento efectivo de las penas de prisión para todos los condenados.

Respecto a las indemnizaciones para las víctimas y sus familiares, el importe total, cercano a los 568.000 euros, se mantiene por el TSJCV, con la salvedad de declarar la responsabilidad civil conjunta y solidaria para los tres condenados.

Tal y como se ha declarado probado, los hechos ocurrieron sobre las 10 horas del Día de Todos los Santos de 2021, cuando el matrimonio y su hijo se encontraron en el camposanto con otra familia que a su vez tenía parientes lejanos con los que ellos habían tenido conflictos en el pasado.

Los acusados comenzaron a chillarles y a proferir expresiones amenazantes para que se marcharan del lugar e incluso les llegaron a golpear con sillas y palos.

En un momento dado, la mujer ahora condenada sacó un arma de fuego que llevaba oculta en un delantal y se la entregó a su marido para que disparara contra la otra familia.

El hombre no llegó a efectuar ningún tiro porque el arma se le cayó al suelo, pero su esposa la recogió y se la dio entonces a su hijo. Fue este último quien disparó finalmente a las víctimas, las cuales se encontraban desarmadas y sin posibilidad alguna de protegerse.

Una de las balas causó la muerte de un miembro de la familia rival y una segunda provocó lesiones en una pierna a otro. Además, un tercer proyectil alcanzó a un hombre ajeno al altercado, que estaba en las proximidades visitando la tumba de su esposa, causándole la muerte.

 

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EFE/ Juan Carlos Cárdenas

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Desahucian en Valencia a una familia con dos menores y una anciana enferma en La Malvarrosa

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El lanzamiento se ha ejecutado por orden judicial después de una sentencia de octubre de 2024 por el impago de 5.300 euros de alquiler; el Sindicat d’Habitatge denuncia que la familia no tiene alternativa habitacional

Una familia formada por una pareja, sus dos hijas de 6 y 16 años y una mujer mayor con problemas de salud ha sido desahuciada este lunes de la vivienda en la que residía en el barrio valenciano de La Malvarrosa. El lanzamiento se ha llevado a cabo por orden judicial, después de que el juzgado dictara una sentencia en octubre de 2024 por el impago de las rentas del alquiler.

El desahucio ha generado protestas y concentraciones de miembros del Sindicat d’Habitatge de València, que denuncia la situación de vulnerabilidad de los afectados y asegura que no disponen de una alternativa habitacional.

La familia llevaba viviendo de alquiler en el barrio desde 2008. Según el sindicato, los problemas económicos comenzaron después de que la madre de uno de los adultos enfermara de cáncer y este perdiera su empleo, lo que provocó dificultades para seguir pagando el alquiler.

Una sentencia por 5.300 euros de alquiler impagado

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de València estimó el 29 de octubre de 2024 la demanda presentada por la propietaria del inmueble y acordó resolver el contrato de arrendamiento.

La resolución judicial consideró acreditado el impago de las rentas y condenó al arrendatario a abonar 5.300 euros a la propietaria. También le advirtió de que, si no abandonaba la vivienda dentro del plazo legal, se procedería al lanzamiento.

Días antes, el 23 de octubre de 2024, el juzgado ya había rechazado suspender el procedimiento porque consideró que no se había aportado la documentación necesaria para acreditar las circunstancias alegadas por el demandado.

El juzgado rechazó suspender el lanzamiento

La ejecución del desahucio se encontraba pendiente y el pasado 28 de octubre de 2026 el juzgado dictó un nuevo auto en el que rechazaba suspender el lanzamiento.

La parte afectada había solicitado el 15 de octubre la suspensión provisional del desahucio y la aplicación de medidas extraordinarias, alegando una situación de vulnerabilidad económica.

Sin embargo, el magistrado consideró que el informe presentado tenía un valor probatorio muy escaso porque estaba elaborado a partir de las manifestaciones de quien solicitaba la suspensión y no aportaba suficiente acreditación documental.

El juez entendió que la petición pretendía dilatar la ejecución de una sentencia firme y recordó que los ciudadanos, además de derechos, tienen obligaciones que deben cumplir.

Contra ese auto se ha presentado un recurso de reposición, aunque este no tiene efectos suspensivos y, por tanto, no impedía ejecutar el lanzamiento.

El sindicato denuncia la situación de vulnerabilidad de la familia

Desde el Sindicat d’Habitatge de València han lamentado el desalojo y aseguran que la familia no cuenta con una alternativa habitacional.

Según la versión de esta organización, los afectados llevaban residiendo en la vivienda desde 2008 sin problemas hasta que la enfermedad de la madre de uno de ellos y la pérdida del empleo alteraron su situación económica.

El sindicato sostiene que la propiedad ofreció renovar el contrato con una subida del alquiler, una opción que la familia no podía asumir debido a sus circunstancias personales y a las necesidades de cuidados de la mujer mayor y las dos menores.

La organización también ha explicado que el jueves anterior consiguió detener un primer intento de lanzamiento mediante una concentración de unas 30 personas frente al inmueble.

La Policía desplegó un dispositivo desde primera hora

Este lunes, la Policía volvió a desplegar un dispositivo en el barrio desde las seis de la mañana para garantizar la ejecución del desahucio.

El Sindicat d’Habitatge asegura que había aportado dos informes de vulnerabilidad y considera que el lanzamiento no debía haberse producido por la aplicación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre.

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