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Eduardo Zaplana, a la cárcel
Publicado
hace 8 añosen
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de València encargada de la investigación del caso Erial, en el que está envuelto el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha decidido enviarlo a prisión sin fianza. Horas antes había sido la Fiscalía Anticorrupción la encargada de solicitar el envío de Zaplana a la cárcel, sin posibilidad alguna de que este pudiera evitarla gracias al pago de una fianza. Los abogados del también exministro han abandonado la Ciutat de la Justícia sin su defendido, que entrará en el penitenciario de Picassent, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.
Para los empresarios José y Vicente Cotino, sobrinos del expresidente de Les Corts, Juan Cotino, la jueza ha acordado libertad con cargos y obligación de comparecencia semanal en el juzgado para firmar, según fuentes conocedoras de la decisión.
Los detenidos se han acogido a su derecho a no declarar ante la instructora, en un caso sobre el que se mantiene el secreto de las actuaciones. Tampoco lo han hecho ante la Guardia Civil, ni ellos ni las personas citadas como investigadas, entre ellas, Juan Cotino.
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.
Zaplana, que fue detenido por haber cometido presuntamente cohecho y blanqueo de capitales, ha sido trasladado esta mañana a la Comandancia de València de la Guardia Civil, tras los registros llevados a cabo en viviendas y despachos de la ciudad, y también en Benidorm y Madrid. Poco después, la Ciutat de la Justícia ha sido su siguiente parada.
DECLARACIONES EN COMANDANCIA Y JUZGADOS
La jornada ha comenzado a primera hora de este jueves con el traslado de Zaplana desde la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), donde pasó la noche, a la de Patraix, en València, donde ha llegado poco antes de las 10.15 horas. En el interior de las dependencias de la Benemérita se encontraban ya varios arrestados, entre ellos José Cotino –sobrino del expresidente de Les Corts, Juan Cotino–, Joaquín Barceló Llorens, exdirectivo del parque temático Terra Mítica, y la mujer de este último.
También ha pasado por las instalaciones de la Benemérita en València el expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino, que ha declarado como investigado policialmente por estos hechos y que a su salida ha explicado a los medios que la causa está bajo secreto de sumario. «Y cuando se abra, lo sabremos todo», ha aseverado.
Hacia las 12.25 horas, un vehículo gris conducido por agentes de la Guardia Civil ha abandonado la Comandancia de Patraix con Eduardo Zaplana a bordo para trasladarle a la Ciudad de la Justicia de València, donde ha llegado apenas diez minutos más tarde. De igual modo, hacia las 15.00 horas han sido trasladados el resto de detenidos.
A partir de ese momento han comenzado a hacer aparición en los juzgados valencianos los abogados de los implicados en esta ‘Operación Erial’, entre ellos Juan Carlos Navarro, letrado del expresidente de Les Corts Juan Cotino y que también defiende al considerado ‘cabecilla’ de la trama Gürtel, Francisco Correa. Navarro ha señalado ante los periodistas que no podía hacer declaraciones sobre esta causa porque «hay secreto de sumario y orden expresa de no contar nada».
Otro de los letrados que ha atendido a los numerosos medios presentes en la Ciudad de la Justicia ha sido Manuel Quijano, que defiende a José Cotino. Sobre su cliente, ha explicado que se ha decretado libertad sin fianza tras negarse a prestar declaración a consejo del abogado y mientras permanezca el secreto de sumario.
Más tarde, Quijano ha regresado a las intalaciones judiciales a entregar el pasaporte de José Cotino, sobrino de Juan Cotino, y ha indicado que su defendido tendrá que comparecer semanalmente ante la jueza. Además, se ha mostrado conforme con la puesta en libertad de su cliente: «Evidentemente cuando una persona no ingresa en prisión está satisfecha, pero cuando se destape toda la causa veremos qué es lo que hay».
Otro de los sobrinos de Juan Cotino, Vicente, ha sido el último en abandonar los juzgados valencianos cerca de las 17.30 horas de este jueves y únicamente ha confirmado que ha quedado en libertad. «Por algo estoy aquí (en la calle)», ha afirmado ante las preguntas de los periodistas sobre este extremo.
A estas horas, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, todavía no ha abandonado la Ciudad de la Justicia, desde donde debe ser trasladado a la prisión de Picassent tras acordar la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València su encarcelación provisional, comunicada y sin fianza.
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Qué es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y qué hace: el desahucio de Maricarmen como ejemplo
Publicado
hace 7 horasen
25 septiembre, 2026
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que llevaba alrededor de 70 años viviendo en Madrid, ha colocado en primera línea a una organización que en los últimos años ha ganado presencia en el debate sobre la vivienda: el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Tras la ejecución del desahucio, la organización convocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, para denunciar el lanzamiento y reclamar nuevas medidas de protección para las personas que viven de alquiler.
Pero ¿qué es exactamente un sindicato de inquilinos, quién puede formar parte de él y qué hace cuando una persona tiene problemas con su casero?
¿Qué es un Sindicato de Inquilinos e Inquilinas?
Un sindicato de inquilinos es una organización formada por personas que viven de alquiler y que se organizan colectivamente para defender sus intereses como arrendatarias.
Su objetivo declarado es defender el acceso a una vivienda digna, estable y asequible y actuar ante problemas como las subidas de alquiler, los conflictos con propietarios, las dificultades para renovar contratos o los procedimientos de desahucio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid explica que nació en mayo de 2017, cuando un grupo de vecinos decidió organizarse para defender de manera colectiva el derecho a una vivienda digna y segura. Actualmente afirma contar con más de 4.000 personas y trabajar mediante nodos territoriales y comisiones.
No se trata, por tanto, de una administración pública ni de un organismo judicial. Es una organización social y sindical que representa y organiza a personas que viven de alquiler.
¿Qué reclama un sindicato de inquilinos?
Las reivindicaciones pueden variar entre organizaciones, pero entre las cuestiones que aparecen habitualmente se encuentran:
- Frenar o limitar las subidas de los alquileres.
- Conseguir contratos de alquiler más estables.
- Defender a los inquilinos ante conflictos con los propietarios.
- Evitar desahucios cuando existen situaciones de vulnerabilidad.
- Reclamar un parque público de vivienda mayor.
- Denunciar situaciones que consideran abusivas en el mercado del alquiler.
- Organizar a los vecinos de un mismo edificio o barrio ante problemas comunes.
- Presionar a las administraciones para modificar las políticas de vivienda.
El movimiento de sindicatos de inquilinos se define como una organización de base formada por personas que viven de alquiler y señala entre sus principales objetivos enfrentarse a las subidas de las rentas, los abusos de grandes propietarios y la precarización residencial.
¿Qué puede hacer un sindicato de inquilinos ante un desahucio?
Una de sus principales funciones es acompañar y organizar a los afectados cuando reciben una demanda, una orden de lanzamiento o se enfrentan a un conflicto con el propietario.
El sindicato puede proporcionar información sobre el procedimiento, poner al afectado en contacto con asesoramiento jurídico, organizar redes de apoyo y movilizar a otras personas para intentar negociar una solución.
También puede realizar campañas públicas, concentraciones o acciones ante las administraciones.
En algunos casos, estos colectivos intentan negociar directamente con la propiedad para conseguir una prórroga del contrato, una reducción de la renta, un alquiler social u otra alternativa que permita evitar el lanzamiento.
Es importante diferenciar esta actividad de la actuación de los tribunales: un sindicato no puede anular por sí mismo una orden judicial de desahucio. Las posibilidades legales dependen de cada procedimiento y de las resoluciones dictadas por los juzgados.
El caso de Maricarmen: el ejemplo que ha provocado las movilizaciones
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la actividad del movimiento de inquilinos.
La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de siete décadas viviendo en la vivienda de Madrid. El conflicto se prolongó durante años y terminó en los tribunales.
La vivienda estaba sometida a un régimen de renta antigua y el litigio se centró, entre otras cuestiones, en las condiciones de la subrogación del contrato y en el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el inmueble.
Finalmente, después de varios aplazamientos, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas intentó movilizar apoyos para evitar el desahucio y, una vez ejecutado, convocó concentraciones de urgencia en una docena de ciudades.
¿Por qué el caso de Maricarmen es tan importante para el sindicato?
Para el movimiento de inquilinos, Maricarmen representa un problema más amplio: el de las personas que, pese a llevar muchos años viviendo en una vivienda, pueden terminar perdiéndola cuando cambia la situación contractual o económica.
La organización sostiene que el desahucio podría haberse evitado mediante cambios legislativos y reclama al Gobierno nuevas medidas de protección.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha utilizado el caso para reclamar el desbloqueo de medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades.
El sindicato también actúa antes de llegar al desahucio
El trabajo de estas organizaciones no se limita a los lanzamientos.
En el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, la estructura se organiza territorialmente mediante nodos abiertos a las personas que quieran participar y diferentes comisiones de trabajo. La organización explica que uno de sus objetivos es que los problemas individuales puedan convertirse en conflictos colectivos.
Esto permite que varios vecinos de un mismo edificio puedan organizarse conjuntamente cuando existen problemas relacionados con el alquiler.
También pueden intervenir ante situaciones como:
Una subida del alquiler: el sindicato puede asesorar al inquilino sobre sus derechos y ayudarle a negociar.
Un problema con la renovación: puede acompañar al arrendatario durante las conversaciones con la propiedad.
Un conflicto con un gran propietario: los afectados pueden organizarse colectivamente cuando varias viviendas de un mismo edificio están en una situación similar.
Un procedimiento de desahucio: el sindicato puede informar sobre el proceso, buscar alternativas y organizar movilizaciones para reclamar una solución.
Sindicatos de inquilinos en diferentes ciudades
No existe un único sindicato que agrupe a todos los inquilinos de España. Existen organizaciones territoriales diferentes que comparten buena parte de sus reivindicaciones y que en los últimos años han impulsado estructuras de coordinación.
Entre ellas se encuentran el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, organizaciones de Málaga, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Guadalajara y otras ciudades y territorios.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sirve como espacio de coordinación para diferentes organizaciones del movimiento.
Precisamente esta estructura fue la que permitió convocar movilizaciones simultáneas después del desahucio de Maricarmen. Las primeras protestas se organizaron en doce ciudades y posteriormente se anunciaron nuevas concentraciones en más puntos de España.
De un problema individual a una movilización colectiva
Esta es precisamente una de las características fundamentales de los sindicatos de inquilinos: intentar que un conflicto que afecta a una persona pueda convertirse en una reivindicación colectiva.
En el caso de Maricarmen, el desahucio dejó de ser únicamente un procedimiento judicial concreto y se convirtió en el detonante de movilizaciones en distintas ciudades.
En València, decenas de personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para mostrar su apoyo a Maricarmen y reclamar medidas en materia de vivienda.
En Alicante, el movimiento de vivienda también organizó una concentración y vinculó el caso con la situación de las familias que tienen dificultades para afrontar los alquileres.
Las organizaciones sostienen que el problema no afecta únicamente a Maricarmen, sino que forma parte de un conflicto más amplio sobre el precio de la vivienda y la protección de los inquilinos.
¿Puede un sindicato impedir legalmente un desahucio?
No por sí mismo.
Un sindicato puede negociar, asesorar, acompañar, movilizar y reclamar medidas ante las administraciones, pero la suspensión o paralización de un lanzamiento depende de las decisiones judiciales y de las circunstancias que establezca la legislación.
En determinados procedimientos existen mecanismos para acreditar una situación de vulnerabilidad, solicitar medidas de protección o plantear alternativas habitacionales. La posibilidad concreta de suspender un lanzamiento depende del caso y de los requisitos legales aplicables.
Por eso, ante una notificación judicial, los sindicatos recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo capítulo
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda donde había vivido durante décadas ha convertido su caso en un símbolo para el movimiento de inquilinos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que continuará movilizándose y ha utilizado el caso para reclamar cambios en la legislación de vivienda.
Así, el desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en un ejemplo de cómo funcionan los sindicatos de inquilinos y de qué manera intentan transformar un conflicto individual entre propietario e inquilino en una reivindicación colectiva sobre el acceso a la vivienda.
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